Procuraduría abrió indagación por demoras en los procesos contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir una indagación previa contra varios representantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puso bajo la lupa el manejo de las denuncias radicadas contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

La actuación busca establecer si existieron retrasos injustificados en la tramitación de los expedientes y si hubo posibles omisiones por parte de los congresistas encargados de investigarlos.

La actuación disciplinaria se originó tras una inspección realizada el 3 de junio de 2026 por la Sala de Instrucción de la Procuraduría, durante la cual se evidenciaron dificultades para reconstruir el estado y avance de los procesos que reposan en la Comisión de Acusación, de acuerdo con el documento conocido por Caracol Radio.

La secretaría de la comisión informó que actualmente cursan cerca de 3.000 actuaciones, de las cuales 290 corresponden a expedientes relacionados con el presidente Gustavo Petro. De ese total, aproximadamente 15 están vinculadas con denuncias por una presunta participación indebida en política.

La Procuraduría señaló que durante la inspección no fue posible obtener información suficiente para verificar el trámite dado a cada denuncia. Según el organismo, la falta de datos impidió determinar si las investigaciones avanzaron de manera diligente y dentro de plazos razonables.

La indagación previa involucra inicialmente a los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes figuran como investigadores de algunos de los procesos contra el mandatario.

Sin embargo, la actuación disciplinaria podría extenderse a otros integrantes de la Comisión de Acusación en la medida en que avance la recopilación de pruebas.

Según el documento citado por Caracol Radio, la Sala de Instrucción adoptó la decisión ante una presunta “falta de diligencia, falta de organización y posibles prevaricatos por omisión” en el manejo de los expedientes.

No obstante, la apertura de la indagación no implica una responsabilidad disciplinaria ni una sanción, sino una etapa preliminar destinada a verificar los hechos y establecer si existen méritos para continuar con una investigación formal.

Falta de trazabilidad en los expedientes

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Procuraduría fue la ausencia de herramientas que permitieran rastrear el curso de las denuncias.

Durante la diligencia, el organismo solicitó información detallada sobre cada una de las actuaciones relacionadas con el jefe de Estado. Entre los datos requeridos figuraban las fechas de radicación de las denuncias, el inicio de las indagaciones, los autos de apertura, la etapa procesal en la que se encuentran los expedientes y la fecha de la última actuación realizada.

Sin embargo, la secretaría de la Comisión de Acusación informó que no contaba con un aplicativo, una base de datos ni otro mecanismo que permitiera reconstruir de manera integral la trazabilidad de los procesos.

Como respuesta, el secretario entregó un documento de trabajo personal que contenía parte de la información requerida. No obstante, la Procuraduría concluyó que dicho material resultaba insuficiente para establecer con precisión el estado de los expedientes y el trabajo desarrollado por los representantes investigadores.

Para el Ministerio Público, la ausencia de un sistema organizado de seguimiento dificulta evaluar si las denuncias han recibido el trámite correspondiente y si las actuaciones se han desarrollado dentro de tiempos razonables.

Ante ese panorama, la Sala de Instrucción anunció que estudiará mecanismos alternativos para recopilar la información necesaria, incluso mediante la revisión individual de los expedientes relacionados con el presidente Petro.

Revisión de denuncias desde 2022

La inspección practicada por la Procuraduría también incluyó una solicitud de información sobre todas las quejas, denuncias y procesos recibidos desde el 7 de agosto de 2022, fecha en la que comenzó el actual gobierno.

El organismo pidió conocer el número total de expedientes radicados contra el presidente por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, así como detalles específicos de cada caso. Entre ellos figuran el número de radicado, la fecha de presentación de la denuncia, el nombre del representante investigador asignado, la fecha de las decisiones adoptadas y una descripción de los hechos denunciados.

La actuación se conecta con una solicitud realizada semanas atrás por el procurador general, Gregorio Eljach, quien el pasado 25 de mayo requirió a la Comisión de Acusación un informe detallado sobre las denuncias presentadas contra el presidente por presunta participación en política.

Según se conoció, el objetivo de ese requerimiento era permitir que la Procuraduría ejerciera sus funciones constitucionales de vigilancia y seguimiento sobre las actuaciones que adelanta la Cámara de Representantes.