Director de Prosperidad Social rechazó la propuesta de eliminar la entidad para revivir el Ministerio de la Igualdad: “Ha dado resultados concretos”

En medio de la discusión legislativa para revivir el Ministerio de Igualdad y Equidad, surgió una nueva controversia alrededor del futuro institucional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Desde sectores de la oposición se planteó la posibilidad de eliminar esta entidad argumentando una supuesta duplicidad de funciones con la cartera que busca restablecer el Gobierno nacional.

La propuesta fue planteada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que cuestionó la permanencia simultánea del DPS y del Ministerio de la Igualdad. Según el congresista, la existencia de ambas estructuras genera burocracia y dificulta la ejecución efectiva de los recursos destinados a programas sociales.

“Hubo una cantidad de presupuesto que no se ejecutó porque precisamente lo que han buscado es generar más burocracia y no llegar con mayor asistencia social. Por eso le hemos pedido al Gobierno: hagan como se hizo con Coldeportes, que desapareció y se convirtió en el Ministerio del Deporte. Desapareció Colciencias y se convirtió en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero aquí no han querido acabar con el DPS para convertirlo en ministerio, porque lo que están buscando es generar más burocracia, más contratos en pleno periodo electoral”, sostuvo Uscátegui.

Las declaraciones se produjeron en el marco del debate político y jurídico que enfrenta el Ejecutivo para garantizar la continuidad de las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Igualdad y Equidad, cuya creación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Prosperidad Social defendió su gestión

Frente a las proposiciones que plantean la eliminación de Prosperidad Social, el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, rechazó esa posibilidad y aseguró que el DPS cumple un papel fundamental dentro de la política social del país.

Rodríguez afirmó que las iniciativas para fusionar o suprimir la entidad resultan inconvenientes debido a la experiencia acumulada por el organismo en programas sociales. “Este tipo de proposiciones las consideramos altamente inconvenientes, porque no se puede sacrificar una entidad sólida, una entidad con trayectoria en la lucha contra la pobreza y la inclusión productiva, en el marco de esta discusión”, señaló.

El funcionario indicó que el país puede requerir un Ministerio de la Igualdad fortalecido, pero consideró que ello no debe hacerse a costa del desmonte de Prosperidad Social. “Sabemos que Colombia requiere un Ministerio de la Igualdad que sea capaz de darle voz a las poblaciones, pero no puede ser sacrificando una entidad que ha dado resultados concretos en la lucha contra la pobreza y en la lucha por la inclusión productiva en los territorios”, agregó.

Asimismo, destacó algunos indicadores que, según afirmó, evidencian los resultados alcanzados por la entidad durante los últimos años. “Colombia redujo la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Más de 2,6 millones de personas salieron de la pobreza. Desarrollamos procesos productivos de asociatividad en todo el territorio nacional. Incrementamos nuestra política de economía popular y economía solidaria para que en los territorios, a través de sus organizaciones, se generen procesos productivos”, manifestó.

Rodríguez también defendió el papel articulador del DPS dentro de la estrategia social del Estado colombiano.

“Hoy el Departamento de Prosperidad Social es una pieza indispensable de la política social, no solo del Gobierno Petro, sino del Estado colombiano, porque articula las transferencias monetarias con la política de inclusión productiva y las infraestructuras sociales que se ponen al servicio de las comunidades. Por eso nuestro punto de vista es que necesitamos un Ministerio de la Igualdad, pero no sobre la base de sacrificar el Departamento de la Prosperidad Social”, concluyó.

La discusión sobre el futuro del DPS coincide con la expedición de una directiva presidencial mediante la cual el Gobierno estableció lineamientos para garantizar la continuidad de los programas, políticas y estrategias dirigidas a poblaciones vulnerables y grupos históricamente discriminados.

La medida surge tras la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, norma mediante la cual fue creado el Ministerio de Igualdad y Equidad. Aunque el alto tribunal permitió un periodo de transición mediante efectos diferidos, el avance legislativo para restablecer la cartera ha sido limitado.

Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro impartió instrucciones a varias entidades del Gobierno para adelantar los trámites necesarios que permitan reorganizar institucionalmente las funciones relacionadas con las políticas de igualdad. La directiva involucra al Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Como parte del cronograma establecido por el Ejecutivo, las entidades deberán remitir a la Presidencia de la República los actos administrativos necesarios para implementar las medidas de reorganización institucional antes del 17 de junio de 2026.