
La movilidad de miles de usuarios que a diario se desplazan entre Bogotá y los municipios de la Sabana Occidente como Subachoque, El Rosal y Facatativá enfrenta un momento crítico. La posible reubicación de las flotas de buses intermunicipales que operan en el corredor de la Calle 80 encendió las alarmas entre autoridades municipales, empresas de transporte y usuarios.
Según la advertencia de los alcaldes de Subachoque, El Rosal y Facatativá, el traslado de la operación a la Terminal del Salitre podría provocar un incremento tarifario de hasta el 40% en los pasajes, que se sumaría al ajuste del 17% ya aplicado en enero de 2026.
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Lo anterior supondría un fuerte golpe al bolsillo de los usuarios habituales, muchos de los cuales dependen de la integración tarifaria y logística que ofrece actualmente el Portal 80 con el sistema TransMilenio. Además, los mandatarios locales alertan que esta medida rompería la conexión directa con el Sitp y expondría a los pasajeros a mayores riesgos de inseguridad y congestión.

Un corredor estratégico en jaque
El corredor de la Calle 80 es una arteria vital para la movilidad regional. Desde el Portal 80, operan servicios intermunicipales hacia destinos como Cota, Chía, Tenjo, Mosquera, Madrid, Facatativá, El Rosal, Funza y Subachoque, además de rutas hacia La Vega, Villeta, Supatá y San Francisco.
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También existen paraderos exclusivos sobre la Calle 80 para rutas específicas, como las de La Pradera, Subachoque, El Rosal y Facatativá, que en horarios pico no ingresan al Portal 80 (de 6 a. m. a 12 p. m.).
La congestión en la Calle 80 y sus alrededores es una preocupación recurrente. Ingresar o salir de Bogotá por esta vía puede tomar hasta dos horas en horas pico para recorrer apenas siete kilómetros, en parte debido a la falta de nuevas vías y a la cultura de parqueo indebido por parte de conductores y empresas intermunicipales. Es común ver buses estacionados ocupando uno y hasta dos carriles por sentido, lo que solo se corrige cuando hay operativos de tránsito.
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Problemas identificados y acciones en marcha
La Secretaría Distrital de Movilidad reconoció la gravedad de la situación y detalló que actualmente el Portal 80 tiene una capacidad máxima de 54 vehículos intermunicipales por hora, pero el flujo real supera los 100 vehículos por hora, generando sobrecarga y caos operativo. Además, se ha registrado el ascenso y descenso de pasajeros en lugares no autorizados, sobreoferta vehicular y riesgos de siniestros viales, especialmente por el cruce de usuarios en zonas inseguras.
Ante este panorama, la entidad realizó tres mesas de trabajo con las empresas transportadoras (Flota Santafé, Águila, Cootransrosal, Expreso La Sabana, entre otras) y las alcaldías municipales involucradas. Se han socializado alternativas para reducir la congestión, mejorar la seguridad en paraderos y optimizar la regulación vehicular.
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Asimismo, está programada una reunión clave para el lunes 20 de abril con municipios y autoridades distritales, donde se espera definir acciones temporales y evaluar las más viables antes de tomar decisiones definitivas.

A la fecha, no se han definido las medidas concretas a implementar. La Secretaría de Movilidad enfatizó que cualquier acción será reglamentada mediante acto administrativo solo tras medir el impacto y la efectividad de las soluciones consensuadas.
Riesgos para los usuarios y el sistema
Las empresas de transporte advierten que, de quedar fuera del Portal 80, los usuarios tendrían que hacer transbordos en paraderos de vía pública, lo que aumenta su exposición a la inseguridad y dificulta el acceso a rutas integradas de TransMilenio. Además, el traslado a la Terminal del Salitre incrementaría significativamente el costo del pasaje, afectando la economía de quienes más utilizan estos servicios.
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El problema se agrava por la sobreoferta y el desorden operativo, que derivan en ocupación indebida de la calzada y mayor congestión en corredores como la Avenida Boyacá y la Avenida La Esperanza. El distrito reconoció que la solución pasa por una coordinación técnica y política entre Bogotá y los municipios vecinos, así como por una regulación más estricta del parqueo y la operación en vía.
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