Analizan eliminar o absorber a Prosperidad Social: más de 4,5 millones de hogares están en riesgo por la reforma al Ministerio de Igualdad

El futuro del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidad clave en la política social del Estado colombiano, está en el centro del debate nacional tras las recientes sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes, que podría afectar a más de 4,5 millones de hogares en Colombia.

En el contexto de la discusión sobre el proyecto de ley que busca otorgar una nueva base jurídica al Ministerio de Igualdad y Equidad, algunos congresistas han propuesto la eliminación o absorción del DPS por parte de otra entidad, planteando interrogantes sobre la estructura y sostenibilidad de la política social en el país.

Durante la sesión del pasado martes, los legisladores evacuaron buena parte del articulado del proyecto de ley, aprobando 15 de los 17 artículos que conforman la iniciativa. El texto aprobado define el objeto, naturaleza, competencias y estructura general del ministerio, así como su papel rector en el diseño, ejecución y coordinación de políticas orientadas al cierre de brechas sociales y la promoción de la igualdad en Colombia.

El ministerio tendrá como misión central la atención de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, comunidades étnicas, campesinos, adultos mayores, familias en pobreza y habitantes de territorios marginados.

Sin embargo, el debate no ha estado exento de tensiones. La oposición manifestó preocupación por el impacto fiscal del nuevo ministerio, insistiendo en la necesidad de la presencia del Ministro de Hacienda para esclarecer el costo real de la entidad sobre las finanzas públicas. Mientras tanto, los congresistas del oficialismo defienden la pertinencia del Ministerio de Igualdad, argumentando que es indispensable para garantizar atención especializada y efectiva a poblaciones históricamente excluidas.

Uno de los temas más polémicos ha sido la propuesta de eliminar el DPS, fusionarlo o adherirlo a otras entidades como parte de la reorganización del sector social que acompañaría la creación definitiva del Ministerio de Igualdad y Equidad.

La propuesta, presentada por algunos legisladores, generó inquietud, especialmente entre quienes valoran el papel del DPS en la lucha contra la pobreza, la inclusión productiva y la ejecución de transferencias monetarias en el país.

El director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, fue categórico al rechazar la posibilidad de eliminar el DPS: “En el marco de la discusión en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Igualdad, se han presentado una serie de proposiciones... que incluyen la eliminación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fusionarlo o adherirlo a otras entidades. Este tipo de proposiciones las consideramos altamente inconvenientes, porque no se puede sacrificar una entidad sólida, una entidad con trayectoria en la lucha contra la pobreza y la inclusión productiva en el marco de esta discusión”.

Rodríguez recordó que, gracias a la gestión del DPS, “Colombia redujo la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Más de 2,6 millones de personas salieron de la pobreza. Desarrollamos procesos productivos de asociatividad en todo el territorio nacional. Incrementamos nuestra política de economía popular, de economía solidaria, para que en los territorios, a través de sus organizaciones, se generen procesos productivos”.

El funcionario insistió en que el DPS es “pieza indispensable de la política social, no solo del gobierno Petro, sino del Estado colombiano”, porque articula las transferencias monetarias, la inclusión productiva y las infraestructuras sociales al servicio de las comunidades.

Para el gobierno y los defensores del DPS, el reto es lograr la existencia de un Ministerio de la Igualdad robusto y con capacidad de liderazgo, sin sacrificar la experiencia, la operatividad y el alcance territorial que ha demostrado el DPS.

Las comisiones primeras del Congreso deberán decidir en las próximas sesiones el futuro de los artículos pendientes (referidos al patrimonio y la estructura orgánica del ministerio), así como el destino de las proposiciones para reorganizar el sector social.

En ese contexto, el debate sobre la continuidad, la transformación o la absorción del Departamento para la Prosperidad Social será clave no solo para el diseño institucional del nuevo ministerio, sino para el futuro de millones de colombianos que dependen de las políticas de transferencias, asistencia e inclusión productiva. Con el tiempo legislativo en contra y el mandato de la Corte Constitucional de evitar la liquidación del Ministerio de Igualdad, el Congreso enfrenta una decisión trascendental para el andamiaje de la política social en el país.

Cabe recordar que, Prosperidad Social administra actualmente 12 programas principales que alcanzan a más de 4,5 millones de hogares en Colombia. Entre las iniciativas con mayor cobertura se encuentra Colombia Mayor, que protege a cerca de 3 millones de adultos mayores mediante la entrega de un subsidio mensual. Renta Ciudadana ofrece apoyo económico a 3,1 millones de hogares en condición de pobreza extrema, mientras que la Devolución del IVA beneficia a 2,6 millones de hogares a través de una compensación al ingreso.

Otros programas relevantes son Renta Joven, que impacta a más de 371.000 estudiantes, y Jóvenes en Paz, que cuenta con más de 24.000 beneficiarios. Las iniciativas buscan reducir la vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de diversas poblaciones a través de transferencias monetarias y apoyo social.