
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó públicamente la idoneidad del nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, al afirmar que “no es la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no”, refiriéndose a la capacidad financiera del sistema para sostener los pagos por salud.
Jaramillo subrayó que tales conceptos deben ser emitidos exclusivamente por equipos técnicos especializados del Ministerio de Salud y no por el funcionario a cargo de la intervención, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.
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El señalamiento de Jaramillo contra Ospina se produjo después de que este último declarara que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el monto que recibe cada Entidad Promotora de Salud (EPS) por afiliado— “no era suficiente” para cumplir con las obligaciones del sistema.
Ante dicha afirmación, el ministro respondió: “Trabajo es lo que tiene y debe comenzar a administrar adecuadamente la Nueva EPS y no ponerse a decir cosas que no le corresponden”.
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Esta crítica abierta se produjo en un momento de extraordinaria tensión en el sistema de salud colombiano. Jaramillo sostuvo que, en los últimos ocho años, las exenciones tributarias atribuidas a los empresarios y gestionadas por diversos gobiernos han generado un déficit de 51 billones de pesos, monto que, según el ministro, ha debido ser cubierto por el presupuesto general de la nación.
El funcionario aseguró también que, en solo dos años, 150 empresas del sector salud —casi todas de naturaleza privada, según Jaramillo— obtuvieron utilidades superiores a $12 billones, aun cuando sostienen estar al borde de la quiebra.
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Mientras Ospina, el nuevo interventor designado por el presidente Gustavo Petro, manifestó que los fondos no alcanzan, Jaramillo refutó esa postura y recalcó que solo los equipos profesionales del Ministerio están facultados para evaluar el equilibrio financiero del sistema y emitir juicios técnicos al respecto. Esta divergencia agudiza el debate sobre la gestión y reestructuración del sistema de salud nacional.

Así mismo, el ministro Jaramillo defendió el nombramiento de Ospina como interventor, frente a cuestionamientos que señalaban su falta de formación técnica específica. El jefe de la cartera de salud argumentó que la selección se basó en la experiencia de Ospina como administrador del Hospital Universitario de Cali, que, según su opinión, atravesaba una crisis y fue rescatado bajo la gestión del exalcalde.
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“Él sabe administrar, pero no puede conceptuar sobre la UPC, porque ese es un tema bastante complejo y delicado. Él no puede opinar sobre eso”, insistió el ministro.
La llegada de Ospina a la dirección de la entidad, una de las principales prestadoras del sistema, tuvo lugar en medio de críticas de la oposición, que interpretó el nombramiento como una decisión política y no técnica. Jaramillo abordó este punto señalando que la intervención de la Nueva EPS fue adoptada en un contexto de urgencia, con el objetivo de evitar la liquidación total de la entidad y preservar la cobertura de los usuarios.
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El ministro advirtió que actualmente 26 de 28 EPS están técnicamente en condiciones de liquidación, debido a carencia de capital, patrimonio y reservas legales, condición que, por ley, debería impedirles administrar recursos públicos. El ministro sostuvo que el gobierno actual ha buscado sostenerlas a la espera de una reforma estructural que, tras múltiples debates, aún no ha logrado la aprobación del Congreso.
Según lo expuesto por Jaramillo, el colapso financiero de las EPS es, en parte, resultado de “ineficiencia e irregularidades”, con denuncias sobre la facturación de servicios a personas ya fallecidas y pagos por medicamentos a precios superiores a los regulados. El ministro presentó cifras: solo en cuatro años se identificaron más de $4 billones en pagos irregulares, y hasta la fecha permanecerían sin explicar $11 billones detectados por la Procuraduría y $2,7 billones identificados en el último informe, que están bajo investigación judicial.
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El ministro fue enfático al afirmar: “Todas las EPS están para liquidación. No cumplen ni con capital, ni con patrimonio, ni con reservas”. Reiteró que los recursos públicos deben ser administrados con rigor, y que el Estado ha incrementado significativamente su aporte: el presupuesto de salud creció más de un 80% en términos nominales y 50% en cifras constantes en los últimos años; la UPC aumentó un 28% en términos reales, llegando a absorber el 1,2% del Producto Interno Bruto.
El debate sobre la suficiencia de la UPC motivó también la intervención de la Corte Constitucional, que citó a Jaramillo para explicar si los recursos actuales resultan adecuados para cubrir las prestaciones sanitarias.
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Sobre este punto, el ministro insistió en que los informes de las EPS no reflejan la verdadera eficiencia en la administración de los recursos y responsabilizó a las empresas del sector por la falta de pagos a hospitales públicos y clínicas no vinculadas a sus propias redes sociales.
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