
La suspensión temporal de Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) intensificó el debate sobre la imparcialidad en la aplicación de sanciones a funcionarios públicos en Colombia.
Carrillo respondió en Blu Radio y cuestionó a la Procuraduría General de la Nación por sancionarlo mientras, a su juicio, figuras como Armando Benedetti, actual ministro del Interior, no enfrentaron medidas similares pese a conductas equivalentes en participación política.
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“El ministro del Interior, que ha transgredido todos los límites que usted quiera y no le han tocado un pelo, mostró su voto el día de las elecciones”, sostuvo Carrillo.
El funcionario, suspendido hasta el 21 de junio de 2026 por la Procuraduría debido a supuesta participación indebida en política, defendió que sus declaraciones solo respondían a preguntas periodísticas sobre el presidente Gustavo Petro y negó haber cometido proselitismo, a la vez que acusó al ente investigador de actuar con criterios diferentes en casos similares, especialmente con el ministro Armando Benedetti.
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Durante la emisión de Mañanas Blu, Carrillo acusó al órgano de control de actuar selectivamente y citó ejemplos que, según él, revelan una doble vara. ,
“Benedetti trasgrede límite al participar en política y no le tocan un pelo”, agregó y reiteró el funcionario, declaraciones recogidas por Blu Radio.
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Sostuvo que sus intervenciones no constituyeron solicitud de votos ni utilización de recursos públicos y reiteró que siempre ha estado dispuesto a la supervisión de los organismos de control y los medios.
Los fundamentos y alcances de la suspensión
Según el comunicado oficial de la Procuraduría General de la Nación, la suspensión dictada contra Carlos Carrillo es provisional, con vigencia hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.
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Esta medida se apoya en los artículos 110 y 112 de la Ley 1952 de 2019, y se adopta tras una presunta participación indebida del directivo en política.
El comunicado precisa que no cabe recurso alguno contra esta suspensión, dada su naturaleza de trámite disciplinario. Si no se logra la notificación personal, la decisión se comunicará por edicto según el Código General Disciplinario.
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Mientras la Procuraduría practica pruebas dentro de la investigación, la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República será notificada para designar un reemplazo temporal en la Ungrd. Por su parte, una asesora designada acompañará el proceso hasta su conclusión.
La restricción impuesta a Carrillo implica la prohibición de ejercer funciones públicas o emitir opiniones en su rol de servidor mientras dure la sanción.
Los límites de la participación política
El debate sobre la participación política de los funcionarios públicos se reaviva, sobre todo en contexto electoral. Carrillo ha defendido que su intervención únicamente respondió a preguntas sobre la postura presidencial y negó promover una candidatura o realizar llamados al voto.
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Así lo sostuvo en Caracol Radio: “Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyen una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno, ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña”.
La legislación colombiana exige neutralidad a quienes ocupan cargos públicos, pero su interpretación es objeto de discusión.
Carrillo insiste en que su apoyo al mandatario ante preocupaciones por el “ascenso del fascismo” en el país no constituyó activismo partidista, diferenciando entre opinar sobre la coyuntura y participar directamente en política.
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Carrillo señala la falta de uniformidad en la aplicación de sanciones, especialmente en el caso de altos funcionarios como Benedetti, que —según sus declaraciones— han participado en debates políticos sin enfrentar consecuencias similares.
El directivo recalcó que se ha mantenido “dentro del marco de la legalidad, abierto al escrutinio no solo de los órganos de control sino también de los medios de comunicación”. También consideró que la norma sobre expresión política resulta contradictoria, pues solo algunos servidores resultan sancionados.
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