La posibilidad de que la junta directiva del Banco de la República no pueda reunirse por la ausencia del ministro de Hacienda encendió una alerta institucional. El gerente del emisor, Leonardo Villar, advirtió que esa situación pondría en entredicho la autonomía de la autoridad monetaria y podría obligar a revisar las normas que rigen su funcionamiento.
En una entrevista con Bloomberg Línea, el directivo confirmó que no ha tenido contacto reciente con el ministro Germán Ávila Plazas tras el episodio ocurrido el 31 de marzo, cuando el funcionario abandonó la sesión de política monetaria y posteriormente expresó que no asistiría a futuras reuniones.
“Si se usa para, de alguna manera, extorsionar decisiones y obligar a que las decisiones tengan que ser aquellas que quiere el Gobierno, la independencia estaría en entredicho”, afirmó Villar al referirse a la norma que exige la presencia del ministro para que la junta pueda deliberar.
El gerente explicó que, bajo las reglas vigentes, la reunión programada para finales de abril no podría realizarse sin la participación del jefe de la cartera de Hacienda. “Las reglas actuales exigen que tiene que estar el ministro. En otro caso, no podríamos tener la junta”, indicó.
Ese escenario, según dijo, sería inédito y abriría un cuestionamiento jurídico sobre el decreto que fija el quórum. De acuerdo con Villar, dicha norma ha operado durante más de tres décadas sin inconvenientes, pero podría entrar en conflicto con el mandato constitucional que garantiza la independencia del Banco de la República.
“Si ese decreto se utiliza para impedir el funcionamiento de la junta, habría que revisar si está contradiciendo la Constitución”, sostuvo.
El funcionario también mencionó que ya existe una demanda contra ese artículo, lo que refleja la tensión institucional que se ha generado alrededor del funcionamiento del banco central. En ese contexto, señaló que espera que “prevalezca la sensatez” y que el ministro asista a la reunión.
El episodio ocurre en medio de diferencias entre el Gobierno y la autoridad monetaria sobre el manejo de la política económica. Villar señaló que, más allá del impacto político interno, este tipo de situaciones puede incidir en la percepción externa del país.
Según explicó, la incertidumbre institucional se suma a un contexto en el que el Estado enfrenta mayores costos de financiamiento. Indicó que las tasas de los títulos de deuda pública pasaron de niveles cercanos al 9% a alrededor de 13,6% en un periodo reciente, lo que representa un incremento de aproximadamente 460 puntos básicos.
Además, señaló que el país enfrenta un deterioro en sus cuentas fiscales. El déficit primario, que excluye el pago de intereses, pasó de una proyección cercana a 0,3% del producto interno bruto a un nivel de 3,5%. Ese aumento, afirmó, implica una expansión de la demanda que complica el control de la inflación.
En materia de precios, el gerente reconoció que el panorama se ha vuelto más complejo. La inflación básica —que excluye alimentos y regulados— subió de 4,85% en noviembre a 5,51% en febrero, un incremento de cerca de 66 puntos básicos en pocos meses.
Aunque algunos factores puntuales, como reducciones en combustibles y energía, moderaron el dato general en el corto plazo, Villar advirtió que las presiones subyacentes son generalizadas. “Es un aumento significativo y muy preocupante”, señaló.
Las proyecciones apuntan a que el índice de precios al consumidor cierre 2026 por encima de 6%, lo que implicaría incumplir la meta del 3% establecida por el banco central. Aun así, el funcionario descartó modificar ese objetivo. “No sería correcto cambiar la meta porque no se cumple”, afirmó.
En ese contexto, insistió en que la coordinación entre la política fiscal y la monetaria es determinante, pero subrayó que cualquier intento de condicionar las decisiones del banco afectaría su rol.
“Lo que está en juego es la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma para preservar el poder adquisitivo”, concluyó.
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