Más de 400.000 trabajadores de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia quedaron en incertidumbre tras decisiones recientes del Gobierno nacional que, según los gremios del sector, afectaron la estabilidad del empleo formal y aumentaron la inseguridad jurídica.
Los representantes del sector, por medio de un comunicado que cita a las agremiaciones de este sector de seguridad privada (Aces, Anavp, Asosec, Asoviboy, Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, Conasegur, Consejo Nacional de Seguridad Privada, Confevip, Ecos, Fecolsep, Fedelam, Fedeseguridad y Fenalco) denunciaron que regulaciones y decisiones técnicas se adoptaron sin socialización previa, sin el debido proceso y con deficiencias técnicas.
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Además, aseguraron que esas medidas afectan la legitimidad de la actividad y pueden dificultar el acceso a empleo formal y seguridad social para las personas que conforman estos gremios.
El comunicado sostuvo que el sector reúne a 400.000 trabajadores, representa 1,13% del PIB nacional, moviliza $21 billones al año y constituye el 4% del empleo formal del país.
Reclamos del sector al Gobierno nacional
Los gremios señalaron un “patrón sistemático de deslegitimación” contra la vigilancia privada y afirmaron que el sector formal fue equiparado con estructuras paramilitares “sin soporte probatorio”.
También denunciaron una parálisis institucional en los procesos de acreditación: afirmaron que el promedio es de 391 días por trámite, con casos de hasta 1.348 días, y que esa demora derivó en detenciones durante operativos pese a que, según el comunicado, la responsabilidad es “exclusiva del Estado”.
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Según las denuncias del comunicado, se incluyeron dos decisiones recientes que, según los gremios, se adoptaron sin socialización previa y sin el debido proceso: la “calculadora salarial”, a la que atribuyeron “falta de rigor y veracidad técnica”, y la modificación de la estructura tarifaria.
En el caso de la calculadora salarial, el documento afirmó que la herramienta generó “pánico injustificado” entre trabajadores y empresas y que implicó una extralimitación de funciones del ente regulador.
Sobre la estructura tarifaria, los gremios sostuvieron que la modificación promueve una ruptura del modelo de negocio y que omitió en su cálculo el impacto de “un nuevo lunes festivo creado por ley”.
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Impacto laboral e informalidad
Los gremios advirtieron que el debilitamiento de empresas formales empuja a trabajadores a la informalidad y destacaron el impacto sobre grupos específicos: más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años con su primer contrato formal, más de 112.000 mayores de 45 años y cerca de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabezas de familia.
Indicaron que, en municipios intermedios y zonas rurales, el sector suele ser el único empleador formal de escala y que, cuando el sector formal se debilita, “el vacío lo ocupa la vigilancia ilegal, sin contratos, sin prestaciones y sin garantías”.
La Superintendencia suspendió 31 licencias a empresas de vigilancia privada en Colombia
En abril del 2026, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendió 31 licencias de funcionamiento a empresas de seguridad privada en Colombia por presunta infiltración criminal y uso de sus recursos para actividades ilícitas, un caso que, según la propia entidad, se suma a un esquema más amplio de desvío de compañías legalmente constituidas hacia el apoyo de economías ilegales.
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La dimensión del sector vuelve más sensible el alcance de la medida: más de 360.000 familias dependen de la vigilancia privada en Colombia, según la Superintendencia, que al mismo tiempo sostuvo que la mayoría de las empresas opera dentro de la legalidad y que las sanciones se concentran en firmas bajo investigación por irregularidades concretas.
El anuncio fue hecho por el superintendente Larry Álvarez Morales, quien explicó que las decisiones surgieron de una serie de investigaciones que, según la Superintendencia, revelaron un patrón reiterado: empresas que obtienen licencias para actuar dentro del marco normativo y después terminan poniendo sus servicios, su personal o sus recursos al servicio de organizaciones criminales.
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Álvarez Morales afirmó que las irregularidades detectadas no corresponden a hechos aislados. Según el funcionario, se trata de una modalidad en la que compañías con habilitación formal desvían luego su actividad hacia el respaldo de estructuras ilegales.
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