Petro liquida su participación en Movistar y redefine el negocio: millonaria venta concentra el mercado

El Estado colombiano ya no tiene participación accionaria en Movistar. Con la culminación de la segunda etapa del proceso de enajenación, el Gobierno de Gustavo Petro vendió el 32,5% que aún conservaba en Colombia Telecomunicaciones y puso fin a su presencia societaria en una de las compañías históricas del sector móvil.

La operación, además de representar un ingreso multimillonario para la Nación, consolida un reordenamiento profundo en el mercado de telecomunicaciones. Millicom, matriz de Tigo, quedó fortalecida como actor dominante tras avanzar en la integración con Movistar en Colombia. El movimiento empresarial marca un nuevo mapa competitivo, una sola compañía concentra ahora el control de dos de los principales operadores del país, en un negocio clave para conectividad, internet móvil y expansión digital.

Según informó la Bolsa de Valores de Colombia, fueron adjudicadas 1.108.266.271 acciones a un precio unitario de $772,38. Con ese resultado, la venta de la participación estatal le significará al Gobierno ingresos cercanos a $856.002 millones. La cifra cierra uno de los capítulos más relevantes del año en materia de activos públicos y refleja el interés estratégico que despierta el mercado colombiano de telecomunicaciones.

Sin embargo, esta transacción no se entiende de manera aislada. Hace parte de una cadena de operaciones realizadas durante 2026 que permitieron a Millicom ampliar su presencia y fortalecer su posición en el país. En febrero, la multinacional concretó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) mediante la cual compró el 67,5% que Telefónica mantenía en Movistar. En esa negociación se ofrecieron USD0,0932 por acción.

Tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado del 4 de febrero de 2026, ubicada en $3.622, la operación habría implicado un desembolso aproximado de $777.012 millones, equivalentes a $337,5 por título. Con esa compra inicial y el reciente pago realizado al Gobierno por el 32,5% restante, el costo total de adquirir Movistar en Colombia asciende a cerca de $1,63 billones.

Pero la expansión de Millicom no terminó ahí. El 27 de enero también se realizó la compra del 49,9% de las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tenía en Tigo, sociedad compartida hasta entonces con la multinacional. Esa negociación se cerró por una suma cercana a $2,09 billones y terminó de consolidar la salida de EPM del negocio móvil.

Si se suman las tres operaciones, la compra a EPM, la OPA a Telefónica y la adquisición de la participación estatal en Movistar, el desembolso total de Millicom ronda los $3,7 billones. Más allá de la magnitud financiera, el proceso abre preguntas sobre competencia, concentración de mercado y el uso que dará el Estado a los recursos obtenidos con la venta.

Precisamente este último punto motivó una reacción inmediata de la Contraloría General de la República. En la mañana posterior a la adjudicación, el ente de control solicitó información detallada a los ministerios de Hacienda y Crédito Público, así como al Ministerio TIC. La entidad busca establecer cuál será la destinación final de los recursos que ingresarán al Tesoro Nacional y evaluar si la operación genera beneficios reales en términos de eficiencia pública y retorno social.

Además, recordó que este tipo de procesos debe desarrollarse bajo principios de transparencia, defensa del patrimonio público y garantía de continuidad en la prestación del servicio, conforme a los lineamientos del Decreto 1481 de 2025. Desde el Ministerio de Hacienda se indicó que los recursos entrarían al presupuesto nacional y que, de forma proporcional, “podrían apropiarse inversiones en las siguientes vigencias que permitan al Estado llevar a cabo inversiones estratégicas asociadas al cierre de la brecha digital”.

La mención a la brecha digital no es menor. Colombia aún enfrenta rezagos en cobertura, conectividad rural, apropiación tecnológica y acceso de calidad en múltiples regiones. Por eso, la Contraloría insistió en que el dinero obtenido no debería diluirse en gasto corriente, sino orientarse a proyectos con impacto directo en transformación tecnológica y capital humano.

“Es necesario que el Gobierno Nacional adopte decisiones orientadas a garantizar la reinversión estratégica de los recursos en el sector TIC, priorizando el fortalecimiento del capital humano digital y la apropiación tecnológica, como condiciones necesarias para cerrar brechas de manera sostenible y maximizar el impacto de las inversiones públicas”, señaló la entidad. El organismo también enfatizó que mientras existan recursos públicos comprometidos, la empresa continuará siendo sujeto de control fiscal.