Documentos respaldan denuncias de coacción electoral del general Erick Rodríguez, aún no se define su futuro

La situación del mayor general Erick Rodríguez continúa sin definirse mientras el Gobierno nacional estudia si oficializa o no su salida del Ejército. La controversia surgió después de que el alto oficial denunciara presuntas presiones de grupos armados ilegales sobre comunidades rurales durante el proceso electoral, afirmaciones que ahora aparecen respaldadas por documentos conocidos por Caracol Radio.

Según esos informes, las disidencias de las Farc habrían implementado mecanismos de control sobre la población que incluyen procesos de carnetización, censos comunitarios y la exigencia del certificado electoral para verificar la participación de los ciudadanos en las elecciones.

Los documentos calificarían esta práctica como una “auditoría criminal del sufragio”, al considerar que permite a los grupos armados supervisar y controlar el comportamiento electoral de las comunidades.

Uno de los hallazgos más relevantes por el medio señala que en reuniones atribuidas a alias La Morocha se habría organizado una estructura logística conformada por cerca de 95 civiles, entre ellos entre 30 y 40 integrantes de guardias campesinas, con el propósito de instalar y financiar mesas de votación autónomas en zonas rurales de Caquetá.

El informe también sostiene que la facción del GAO-r liderada por alias Calarcá habría promovido la creación de fondos comunitarios para financiar esa estructura. El objetivo sería garantizar que la organización armada ejerciera vigilancia exclusiva sobre las urnas y controlara directamente el flujo de votantes en los territorios bajo su influencia.

La documentación indicaría que quienes no presentaran el certificado electoral ante Juntas de Acción Comunal presuntamente instrumentalizadas podrían enfrentar sanciones, multas, procesos comunitarios o incluso la expulsión del territorio.

Además, advierte que las comunidades serían sometidas a mecanismos de vigilancia y control que trascienden el ámbito electoral e incluyen restricciones a la movilidad y seguimiento permanente de la población.

Los reportes también señalan que las Juntas de Acción Comunal habrían sido utilizadas para convocar a la población civil con el fin de impedir el ingreso de la Fuerza Pública mediante asonadas y otras acciones de presión colectiva.

La denuncia realizada por Rodríguez cuando ocupaba el cargo de subjefe de Operaciones Conjuntas coincide con advertencias previas de la Defensoría del Pueblo. La Alerta Temprana 013-25 había identificado riesgos de coacción electoral, control territorial y carnetización en Meta, Guaviare y Caquetá.

Los documentos conocidos por Caracol Radio concluyen que las afirmaciones del oficial encuentran respaldo en reportes de inteligencia militar, alertas de la Defensoría del Pueblo y observaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales sobre las dinámicas de control ejercidas por estructuras armadas ilegales en estas regiones.

La situación del general sigue sin definirse

Mientras estas revelaciones salen a la luz, el futuro de Rodríguez dentro de la institución militar continúa siendo incierto. El oficial acumula 35 años de carrera y ocupaba simultáneamente dos de los cargos operacionales más importantes de las Fuerzas Militares: subjefe de Operaciones del Comando General y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

Fuentes citadas por el medio Semana indican que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habría frenado temporalmente la formalización de su retiro, aunque existen versiones contradictorias sobre si el acto administrativo ya fue remitido a la Casa de Nariño para la decisión final del presidente Gustavo Petro.

Mientras se define su situación, Rodríguez permanecería en condición de Personal Agregado al Comando del Ejército (Pace) y tomaría un periodo de vacaciones. Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni las Fuerzas Militares han explicado públicamente de forma definitiva las razones de su eventual salida.

La controversia ha generado reacciones de distintos sectores políticos. La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó en sus redes sociales la eventual salida del oficial y sugirió que la decisión podría estar relacionada con los resultados obtenidos contra las disidencias en Meta y Guaviare.

Por su parte, Abelardo de la Espriella también expresó su inconformidad públicamente, señalando que las denuncias sobre presuntas presiones electorales de grupos armados deben ser investigadas y no derivar en consecuencias para quienes las hacen públicas.