Sigue el escándalo de Silvia Gette y la Universidad Autónoma del Caribe: Tribunal de Barranquilla dio una nueva orden

Un tribunal de Barranquilla decidió suspender en forma inmediata el reintegro de Silvia Gette Ponce a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, apenas seis días después de que un fallo previo le restituía sus derechos sobre el cargo.

Esta acción judicial, adoptada el martes 14 de abril, detiene temporalmente la reincorporación de Gette, que había sido reconocida el 8 de abril por otro juzgado como víctima en un proceso por presuntas irregularidades internas que datan de 2013.

El dato diferencial en esta batalla judicial se encuentra en la argumentación del abogado Carlos Felipe Morales Guerrero, representante de víctimas del Ministerio de Educación Nacional.

Morales sostuvo que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla “carecía de competencias para tomar las medidas ordenadas” en el fallo anterior, una postura que fue aceptada por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, como consta en el auto judicial citado en el expediente.

Este tribunal admitió el recurso de tutela, radicado el 10 de abril, solicitando la protección del derecho fundamental al debido proceso.

El juez encargado señaló en su auto la necesidad de evitar un perjuicio irremediable y advirtió sobre la “posible configuración de irregularidades relevantes desde el punto de vista constitucional” al analizar el fallo que habilitaba a Gette Ponce a regresar a la universidad.

La sentencia precisa que la medida se mantendrá “hasta tanto no se resuelva de fondo la presente acción de tutela o, en su defecto, el recurso ordinario interpuesto contra dicha providencia”.

El Juzgado Segundo Penal Municipal había decretado el 8 de abril mediante el proceso radicado con el número 08001-61-25-724-2017-00782 que Silvia Gette Ponce fue apartada de la rectoría mediante procedimientos que contradecían los estatutos universitarios, motivo por el cual le restableció el derecho a ocupar el cargo en propiedad.

En la decisión, el despacho consideró que el nombramiento de Ramsés Vargas Lamadrid como rector en 2013 estuvo viciado, destacando la existencia de inconsistencias en actas y estatutos del Consejo Directivo que sirvieron de soporte para su designación.

Según la investigación de la Fiscalía, la designación habría desconocido disposiciones internas de la universidad, entre ellas la obligación de que el vicerrector asumiera la rectoría en ausencia de la titular.

Así mismo, el ente acusador sostuvo que, en lugar de seguir este procedimiento, se recurrió a la manipulación de documentos y decisiones del consejo directivo.

Por estos hechos, Ramsés Vargas Lamadrid y varios miembros del órgano directivo recibieron imputaciones por fraude procesal y falsedad en documento privado, aunque no aceptaron los cargos.

El caso también identificó a la propia universidad y a Silvia Gette como presuntas víctimas. Gette sostuvo siempre la ilegalidad de su salida y cuestionó las actuaciones administrativas y judiciales durante el periodo en disputa. El proceso se inscribe en una etapa amplia de investigaciones sobre manejo institucional y decisiones internas previas.

Entre tanto, en el auto del martes 14 de abril, el juez advirtió que Silvia Gette, “registra una condena penal por el delito de abuso de confianza calificado y agravado”. Este elemento fue señalado como clave en el análisis de proporcionalidad ante el posible regreso de Gette a la rectoría, en particular por su repercusión sobre los intereses institucionales frente a derechos individuales.

Del mismo modo, la suspensión del fallo deja en suspenso la restitución de Silvia Gette hasta que la justicia resuelva de fondo la acción de tutela presentada por el Ministerio de Educación Nacional. En consecuencia, cualquier efecto derivado del fallo del 8 de abril, incluida la nulidad de actos administrativos internos de la universidad, queda anulado temporalmente.

Hasta la fecha, ni el Ministerio de Educación Nacional ni Silvia Gette Ponce han emitido pronunciamiento público sobre la nueva determinación judicial.

Así mismo, las pesquisas han abarcado no solo la disputa sobre la rectoría, sino también el manejo general de recursos y procesos internos en la Universidad Autónoma del Caribe durante ese periodo.