Revelaron la minuta de la guardia en la cárcel de Itagüí durante la fiesta con el cantante Nelson Vásquez: “No se registró ingreso de vehículos, logística ni músicos”

La difusión de la supuesta minuta oficial del penal de Itagüí, tras la polémica fiesta vallenata en la cárcel La Paz, revela el ingreso irregular de licor, tecnología y armas.

En los videos se observa la entrada del cantante Nelson Velásquez, en un evento organizado por cabecillas de estructuras criminales recluidos en el establecimiento. El caso ha generado serios cuestionamientos sobre la gestión y los controles en el centro penitenciario.

El concejal de Medellín Andrés Tobón denunció en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que el registro de ese día no reporta el ingreso de músicos, equipo logístico ni el número real de visitantes presentes durante el evento.

La minuta correspondiente al 8 de abril en la cárcel de La Paz en Itagüí evidencia la ausencia total de anotaciones sobre la entrada de artistas, logística o menores de edad durante la celebración musical.

Así lo indica la denuncia de Tobón, que resalta graves irregularidades en la administración del penal, donde se encuentran internos vinculados a las principales bandas criminales de Medellín.

El análisis del documento revela que, pese al desarrollo de la fiesta vallenata, las autoridades no dejaron constancia del ingreso de visitantes ni de equipamiento especial.

Según la denuncia presentada por el concejal y recogida por Semana, este vacío en los registros expone serias fallas en el control, lo que podría abrir la puerta a actos de corrupción o complicidad dentro del penal.

Irregularidades en el ingreso de visitantes y músicos

Tobón detalló a Semana que los encargados de la seguridad en la cárcel no documentaron el ingreso de vehículos, equipos logísticos ni del personal artístico.

Destacó: “No registraron ningún vehículo, no registraron ningún elemento en materia de logística, no registraron en el ingreso de los músicos”.

El concejal subrayó que esta omisión permitió la entrada de al menos 138 visitantes, entre ellos, ocho menores de edad sin registro documental. Comparó la falta de registro con una omisión deliberada en el control de ingreso, lo que multiplica las sospechas de falta de transparencia.

También se menciona la presencia no verificada de personas externas, lo que aumenta las preocupaciones sobre la permisividad del control carcelario.

Acusaciones sobre complicidades e instalaciones especiales para internos

De acuerdo con Tobón, existen indicios de que el personal penitenciario permitió el ingreso irregular de personas a cambio de pagos.

Señaló que “aparentemente se estaría cobrando 1 millón de pesos por parte del personal de guardia y por parte también de una vinculación aparente con Douglas para que no quedara ningún registro ni ningún tipo de verificación”.

En la denuncia también se destaca la existencia de un apartamento anexo para recluso. Este espacio, construido exclusivamente para alias Douglas, presunto cabecilla de la Oficina y actualmente condenado por secuestro, se ubica fuera de los patios normales del penal, lo que evidencia un trato preferencial para internos de alto perfil.

Dichas revelaciones apuntan a una posible red de sobornos y privilegios, donde funcionarios y reclusos establecerían acuerdos que exceden los límites legales del sistema penitenciario colombiano.

Reacciones y consecuencias políticas tras el escándalo

La secuencia de irregularidades documentada por Tobón desencadenó repercusiones inmediatas a nivel nacional. El presidente Gustavo Petro ordenó detener el proceso de paz con los voceros criminales involucrados y dispuso el traslado de los internos implicados.

El hecho salió a la luz un día después de la visita de la senadora Isabel Zuleta, quien participó en una rueda de prensa previa al evento. Tobón sumó estos elementos a su denuncia y reiteró la necesidad de soluciones reales ante la gravedad de la situación.

El concejal cerró sus declaraciones recordando que la solución exige acciones contundentes: solo medidas firmes y efectivas podrán restaurar la legalidad y confianza en la cárcel de Itagüí.

Las denuncias resaltan la urgencia de una intervención profunda en la administración penitenciaria y el establecimiento de responsabilidades para todos los involucrados.