El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta el sábado 6 de junio de 2026, provocó fuertes reacciones en el ámbito político colombiano.
El asesinato, ocurrido en una de las ciudades más afectadas por la violencia en la frontera con Venezuela, fue calificado por diversas voces como un golpe a la libertad de prensa y una consecuencia de la crisis de seguridad que atraviesan algunas regiones del país.
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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se dirigió al presidente Gustavo Petro con un llamado urgente: “Por lo menos en los cerca de 60 días que le quedan de mandato, asuma el liderazgo que le corresponde en la seguridad del país”.
Díaz expresó que la situación no admite más dilaciones y que “Colombia no aguanta un asesinato más mientras la violencia sigue arrebatando vidas en nuestras regiones”.
El mandatario regional subrayó la necesidad de que el gobierno tome medidas eficaces para proteger a la ciudadanía y restablecer la tranquilidad, además de manifestar su solidaridad con la familia y colegas de Herrera.
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El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella condenó el crimen con contundencia. “Condeno el vil asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta”, afirmó, resaltando la trayectoria del comunicador en la denuncia de hechos delictivos y corrupción en Norte de Santander.
De la Espriella acusó a “capos y caciques politiqueros” de continuar con prácticas violentas en la región y responsabilizó al actual Gobierno de mantener una actitud permisiva frente a estos hechos. En sus palabras, “todo con la complicidad del gobierno”.
El aspirante presidencial se mostró confiado en que las autoridades judiciales y las Fuerzas Armadas identificarán a los responsables del crimen. Adelantó que, en caso de llegar a la presidencia, su administración no concederá espacio a los perpetradores de estos actos y prometió que “desde el 7 de agosto estos asesinos recibirán su merecido”.
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De la Espriella sostuvo que bajo su gobierno se restituirá la justicia para honrar la memoria de quienes, como Herrera, han sido víctimas de la violencia sin recibir protección estatal.
Por último, Leonardo González Perafán, director de Indepaz y defensor de DD. HH. lamentó lo ocurrido y afirmó: “Rechazamos el asesinato de Cristian Herrera, líder social, defensor de derechos humanos y periodista del Catatumbo”. También señaló que el crimen impacta tanto a la familia de la víctima como a las comunidades y a la libertad de prensa.
El vocero subrayó la importancia de proteger la labor periodística y de los defensores: “Exigimos una investigación pronta, garantías para el ejercicio periodístico y protección para líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunicadores”.
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La cifra de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia en lo que va de 2026 alcanza los 66, lo que evidencia una preocupante situación de riesgo.
González Perafán insistió en que la violencia contra quienes promueven derechos fundamentales afecta gravemente a la democracia y a la sociedad en su conjunto.
Así ocurrió el homicidio del periodista Cristian Herrera
El periodista y defensor de derechos humanos Cristian Herrera perdió la vida tras sufrir un atentado en el sector de Guaimaral, en Norte de Santander, en la tarde del 6 de junio de 2026.
Herrera, que integraba la junta directiva de la Flip y ejercía como corresponsal regional, documentó situaciones de violencia, corrupción y crimen organizado en el Catatumbo, contribuyendo a visibilizar los desafíos de la región.
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El ataque ocurrió mientras Herrera se dirigía a visitar a familiares. Un hombre que circulaba en motocicleta se acercó y disparó varias veces. Aunque fue trasladado a un centro médico, murió por la gravedad de las heridas.
De acuerdo con versiones iniciales, el comunicador había recibido amenazas de grupos armados, presuntamente vinculadas a su actividad profesional.
La Defensoría del Pueblo emitió la AT 013/25, que incluyó a San José de Cúcuta en la lista de municipios en alerta, ante el riesgo de violaciones a los derechos por parte de organizaciones ilegales. Por su parte, la AT 027/24 alertó sobre homicidios selectivos, amenazas, control social, reclutamiento de menores, extorsión y restricciones a la movilidad en la capital nortesantandereana.
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