Desmantelan red de tráfico de migrantes que usaba como fachada una agencia turística que organizaba viajes al Golfo de Urabá

Desde la Fiscalía General de la Nación se confirmó la desarticulación de una estructura ilegal señalada de facilitar el tráfico de migrantes y de haber realizado operaciones de lavado de activos por más de 100.000 millones de pesos.

De acuerdo con los voceros del ente de control, la organización habría coordinado la salida irregular de más de 800.000 ciudadanos extranjeros por el Golfo de Urabá y habría ocultando las ganancias ilícitas mediante maniobras comerciales y financieras.

El modus operandi de la red involucró el uso de las redes sociales, en las que sus integrantes promocionaban supuestos paquetes turísticos con destino al Golfo de Urabá. Con estas publicaciones captaron extranjeros y coordinaron su salida ilegal por las costas de Necoclí, en el departamento de Antioquia, y desde los municipios de Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó, con rumbo a Centroamérica.

Los migrantes trasladados provenían de numerosos países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China; nacionalidades que, además, permitirían establecer nuevas hipótesis sobre los flujos migratorios con destino en Estados Unidos.

Los millonarios recursos que manejaba la red

Las investigaciones fueron realizadas por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que identificaron que los ingresos de esta red eran superiores a los 100.000 millones de pesos en el sistema financiero formal.

De estos fondos, una sección importante se habría recaudado durante la pandemia, periodo en el que las actividades turísticas estaban suspendidas. Según el reporte de la Fiscalía, los recursos obtenidos por el tráfico de migrantes circularon principalmente en efectivo y a través de empresas de transporte marítimo y fluvial constituidas como fachadas.

La organización también recurrió a la compra de bienes muebles e inmuebles y a transferencias fragmentadas en pequeños montos, conocidas como “pitufeo”, para blanquear las ganancias y dificultar su rastreo.

Tras la intervención de las autoridades, se logró la captura de nueve presuntos integrantes de la red, detenidos durante diligencias en Necoclí, Apartadó y Medellín. En el momento de las operaciones policiales, estas personas figuraban como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades legalmente constituidas, utilizadas para encubrir la operación de traslado de migrantes y el flujo del dinero, según señalaron los portavoces de la institución.

Durante los allanamientos se recolectaron 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas, información contable y financiera, documentos sobre la titularidad de embarcaciones, nueve computadores, un disco duro y once teléfonos celulares.

Además, se ocupó, con fines de comiso, un inmueble en Apartadó y se identificaron 25 cuentas bancarias para las que se solicitará la imposición de medidas cautelares, presuntamente empleadas para canalizar los recursos ilícitos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los capturados ante un juez de control de garantías. Se les imputó, según su posible grado de participación, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, informaron los voceros oficiales de la Fiscalía.

Este operativo se sumó a otro en marzo de 2026, cuando las autoridades también confirmaron la desarticulación de una red internacional que facilitaba documentos y el tránsito irregular de migrantes por el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Tres funcionarios de Migración Colombia y un agente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron enviados a prisión tras ser señalados de permitir la entrada y salida de ciudadanos de China, México y Vietnam sin cumplir los controles migratorios.

Según la investigación, los implicados aprovechaban su experiencia y cargos en la principal terminal aérea del país para omitir o manipular los registros oficiales. Entre las prácticas detectadas se encuentra el uso de pasaportes ajenos y el diligenciamiento de información falsa en los sistemas institucionales.