Gustavo Petro volvió a pedir ajustar el predial: menos carga para campesinos y estratos bajos, y mayores tarifas para grandes propietarios y élites

El presidente Gustavo Petro reiteró su postura frente al impuesto predial a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que insistió en que este tributo debe aplicarse con criterios de equidad y progresividad.

En su pronunciamiento, el mandatario advirtió que “para que la gente propietaria de los estratos 1, 2 o 3 (…) o los campesinos (…) no les pongan (…) exagerados impuestos prediales”, es necesario que los concejos municipales establezcan tarifas diferenciadas.

En esa línea, subrayó que “los más ricos” deben asumir las tasas más altas, mientras que los sectores de menores ingresos deben pagar menos, e hizo un llamado a evitar abusos en medio de la actualización catastral.

Petro también alertó sobre posibles maniobras de grandes propietarios, al señalar que no se debe permitir que “ricachos usando paisajes, tierra fértiles o lotes de engorde (…) pongan a los campesinos de carne de cañón para no pagarle los impuestos”.

El mandatario fue enfático en que los grandes actores económicos deben aportar más a las finanzas locales. “Los hacendados y las grandes plantaciones y condominios de lujo deben pagarle predial a los municipios”, afirmó, destacando que estos recursos son fundamentales para mejorar servicios básicos como agua potable, educación, salud y vías rurales.

Asimismo, lanzó una advertencia directa a los mandatarios locales, al asegurar que “alcalde que (…) ponga mucho impuesto predial a los campesinos para desalojarlos (…) pueden salir de su puesto”, al considerar que estas acciones vulneran el acuerdo de paz y afectan el orden público.

Finalmente, el jefe de Estado recordó que “ni un peso del predial va a la nación, todo se va al municipio”, e insistió en que los concejos deben aprobar esquemas en los que “los de menos ingresos pagan menos predial y los grandes hacendados (…) deben pagar más”, reforzando su llamado a una distribución más justa de la carga tributaria en el país.

Sus declaraciones se producen en medio de un creciente malestar social por la actualización del avalúo catastral adelantada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que ha dejado en evidencia un rezago de más de dos décadas en varias regiones rurales de Colombia.

El proceso ha derivado en protestas inéditas y bloqueos en al menos cuatro departamentos, siendo Santander uno de los más afectados. Allí, las manifestaciones han interrumpido corredores estratégicos y generado afectaciones en el aeropuerto Palonegro, con suspensión de vuelos y pérdidas para distintos sectores productivos.

De acuerdo con reportes, se han registrado al menos 16 puntos de bloqueo que afectan las vías hacia Cúcuta, la troncal del Magdalena Medio, Barrancabermeja y Bogotá. En Norte de Santander, cientos de vehículos permanecen represados, con riesgo de pérdidas en productos perecederos.

El origen de la crisis está en el ajuste técnico realizado por el Igac, que, según su director Gustavo Marulanda Morales, evidenció que muchos predios tenían avalúos que apenas representaban el 4% de su valor comercial. “Durante 30 años no se hizo la tarea”, explicó, al referirse al rezago histórico en la actualización del catastro.

Como resultado, se han reportado incrementos abruptos en los avalúos, con casos en los que predios pasaron de 20 millones a 155 millones de pesos, e incluso de 191 millones a más de 2.000 millones.

Esto ha generado recibos del impuesto predial que, según denuncias de campesinos, alcanzan hasta 35 millones de pesos, cifras consideradas impagables.

Desde el Igac se ha defendido el proceso, señalando que se trata de un “sinceramiento” del valor del suelo basado en criterios técnicos como la productividad y vocación de la tierra.

Para ello, la entidad utilizó más de 30 millones de datos de transacciones inmobiliarias, así como información bancaria y registros oficiales, con el fin de reflejar la realidad del mercado.

No obstante, la entidad también ha reconocido problemas en la liquidación del impuesto a nivel municipal.

Aunque existen límites legales —como los establecidos en la Ley 1995 de 2019 y la Ley 44 de 1990— que restringen los incrementos del predial, varias alcaldías no los habrían aplicado correctamente, generando cobros excesivos.

En este contexto, el Gobierno ha convocado mesas técnicas en municipios como San Gil, Barichara y El Socorro para revisar las liquidaciones y corregir inconsistencias.