Solicitudes de insolvencia de personas naturales en Colombia cerrarían 2026 con récord histórico: “Exige una conversación seria”

El crecimiento acelerado de las solicitudes de insolvencia de personas naturales en Colombia encendió las alarmas en el sistema financiero. Organizaciones como el FGA Fondo de Garantías y especialistas del sector advierten que la tendencia podría tener repercusiones importantes sobre el acceso al crédito para hogares y pequeños comercios.

La insolvencia de personas naturales en Colombia está en aumento por el efecto combinado del sobreendeudamiento de familias y pequeños comerciantes y la mayor cobertura legal con la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025, que estableció cambios en el Régimen de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante. Según el Sistema de Información de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición (Sicaac) y el FGA Fondo de Garantías, se espera que el país cierre el año con 26.640 casos, el mayor registro histórico. De ese total, se estima que cerca de 14.000 procesos terminarán sin acuerdo de pago, algo que genera preocupación sobre la estabilidad del crédito y las condiciones de financiamiento formal.

Las cifras muestran una aceleración marcada en los últimos años. El Sicaac contabilizó 10.441 procesos de insolvencia en 2024 y 18.726 en 2025, lo que representó un incremento del 76%. En lo que va de 2026, ya se presentaron más de 9.500 solicitudes, dato que confirma la tendencia creciente de personas y pequeños comerciantes que acuden a esta vía para intentar reorganizar sus deudas con respaldo legal.

Como se recordará, la Ley 2445 de 2025 amplió el acceso al régimen de insolvencia y permitió que sectores antes excluidos pudieran beneficiarse de la negociación formal con acreedores. Según el FGA Fondo de Garantías, esto posibilitó que numerosos deudores intenten regularizar su situación y buscar una segunda oportunidad crediticia.

Sin embargo, el repunte de procesos impone desafíos importantes a los centros de conciliación y a los acreedores, que enfrentan una carga operativa en aumento. La agilidad y la profundidad de las negociaciones pueden verse afectadas y complicar la consecución de acuerdos de pago sostenibles y perjudicar la confianza en los mecanismos de crédito.

Impacto de la insolvencia en el sistema financiero y el crédito

Dentro de los riesgos destacados por el FGA Fondo de Garantías se encuentra el aumento de procesos sin acuerdo de pago, que podría afectar hasta a 14.000 expedientes este año. Una proporción tan elevada de procesos inconclusos pondría en tensión a deudores y acreedores e impactaría la confianza en las relaciones crediticias, porque los procesos no resueltos suelen traducirse en condiciones más restrictivas para acceder a financiamiento.

La vicepresidenta corporativa de FGA Fondo de Garantías, Adriana Correa Restrepo, habló de la relevancia dual de la insolvencia como mecanismo de reorganización y como reto para el ecosistema financiero. “Esta figura cumple un papel importante porque les permite a muchas personas reorganizar sus obligaciones y buscar una segunda oportunidad financiera”, notó la funcionaria. Agregó: “Pero su crecimiento acelerado también exige una conversación seria sobre sostenibilidad, cultura de pago y capacidad operativa del sistema”.

Para la organización, el desafío consiste también en mejorar la calidad y la ejecutabilidad de los acuerdos alcanzados. La incapacidad para cerrar casos con soluciones viables puede generar un círculo de exclusión crediticia y dificultar el acceso futuro al financiamiento formal.

Cambios legales y retos para la operación del régimen de insolvencia

La promulgación de la Ley 2445 de 2025 extendió la cobertura del régimen de insolvencia y facilitó la entrada de más personas naturales y pequeños comerciantes al proceso de reorganización de deudas. Tanto el Sicaac como el FGA Fondo de Garantías reconocen que la apertura ayuda a atender realidades económicas variadas y ofrece una alternativa formal para quienes enfrentan dificultades de pago.

No obstante, advierten que el flujo de nuevos expedientes ejerce presión sobre la infraestructura de los centros de conciliación, los acreedores y los intermediarios financieros. Existe preocupación por la capacidad operativa del sistema para administrar plazos razonables y generar acuerdos financieramente realistas.

El FGA Fondo de Garantías plantea que el éxito del régimen dependerá tanto del marco legal como de la capacidad institucional de los actores involucrados y de la confianza de los participantes en el proceso.

Perspectivas y propuestas para fortalecer la confianza financiera

La visión compartida desde el sector destaca la urgencia de reforzar la educación financiera y promover una cultura de cumplimiento entre deudores. Correa Restrepo enfatizó en que “la insolvencia no puede entenderse como una forma de evadir obligaciones, sino como una herramienta para recuperar el orden financiero y preservar la confianza entre deudores y acreedores”.

Para el FGA Fondo de Garantías, se requiere articular incentivos claros para el cumplimiento y promover acuerdos responsables, con el fin de que la insolvencia no sea vista como una vía fácil, sino como un mecanismo legítimo de reorganización y restitución de la confianza en el sistema financiero.

Así las cosas, el aumento de procesos de insolvencia marca un momento clave para evaluar la fortaleza de las instituciones y las prácticas de cumplimiento en Colombia. El reto para todos los actores será mantener la credibilidad y asegurar que el régimen de insolvencia contribuya efectivamente a la estabilidad crediticia y no se transforme en un vehículo de mayor incertidumbre.