Un juez de control de garantías ordenó el encarcelamiento de Mariela Isabel Garnot Mena y Yennys del Carmen Gaviria Cañaveral, señaladas por la Fiscalía General de la Nación de integrar la Subestructura San Juan del Clan del Golfo y de estar vinculadas al reclutamiento de personas en varios municipios de Chocó.
De acuerdo con las autoridades, ambas mujeres desempeñaban funciones clave dentro del grupo armado ilegal, enfocadas en identificar y captar individuos para sumarlos a esa organización criminal.
Las investigaciones establecieron que Garnot Mena asumía un papel central en el proceso, encargándose de coordinar el transporte y mantener comunicación directa con los cabecillas.
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El fiscal del caso precisó que Garnot Mena gestionaba el traslado y contacto con los mandos, además de organizar las rutas para incorporar a los nuevos integrantes.
Según el expediente, la acusada facilitaba la movilidad de jóvenes principalmente desde Montería y Medellín hacia Chocó, además de encargarse de la financiación de pasajes y coordinar con otros reclutadores. “El objetivo era ubicar, convencer y trasladar jóvenes desde diferentes regiones del país para integrarlos a la estructura armada ilegal”, explicó el fiscal.
En cuanto a Gaviria Cañaveral, la Fiscalía detalló que ejercía labores de identificación y persuasión de jóvenes en municipios de Chocó y Córdoba. Las autoridades afirmaron que su influencia en Montería permitía ampliar el radio de captación de posibles reclutas.
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Durante los procedimientos, se incautaron prendas con características similares a las de la Fuerza Pública, elemento que, según los fiscales, evidencia la sofisticación de las estrategias empleadas por la organización criminal para facilitar el traslado y ocultar la verdadera identidad de los integrantes.
Tras la detención, las autoridades judiciales imputaron a Garnot Mena y Gaviria Cañaveral los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Por último, la Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso en la lucha contra el reclutamiento forzado y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en la región.
Cauca concentró casi la mitad de los casos de reclutamiento infantil por grupos armados en 2025
Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo señaló al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas Farc bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, como el grupo armado con mayor responsabilidad en el reclutamiento forzado de menores en Colombia durante 2025.
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De acuerdo con el estudio citado por El Espectador, el EMC estuvo vinculado al 43,4% de los 325 casos identificados a lo largo del año, con un impacto especialmente marcado en el departamento del Cauca y una incidencia significativa sobre comunidades indígenas.
Del total de hechos reportados, 141 se atribuyen al EMC, seguido de organizaciones sin identificar (19,4%), disidencias no especificadas (12,6%) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), responsable del 9,5%.
Otros grupos armados, como el Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) y la Segunda Marquetalia, concentraron el 6,5%, 5,5% y 2,5% de los registros, respectivamente.
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El documento resaltó que la mayor parte de los casos se concentra en Cauca, donde se notificaron 156 víctimas, cifra que representó casi la mitad de los episodios nacionales.
Los departamentos de Antioquia (26), Chocó (22), Huila (16), Nariño (14), Valle del Cauca y Norte de Santander (11 casos cada uno) también aparecen entre las zonas con mayor número de menores afectados.
Esta distribución territorial evidenció la relación entre la presencia de grupos armados ilegales y la vulnerabilidad de la niñez en regiones atravesadas por el conflicto.
La Defensoría del Pueblo advirtió un patrón diferencial en la afectación: el 56% de las víctimas pertenece a pueblos indígenas, el 38% a menores sin reconocimiento étnico y el 6% a comunidades afrocolombianas.
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En cuanto al género, el 58% de los casos correspondieron a niños y adolescentes varones, mientras que el 42% eran niñas y adolescentes. El informe subrayó que, pese a los procesos de paz en curso, el reclutamiento forzado persistió como una práctica sistemática en áreas de alta conflictividad.
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