Sindicato del Inpec rechazó propuesta de privatización de Abelardo de la Espriella: pidió bajarle al discurso de odio y la estigmatización

La Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia (UTP) emitió el 4 de junio de 2026 un comunicado público en el que expresó su rechazo a las recientes declaraciones y propuestas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella relacionadas con el futuro del sistema penitenciario colombiano.

La organización sindical cuestionó particularmente la posibilidad de liquidar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con el propósito de implementar un modelo basado en asociaciones público-privadas.

En el documento, firmado por el presidente nacional de la UTP, Óscar Robayo Rodríguez, el sindicato señaló que la propuesta representa riesgos para la estructura institucional del Estado y para el empleo de quienes actualmente laboran en el sistema penitenciario. De acuerdo con la organización, la iniciativa afectaría a más de 20.000 servidores públicos vinculados a estas entidades.

Cuestionamientos a la privatización y al modelo planteado

La UTP manifestó su desacuerdo con la posibilidad de transferir la administración y la seguridad de los centros penitenciarios a operadores privados. Asimismo, rechazó la propuesta de reemplazar al cuerpo de custodia penitenciaria por personal pensionado de las Fuerzas Militares.

Según el sindicato, estas medidas evidenciarían un desconocimiento de la realidad operativa y jurídica del sistema penitenciario colombiano. En el comunicado se afirma que los funcionarios del Inpec cumplen una función constitucional específica dentro de la estructura estatal y que el manejo de los establecimientos carcelarios requiere conocimientos especializados.

“(...) demuestra un profundo desconocimiento del sistema penitenciario colombiano, de su complejidad jurídica, humana y operativa, así como de la función constitucional que cumplen los funcionarios del Inpec al servicio de la nación”, señaló la organización.

La UTP también expresó su rechazo a la adopción de modelos penitenciarios extranjeros sin considerar las condiciones particulares del país. En ese sentido, hizo referencia a propuestas inspiradas en experiencias internacionales como las implementadas en El Salvador, argumentando que estas no tendrían en cuenta los marcos constitucionales y jurídicos vigentes en Colombia.

El sindicato sostuvo que este tipo de iniciativas desconocen los pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y las decisiones emitidas frente al denominado Estado de Cosas Inconstitucionales que afecta al sistema penitenciario nacional.

Críticas al discurso de odio y la estigmatización

Otro de los puntos abordados por la organización sindical fue el lenguaje empleado por el candidato presidencial al referirse al sistema penitenciario y a sus trabajadores. La UTP afirmó que las declaraciones realizadas han generado preocupación entre los funcionarios por considerar que contienen elementos de estigmatización.

“La seguridad y el orden no pueden construirse sobre la violación de derechos fundamentales ni sobre discursos de odio, persecución o estigmatización”, expresó el sindicato.

En el mismo comunicado agregó que resulta preocupante el tono utilizado en las referencias hacia los trabajadores penitenciarios. “Resulta preocupante el lenguaje utilizado por el candidato, caracterizado por expresiones grotescas, calumniosas y estigmatizantes hacia los trabajadores penitenciarios, quienes durante décadas han sostenido con sacrificio y compromiso uno de los sistemas más difíciles del Estado colombiano”, indicó la organización.

La UTP aprovechó el pronunciamiento para destacar la labor desarrollada por los funcionarios del Inpec y recordó que muchos de ellos han enfrentado situaciones de violencia derivadas de su trabajo. Según el sindicato, numerosos guardianes penitenciarios han sido víctimas de amenazas, acciones criminales e incluso homicidios mientras cumplían sus funciones.

Llamado a un debate técnico

En su declaración pública, la Unión de Trabajadores Penitenciarios también hizo referencia a la infraestructura penitenciaria existente en Colombia. Según el sindicato, actualmente el país cuenta con 127 establecimientos penitenciarios de alta y mediana seguridad que cumplen estándares internacionales en materia de infraestructura y seguridad.

“Las problemáticas del sistema no obedecen exclusivamente a la existencia del INPEC, sino a la ausencia histórica de una verdadera política criminal y penitenciaria integral por parte del Estado colombiano”, afirmó el sindicato.

Finalmente, la UTP reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad estatal, la seguridad penitenciaria y las condiciones laborales de los trabajadores del sector. “Invitamos al país a construir un debate serio, técnico y responsable sobre el futuro del sistema penitenciario, basado en el conocimiento, la legalidad y el respeto por las instituciones y sus trabajadores”, concluyó la organización en su comunicado.