La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, exintegrantes del Tribunal Superior de Villavicencio.
Según informó la Corte Suprema, los exmagistrados alteraron el curso de procesos penales y una tutela para beneficiar a personas vinculadas a delitos como homicidio agravado y concierto para delinquir.
La condena establece que Díaz Rodríguez recibió 128 meses y 1 día de prisión por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, mientras que Vargas Bautista y Trejos Londoño fueron sentenciados a 120 meses y 1 día de prisión por cohecho propio y prevaricato por acción simple.
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La Corte Suprema detalló que los hechos juzgados ocurrieron entre 2012 y 2014, periodo en el que los exmagistrados tomaron decisiones judiciales a cambio de sobornos.
Irregularidades y sobornos millonarios
La investigación reveló que los exmagistrados participaron en irregularidades en dos procesos penales y en una tutela. Por uno de los casos, pactaron un soborno de $2.000 millones, según reportó la Corte Suprema de Justicia. Además, la sentencia señala que aceptaron beneficios adicionales, como fiestas con comida, licor y servicios sexuales, organizadas por personas interesadas en obtener fallos favorables.
En uno de los episodios, los magistrados favorecieron a Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado, a cambio de millonarias sumas y celebraciones en el hotel Paloverde.
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La sentencia documentó que “durante la vigencia del acuerdo ilícito... Marbelly Sofía organizó varias celebraciones a favor de los magistrados en el hotel Paloverde, que incluyeron atenciones en comida, licor y servicios prestados por mujeres trabajadoras sexuales”.
La Corte Suprema también confirmó que los condenados beneficiaron a Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, con un fallo de tutela contrario a la ley. Los magistrados declararon la nulidad de una providencia judicial ejecutoriada, omitiendo el examen previo exigido por el principio de subsidiariedad.
Patrones criminales y métodos de ocultamiento
La Sala Penal advirtió que las acciones de los exmagistrados “se ajustan a patrones criminales que, en no muy pocos casos, ejecutan los servidores públicos que trafican con la función judicial, quienes utilizan muy variados métodos para evitar aparecer directamente como receptores de la dádiva o de la promesa remuneratoria”.
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De acuerdo con la Corte Suprema, las actuaciones de los exmagistrados evidenciaron “un total desprecio por el orden jurídico”, pues no solo emitieron decisiones contrarias a la ley, sino que incurrieron en la “venta simoníaca de la función pública” para favorecer ilícitamente a procesados por conductas graves.
Prisión domiciliaria y cuestionamientos a la medida
Aunque la Sala Especial de Primera Instancia concedió el beneficio de prisión domiciliaria por la edad, pensión e inhabilidad de los condenados, la Sala Penal de la Corte Suprema cuestionó la decisión.
El tribunal advirtió que la medida “no estuvo precedida de un análisis suficientemente integral de los requisitos previstos en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004”, en especial respecto a la gravedad de la conducta y el impacto institucional de los hechos.
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El fallo subrayó que, aunque la Sala no puede revocar el beneficio en virtud del principio de non reformatio in pejus, “llamó de manera enfática a extremar el rigor en el análisis de los presupuestos legales para la concesión de este tipo de beneficios” en futuros casos.
Investigación adicional y repercusiones
La decisión de la Corte Suprema incluyó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los exmagistrados, en particular por un fallo de tutela en el que se habría pagado un soborno de $100 millones.
El tribunal recalcó que los condenados gozaban de alta notoriedad en la región y tenían la responsabilidad de preservar la legalidad y la administración de justicia.
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La sentencia, liderada por el magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, puso fin a un escándalo que afectó la imagen de la justicia en el departamento del Meta.
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