Por la muerte de la niña Valeria Afanador, fijan fecha para la imputación de cargos de dos profesores por presunto homicidio culposo

La justicia colombiana definió para el 23 de junio de 2026 la audiencia de formulación e imputación contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, en el marco de la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña que inicialmente fue reportada como desaparecida y que posteriormente fue hallada muerta en el río Frío, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

De acuerdo con una decisión emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajicá, la diligencia judicial quedó programada para las 9:00 a. m. y se desarrollará de manera virtual.

Según el documento judicial, la secretaría del despacho informó el 12 de junio sobre la programación de la audiencia. Posteriormente, el juez César Augusto Tiuso Rojas dispuso: “SEÑALAR, la hora 09:00 A.M. del veintitrés (23) de junio de dos mil veintiséis (2026), para llevar a cabo audiencia de FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN dentro del proceso de la referencia”.

La Fiscalía General de la Nación tiene previsto formular cargos contra los dos docentes por el delito de homicidio culposo. De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación preliminar, ambos profesores tenían bajo su custodia directa y responsabilidad el cuidado de la menor en el momento en que ocurrieron los hechos objeto de investigación.

La hipótesis que buscan esclarecer las autoridades está relacionada con una posible omisión en el deber de vigilancia que tenían los profesores respecto de la estudiante.

Tras el hallazgo del cuerpo de Valeria cerca de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, las autoridades iniciaron la recopilación de pruebas para establecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Dentro del proceso, la Fiscalía ha concentrado parte de sus actuaciones en determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y cuidado de la niña durante la jornada escolar.

Además, en enero, la defensa de la institución educativa sostuvo que el colegio cumplía con los protocolos establecidos. En ese momento manifestó que “el plantel cumplía con los protocolos de seguridad verificados por las autoridades y que la rectora no tenía bajo su responsabilidad directa la vigilancia de los alumnos durante los espacios de recreación”, señalando además que esas funciones habían sido delegadas en personas competentes.

La familia de la menor, por su parte, ha cuestionado que la rectora del establecimiento educativo no haya sido incluida dentro de las imputaciones anunciadas por la Fiscalía.

En medio del avance de la investigación penal, el abogado de la institución educativa, Francisco Bernate, informó sobre una audiencia de conciliación adelantada con los familiares de la menor.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, el jurista aseguró que el acercamiento fue promovido por la familia de Valeria Afanador. Según Bernate, durante esa diligencia se planteó una pretensión económica por 11 mil millones de pesos. Sobre ese punto afirmó: “Nosotros hace 15 días tuvimos una audiencia de conciliación con la familia de Valeria y las pretensiones de la familia son de 11 mil millones de pesos, entonces, pues es una situación, pues que no hay cómo responder, no hay cómo”.

El abogado también indicó que la institución educativa ha mantenido su disposición de comparecer ante las autoridades y colaborar con el esclarecimiento de lo sucedido.

Cronología de la desaparición y hallazgo de Valeria

De acuerdo con la información incorporada al expediente, Valeria Afanador fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 dentro de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.

Los registros del caso señalan que durante un receso escolar la niña se dirigió sin compañía hacia la zona deportiva del plantel. Posteriormente, al advertir su ausencia, la institución activó una alarma de evacuación cerca del mediodía y se comunicó con la madre de la menor hacia las 12:50 p. m.

Tras la alerta, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron más de 200 integrantes de diferentes organismos, entre ellos la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Bomberos de Cundinamarca. Las labores incluyeron rastreos con drones y caninos especializados.

Días después, el cuerpo de la menor fue encontrado en el río Frío, cerca de la institución educativa.

La necropsia practicada por Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento. El informe forense estableció que no se encontraron señales de violencia ni de abuso. Asimismo, indicó que la niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano y que estuvo en contacto con material biológico presente en el sector donde fue localizada.

Además del proceso relacionado con la muerte de la menor, la Fiscalía adelanta una investigación adicional para establecer si existieron posibles delitos ambientales relacionados con la ubicación del establecimiento educativo en una zona protegida cercana al río.