El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) enfrenta nuevamente cuestionamientos tras revelarse nuevas irregularidades en las inspecciones realizadas en los centros penitenciarios del país.
El más reciente se conoció en la tarde del miércoles 22 de abril de 2026, donde cinco reclusos fueron trasladados desde el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, conocido como La Picota, tras revelarse que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del pabellón 31, según información revelada por El Tiempo.
La medida incluyó a sujetos como Pablo Felipe Prada Moriones y Santiago Prada Moriones, señalados de colaborar con el Clan del Golfo en el Eje Cafetero, así como a otros tres internos sorprendidos bebiendo durante una redada, quienes no se ha revelado su identidad.
El operativo en La Picota expuso la omisión de funciones por parte de funcionarios que permitieron el ingreso de licor; fuentes consultadas por el medio citado negaron que el hallazgo del licor fue dentro de una fiesta interna, aunque admitieron la existencia de botellas de whiskey en la celda de los hermanos Prada Moriones.
En el pabellón afectado están recluidos internos de seguridad nivel 1, incluyendo exintegrantes del ELN, las Farc y organizaciones criminales.
Así mismo, el Inpec mencionó al diario bogotano que tres de los trasladados ya estaban en proceso previo de reubicación por causas distintas a la reunión con las bebidas alcohólicas, pero la dirección penitenciaria decidió agrupar todos los movimientos en una sola jornada.
La intervención fue ordenada por la dirección central del Inpec debido a redadas nacionales implementadas luego del caso del “parrandón” con el cantante vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de máxima seguridad de La Paz en Itagüí (Antioquia), ocurrido el 8 de abril de 2026.
Ministro de Justicia admite persistencia de fallas en seguridad penitenciaria
El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo reconoció públicamente que persisten “fallas” en el control penitenciario dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y admitió que, pese a los operativos recientes, no puede asegurar que se evitarán futuras megafiestas en cárceles como las ocurridas en Itagüí y La Picota.
El alto funcionario, en entrevista con Caracol Radio W, apuntó que una de las causas centrales de estas fallas radica en la distribución actual de competencias para la contratación de sistemas de vigilancia.
Incluso, atribuyó esta fragmentación a una reforma impulsada en el pasado por Germán Vargas Lleras, cuando ejercía como ministro de Justicia, la cual transfirió las facultades de contratación en materia de seguridad al Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
“El tema de cámaras los contrata la Uspec. Si no hubiera pasado lo de la fiesta, nadie se hubiera enterado (que no había cámaras). Entonces, debemos cambiar y devolverle al Inpec la facultad de contratar todo lo de seguridad”, expresó el titular de la cartera al citado medio de comunicación, añadiendo que tras este cambio, el Inpec perdió capacidad para responder de forma ágil ante la crisis carcelaria.
El ministro informó, además, que en las últimas semanas se realizaron operativos en todos los penales del país, centrándose especialmente en los pabellones de alta seguridad, que son “cerca de 12 o 13”. Solicitó al coronel Gutiérrez un reporte exhaustivo sobre las condiciones de vigilancia en estos sectores.
Frente al caso de la cárcel de Itagüí, Cuervo reveló que el proceso de traslado de internos tras las recientes fiestas no obedeció a ningún cálculo político, sino que “la mesa de negociación y la Oficina del Alto Comisionado” se encuentran identificando a los internos que realmente participaron en estos eventos, aclarando que la medida no es colectiva sino focalizada únicamente en quienes resultaron involucrados.
Además, recalcó que en muchas cárceles del país, sobre todo en ciudades pequeñas, la infraestructura obsoleta facilita el ingreso de objetos prohibidos “casi sin resistencia”, ya que la antigüedad de los edificios y la escasez de personal generan brechas de seguridad.
Un factor agravante que el ministro admitió públicamente es la corrupción entre los integrantes de la guardia del Inpec. El reconocimiento explícito de este riesgo institucional marca un matiz diferenciado respecto a coberturas previas: “hay corrupción en integrantes de la guardia”.
De acuerdo con Cuervo, persiste la necesidad de inversión en tecnología y procedimientos modernos. El conteo de reclusos todavía se realiza de forma manual, un proceso que calificó como “desgastante”. Solicitó la progresiva implementación de control biométrico y de equipos de rayos x para el registro de visitantes y trabajadores.
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