La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes concluyó la etapa de investigación preliminar relacionada con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El proceso se originó a partir de hallazgos electorales remitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y buscaba establecer si existieron posibles conductas relacionadas con financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de topes o límites de gastos.
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De acuerdo con un documento conocido por Caracol Radio, dos de los tres integrantes del triunvirato investigador, los representantes Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, presentaron un salvamento de voto frente a la decisión inhibitoria adoptada dentro del expediente.
En el documento sostienen que la etapa preliminar permitió recaudar elementos que justificarían continuar con la actuación judicial y avanzar hacia una investigación formal.
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Hallazgos e indicios identificados durante la investigación
La investigación preliminar concluyó con la identificación de indicios sobre posibles gastos que no habrían sido reportados oficialmente, aportes que presuntamente habrían sido canalizados a través de terceros y eventuales irregularidades relacionadas con recursos destinados a testigos electorales durante la campaña presidencial de 2022.
El expediente tiene su origen en denuncias y en la remisión de información por parte del Consejo Nacional Electoral a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Entre las conductas objeto de revisión se encuentran los presuntos delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, contemplado en el artículo 396A del Código Penal, y la presunta violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, establecida en el artículo 396B.
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En el salvamento de voto, los representantes investigadores manifestaron su desacuerdo con la determinación de cerrar el caso mediante una decisión inhibitoria. Los congresistas señalaron que los elementos recopilados durante la fase preliminar ameritaban la vinculación formal del presidente Gustavo Petro Urrego al proceso y la práctica de nuevas actuaciones investigativas.
Solicitud de nuevas pruebas
En el documento también se plantean varias diligencias complementarias que, según los firmantes del salvamento de voto, deberían ser ordenadas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
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Entre ellas figura una solicitud a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para obtener información sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.
Asimismo, se propone la compulsa de copias a la jurisdicción penal ordinaria respecto de personas no aforadas que eventualmente pudieran aparecer involucradas en los hechos objeto de investigación, de conformidad con lo establecido en la Ley 600 de 2000.
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Otra de las medidas planteadas consiste en comunicar la apertura de la investigación a la Contraloría General de la República y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, debido a que dentro de las conductas examinadas también se menciona la posible configuración de fraude procesal contra la administración pública.
“Las pruebas que aquí se sugiere ordenar no agotan el universo probatorio de la instrucción y podrán ser complementadas con otras que, en el curso de la investigación, resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, señala el documento suscrito por los representantes investigadores.
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Salvamento de voto frente a la decisión inhibitoria
El texto fechado el 3 de junio de 2026 corresponde a un “Salvamento de voto al auto por medio del cual se profiere decisión inhibitoria en materia penal”. Allí, Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza explican que su posición difiere de la adoptada por el coordinador del triunvirato investigador, Alirio Uribe Muñoz.
La posición de los dos investigadores se traduce en la solicitud de vincular formalmente al presidente Gustavo Petro al expediente y llamarlo a indagatoria, mientras que la decisión mayoritaria dentro del triunvirato fue cerrar la investigación previa mediante un auto inhibitorio.
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Con la presentación de este salvamento de voto quedó consignada formalmente la diferencia de criterio entre los integrantes del equipo investigador sobre el alcance de los hallazgos obtenidos durante la fase preliminar y los pasos que deberían seguirse dentro del proceso relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2022.
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