Pese a que un juez lo multó, Gustavo Petro arremetió de nuevo contra directivo de Coosalud y lanzó pullas contra Andrés Pastrana y Francisco Santos: “Es un corupto”

El presidente Gustavo Petro manifestó su rechazo ante la decisión emitida por un juez administrativo de Bogotá que le impuso una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente 26 millones de pesos) por desacato a una sentencia judicial.

La orden, emitida el 14 de abril de 2026, señala que el mandatario colombiano incumplió un fallo que le ordenaba retractarse públicamente de acusaciones sin fundamento dirigidas contra Jaime Miguel González Montaño, directivo de la EPS Coosalud, tras calificarlo como ‘bandido y corrupto’, y atribuirle el aumento de la deuda de la entidad.

La resolución judicial reafirma la obligación de las figuras públicas de proteger el derecho al buen nombre y la honra, especialmente en medio de disputas con alta repercusión política.

Ante la decisión judicial, el jefe de Estado, lejos de pedir disculpas al directivo, volvió a considerarlo con el término mencionado y aprovechó para criticar a los miembros de la junta directiva de la EPS, a quienes pidió que fueran procesados por la Fiscalía General de la Nación.

“El señor ex gerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

En su mensaje en redes sociales, Petro argumentó que una auditoría forense respaldaba sus afirmaciones contra los directivos de dicha entidad, e insistió en que no dejará de denunciar hechos que considera como robo a la salud, sin importar si se le imponen sanciones como multas o procesos judiciales, recordando episodios similares vividos tras su paso por la alcaldía.

“La auditoria forense demostró que efectivamente como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos (...) Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía (de Bogotá), pero no me callaré ante el robo de la salud”, cuestionó.

En su publicación, Petro también mencionó a miembros de la junta directiva de otras EPS, como Saludcoop, y a figuras reconocidas como el expresidente Andrés Pastrana, y a Rafael Santos, hermano del expresidente Juan Manuel Santos, aunque en su escrito lo confundió con el exvicepresidente Francisco Santos.

“Que responda el hermano de Pacho Santos y el expresidente Andrés Pastrana, miembros de la junta de Saludcoop porque autorizaron el préstamo leonino al gerente González y porque el juez no leyó el informe de auditoría forense hecho a Saludcoop que me da la razón“, concluyó.

Contexto de la pelea

La tutela que originó la actual sanción había sido emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de noviembre de 2025, dando un plazo de cinco días al presidente para que ofreciera excusas por las expresiones consideradas difamatorias.

Dicha intervención judicial se produjo después de que, en diciembre de 2024, el presidente Gustavo Petro denunciara que Coosalud habría facilitado el desvío de más de $221.000 millones de pesos al emplear recursos públicos como garantía de un crédito privado a una firma vinculada a González.

El presidente detalló que el impago implicó el embargo de fondos destinados a la salud nacional y señaló además que algunas transferencias terminaron en instituciones con sede en paraísos fiscales. Entre sus afirmaciones más destacadas figura la acusación textual: “se robaron la plata”.

Esta serie de acusaciones derivó en una intensa defensa por parte de González Montaño, quien, a través de una acción de tutela, alegó la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia y calificó los señalamientos presidenciales como “mentiras y falsedades”.

La junta directiva de Coosalud apoyó la transparencia de la gestión de González durante sus casi 30 años al frente de la empresa e insistió en que “no existen pruebas del desvío” reseñado por el presidente.

El proceso evidenció persistencia en el desacato por parte de Gustavo Petro. El 26 de enero de 2026, el juzgado ya había cursado un requerimiento al jefe del Estado para que diera cuenta del cumplimiento de la orden judicial, otorgándole 48 horas para explicar en qué consistiría la reparación exigida.

El tribunal señaló que no se aportó prueba alguna de que el presidente publicara las disculpas en la red social X ni que realizara una intervención pública equivalente, como sí lo había dispuesto la sentencia original. La falta de acción desencadenó la apertura formal del incidente de desacato y, finalmente, la multa.

La disputa entre la presidencia y la exgerencia de la EPS Coosalud ya impacta en la percepción pública sobre el manejo de fondos en el sistema de salud y demuestra la repercusión de los pronunciamientos institucionales cuando comprometen la reputación de funcionarios de alto nivel.