
La situación de Tomás Andrés Mesa Torres, un niño de nueve años residente en la zona rural del municipio de Yolombó, Antioquia, ha despertado preocupación y solidaridad tras la denuncia pública de su familia.
El menor, que recibió un trasplante de riñón cuando apenas era un bebé, enfrenta desde hace nueve meses la interrupción en la entrega de medicamentos esenciales por parte de la Nueva EPS, lo que pone en riesgo su vida y la viabilidad del órgano trasplantado.
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Durante los primeros años después de la cirugía, Tomás pudo mantener una vida estable y su familia observó una evolución favorable. Sin embargo, desde hace casi un año comenzaron las dificultades para acceder a los fármacos inmunosupresores que necesita de manera diaria para prevenir el rechazo del riñón. Entre los medicamentos que el menor debe consumir se encuentran el tacrolimus XL y el micofenolato, ambos fundamentales para garantizar la permanencia y el buen funcionamiento del órgano trasplantado.

Ante la falta de respuesta por parte de la aseguradora, los familiares han tenido que asumir el costo total del tratamiento, que asciende a cerca de 1,5 millones de pesos mensuales, una suma insostenible para una familia de bajos recursos que vive en una zona apartada del departamento.
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Mabely Torres, tía de Tomás, relató a Blu Radio: “Nueva EPS le está negando el tacrolimus XL, que se toma 4 miligramos diarios, y el mycofenolatos, que se toma 500 miligramos diarios. El niño sin estos medicamentos no puede vivir, nos está tocando comprarlos. No tenemos el dinero para seguirle comprando los medicamentos al niño, porque mensualmente están costando 1.500.000”.
La familia señala que, pese a los constantes trámites y reiteradas solicitudes, ninguna de las farmacias contratadas por la EPS ha hecho entrega de los medicamentos. La situación se agrava por la distancia y los gastos de transporte, ya que deben desplazarse desde la zona rural a los puntos de atención en busca de una solución. “El niño necesita estos medicamentos para vivir y para conservar el riñón que recibió. Hemos hecho múltiples gestiones, pero no hemos encontrado una solución definitiva”, lamentó Mabely Torres en su conversación con Blu Radio.
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Mientras esperan una solución, los familiares de Tomás continúan recurriendo a préstamos y donaciones para cubrir el tratamiento, con la esperanza de que la cobertura del sistema de salud se restablezca y el menor pueda continuar su recuperación sin nuevos obstáculos. El caso ha generado reacciones entre organizaciones sociales y ciudadanos, que ven en la experiencia de esta familia una muestra de las brechas y demoras que aún persisten en la atención integral para pacientes crónicos y trasplantados en Colombia.
A la situación crítica que enfrenta la familia de Tomás Andrés Mesa Torres en Antioquia, se suma un nuevo caso de preocupación en el sistema de salud colombiano, esta vez en Barranquilla. Asociaciones de usuarios y veedores de salud en la capital del Atlántico han denunciado restricciones en la atención médica para afiliados de la Nueva EPS en varias clínicas de la región. Según los reportes recientes, la Clínica General del Norte únicamente estaría recibiendo pacientes con urgencias vitales, mientras que otros deben ser remitidos a diferentes instituciones de salud.
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De acuerdo con los veedores, la restricción obedece a presuntas deudas de la EPS con los centros asistenciales. Esta situación ha generado incertidumbre entre cientos de afiliados, quienes en los últimos días han encontrado obstáculos para recibir atención médica oportuna, especialmente en uno de los principales centros hospitalarios de Barranquilla. Solo pacientes con cuadros graves, como infartos o heridas importantes, están siendo admitidos, mientras que quienes presentan otros síntomas son derivados a clínicas como la del Prado, donde también se han reportado demoras y dificultades de acceso.

El veedor de salud Andrés Meza Pérez advirtió que la problemática ha forzado a los usuarios a buscar respuestas inmediatas a través de reuniones con directivos zonales de Nueva EPS. De no obtener soluciones, los representantes de usuarios no descartan acudir a entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería Distrital.
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A la par, se han señalado retrasos en la entrega de medicamentos, lo que incrementa la preocupación por la continuidad de tratamientos y consultas. Este nuevo episodio se suma a los múltiples cuestionamientos nacionales sobre la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos por las EPS en Colombia.
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