Radican denuncia ante la Ofac que pretende inclusión de Ricardo Roa en la Lista Clinton por su rol en la campaña Petro Presidente

La situación judicial de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, volvió a estar en el ojo público luego de que la Fiscalía General de la Nación lo acusara por tráfico de influencias en la compra del apartamento 901, ubicado en Bogotá. Ahora se radicó ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) una solicitud para evaluar una eventual inclusión suya en listas de sanciones financieras, en un caso que se conecta con presuntos movimientos de dinero durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La denuncia menciona posibles delitos de financiación de fuentes prohibidas de campañas electorales, violación de topes de gastos, omisión de información del aportante, lavado de activos, concierto para delinquir y fraude procesal, según un documento enviado por la organización Misión Colombia Transparente al que accedió Semana.

El mismo expediente también fue presentado ante la Comisión de Investigación y Acusación por Sergio Alzate, representante legal del órgano de la Cámara de Representantes, conocido por ser defensor de las víctimas de las Farc, para que se investigue al presidente Petro y su posible relación con las transacciones.

La denuncia gira en torno a los movimientos financieros atribuidos a Roa en el primer semestre de 2022, cuando cumplía con el rol de gerente de la campaña presidencial. De acuerdo con el documento, esas transacciones superaron los $63.000.000.000, en especial por créditos tomados con la Cooperativa Confiar y la Cooperativa EPM, que fueron cancelados en seis meses.

La presentación ante la Ofac incluye a Roa; a Carlos Julián Caicedo, su pareja; a su familiar Joan Sebastián Caicedo; y a Blanca Inés Durán, exconcejal de Bogotá. La solicitud también señala a Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza, con quienes, según la denuncia, se habrían registrado elevados movimientos de dinero en la coyuntura electoral.

La denuncia pide rastrear operaciones en varios países y a los beneficiarios finales

La misiva también argumenta que los implicados tendrían transacciones por altos montos en cuentas en el extranjero. También menciona a Bull Ingeniería S.A.S., Cetco S.A.S., Dacar Lawyers e Investments S.A.S., como sociedades recurrentes que, conforme a lo expuesto en el documento, podrían haber servido para justificar y presuntamente lavar el dinero que se habría movido alrededor de Ricardo Roa.

El texto remitido a las autoridades estadounidenses pide investigar “posibles estructuras de ocultamiento patrimonial, uso de terceros para la administración o disposición de activos, mecanismos de lavado de activos o legitimación de capitales, vínculos financieros con organizaciones criminales o personas investigadas por actividades ilícitas”. Además de revisar operaciones realizadas a través del sistema financiero internacional e identificar a los beneficiarios finales de sociedades, contratos, patrimonios autónomos o negocios jurídicos relacionados.

La denuncia pone bajo examen un cruce de operaciones internacionales que, indicó el medio referenciado, coincide con la campaña de 2022. Se investiga si el destino del dinero fueron cuentas en Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Holandesas, y el documento sostiene que el dinero que regresó a Colombia pudo haber sido mayor.

Ese expediente vincula estos hechos con la otra investigación de la Fiscalía contra Roa por la presunta violación de topes de gastos en la campaña Petro Presidente. La imputación, de acuerdo con el mismo medio, se realizó después de tres intentos fallidos por ausencias de Roa.

El documento menciona aportes de origen criminal y la defensa niega irregularidades

La denuncia plantea la posibilidad de que recursos hubieran provenido del llamado Pacto de La Picota, incluidos dineros presuntamente aportados por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada extraditado a Estados Unidos, informó Semana. Antes de su extradición, ese hombre envió un audio a la periodista Vicky Dávila en el que habló de la entrega de dinero para la campaña a través de Juan Fernando Petro, hermano del actual presidente.

La defensa de Roa negó que exista, por ahora, una notificación formal en Estados Unidos. Juan David León, abogado de Roa, dijo en diálogo con la revista que su cliente no ha sido notificado de una investigación en ese país y que “sus movimientos y transacciones financieras han sido absolutamente transparentes y dentro de los parámetros estrictos de legalidad”.

León explicó que los recursos de los préstamos fueron gestionados a través de las cuentas de campaña a nombre de Roa como gerente y añadió que, “una vez recibidos los recursos aprobados por la autoridad electoral, se produjo el pago de los créditos”. El abogado rechazó la dimensión de los giros al exterior y sostuvo que se trató de USD 100.000 por el regreso de Roa desde Honduras, donde trabajó tres años, y de USD 1.500 enviados a su pareja mientras estudiaba en Estados Unidos.