El nuevo corredor vial de la carrera Séptima en Bogotá se encuentra bajo la lupa pública debido a los significativos retrasos y sobrecostos detectados en los contratos de construcción.
Desde el lunes 30 de marzo, las obras comenzaron en el tramo comprendido entre las calles 119 y 121, sentido norte-sur, en el carril más cercano al separador central. Sin embargo, durante un reciente debate de control político en el Concejo de Bogotá, se anunciaron demoras que afectarán la entrega y el presupuesto de la obra, generando preocupación por su impacto en la movilidad, el ambiente y las finanzas públicas.
Críticas en el Concejo: impacto ambiental y modelo de ciudad
La concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, reiteró en el debate la preocupación por el llamado “Corredor Verde”, presentado oficialmente como una apuesta de movilidad sostenible y ambiental. Según la cabildante, el proyecto profundiza el modelo de transporte basado en buses, sin responder a una necesidad real de la ciudad, pues la capacidad proyectada —más de 15.000 pasajeros/hora/sentido— no se ajusta a la demanda estimada.
Sánchez denunció un fuerte impacto ambiental: el trazado afectará más de 3.000 árboles, incluyendo especies de gran porte con funciones ecológicas clave. Solo en el tramo norte (calles 99 a 200) se autorizó la tala de 606 árboles y el traslado de 555 más, con tasas de mortalidad que podrían alcanzar hasta el 70%. Esta pérdida implica la desaparición de servicios ecosistémicos acumulados durante décadas, cuestionando la coherencia de una obra “verde”.
Detalles de los retrasos y cronogramas alterados
Finalizada la primera semana de trabajos en el costado occidental de la Séptima, entre calles 121 y 119, se concluyó la prospección arqueológica sin hallazgos relevantes. Inmediatamente después, se iniciaron actividades de excavación para la zarpa del muro de concreto y nivelaciones. No obstante, los informes presentados en el cabildo revelan que varios tramos del proyecto ya registran retrasos sustanciales incluso antes de la ejecución plena.
En lo contractual, Sánchez denunció prórrogas y sobrecostos que duplican los plazos y trasladan cargas al distrito. Además, persisten incertidumbres técnicas en tramos sin solución definida y predios adquiridos con fines económicos, lo que, a juicio de la cabildante, compromete los principios de eficiencia y prevalencia del interés general.
Detalles de los retrasos:
- El contrato IDU-1739-2023 lleva más de 12 meses y 14 días de retraso en la etapa de preconstrucción, más del doble del tiempo previsto, con el inicio de obras aplazado a noviembre de 2025 y entrega proyectada para marzo de 2029. Lo que implica un desfase de un año y cinco meses respecto al cronograma original.
- El contrato IDU-1727-2023 acumula 14 meses de retraso en preconstrucción y, aunque se prevé iniciar obras en diciembre de 2025, aún no se ha comenzado la fase constructiva.
- El contrato IDU-1740-2023 presenta suspensión y una prórroga de seis meses, con inicio de construcción previsto para el tercer trimestre del año.
De acuerdo con la cabildante del Pacto Histórico, las demoras han provocado modificaciones contractuales y sobrecostos superiores a $75.000 millones en algunos tramos, afectando la eficiencia del gasto público y la planeación de la obra.
Relación con intereses inmobiliarios y cuestionamientos técnicos
El concejal José Cuesta Novoa alertó sobre la relación entre la obra y la expansión inmobiliaria, especialmente el proyecto Lagos de Torca. Según Cuesta, la troncal de TransMilenio por la Séptima responde más a la viabilidad de este desarrollo urbano que a necesidades auténticas de movilidad.
Cuesta señaló que la entrega, supuestamente cívica, de las últimas nueve hectáreas requeridas para el patio-portal de TransMilenio —propiedad de la fiduciaria Lagos de Torca— fue en realidad una decisión orientada a asegurar la rentabilidad del modelo de expansión urbana.
Asimismo, advirtió que priorizar la conectividad vial sobre la ecológica expone a la ciudad a riesgos ambientales, especialmente en materia de seguridad hídrica, y subrayó la falta de alternativas como sistemas férreos o eléctricos, menos lesivos para el entorno.
Afectaciones adicionales y preocupaciones ciudadanas
El proyecto contempla una intervención de 11,56 kilómetros entre las calles 99 y 200, con 14 estaciones, carriles exclusivos tipo BRT, más de 150 buses eléctricos y un patio portal de más de 80.000 metros cuadrados, con una inversión de 1,6 billones de pesos. Se estima beneficiar a 133.000 pasajeros diarios, aunque el concejal Óscar Bastidas cuestionó la falta de claridad en los modelos de demanda y el real impacto sobre el uso del vehículo particular.
Durante la ejecución, prevista por tramos simultáneos durante tres años, se anticipan graves afectaciones a la movilidad. Estudios indican que la velocidad podría reducirse en un 41% y los tiempos de viaje aumentar hasta en un 34% para usuarios del transporte público.
A esto se suman posibles impactos a comerciantes y residentes, pues no existen planes claros de reubicación o compensación, y experiencias recientes muestran caídas de hasta el 50% en ventas en zonas intervenidas.
En términos ambientales, el proyecto prevé intervenir más de 2.500 árboles entre traslados, reemplazos y talas, con tasas de mortalidad estimadas en el 40%. Tampoco existe un balance ambiental completo ni claridad sobre la compensación de la pérdida ecológica. Además, la Empresa de Acueducto advierte que entre el 60% y el 80% de la red matriz de servicios públicos podría requerir intervención, implicando mayores costos y riesgos.
Argumentos oficiales de Bogotá
Según el distrito, el corredor permitirá a habitantes de barrios como El Codito, San Cristóbal, Barrancas y Verbenal reducir sus tiempos de desplazamiento de 65 a 25 minutos en transporte público y duplicar el espacio público de calidad, pasando de 200.000 a casi 400.000 metros cuadrados con nuevas zonas verdes y jardinería.
En el ámbito ambiental, la administración ha señalado en varias ocasiones que se reemplazarán más de 1.500 árboles por 4.300 nuevos, de los cuales más de 4.000 serán especies nativas. Además, se proyecta la generación de 2.000 empleos a lo largo del corredor.
Empero, las críticas sobre retrasos, sobrecostos, impactos ambientales y falta de planificación integral persisten y alimentan la controversia en torno a la verdadera sostenibilidad y pertinencia de la obra. El llamado de los cabildantes es a replantear el proyecto con mayor transparencia, rigor técnico y responsabilidad fiscal, para asegurar que la movilidad de Bogotá avance sin sacrificar el bienestar colectivo ni el entorno urbano.
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