
El Gobierno Nacional suspendió de forma inmediata la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales detenidas en la cárcel de Itagüí, luego de que se confirmara la realización de una fiesta con artistas de renombre, acceso a licores y menús exclusivos, un hecho que el propio Ejecutivo calificó como incompatible con cualquier acuerdo para la construcción de Paz Urbana.
La medida responde al escándalo que estalló el 8 de abril de 2026 por el ingreso del cantante Nelson Velásquez y la presencia de equipos técnicos en un penal catalogado como de máxima seguridad.
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El comunicado oficial, fechado en Medellín el 9 de abril y firmado por la Delegación de representantes del Gobierno Nacional para la Construcción de Paz Urbana, enfatizó: “Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”.
De forma paralela, la delegación declaró el respaldo expreso a las medidas adoptadas por la alta dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El comunicado oficial —dirigido a la opinión pública por la Delegación de Construcción de Paz Urbana— aclaró que los hechos denunciados “no hacen parte de las garantías de funcionamiento del Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ)”, el programa estatal para el tránsito de integrantes de estructuras armadas organizadas del crimen al Estado Social de Derecho.
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El Gobierno exigió además total esclarecimiento sobre el papel que pudieron haber tenido los delegados de estas estructuras en la organización o permiso para el espectáculo.
La denuncia sobre la fiesta, revelada por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, incluye la presentación de pruebas que detallan la magnitud del evento. Según expuso Carrasquilla al medio Blu Radio, la celebración habría comenzado a las nueve de la mañana del miércoles anterior, implicando el ingreso de Nelson Velásquez y también de Luis Alfonso Posada, ambos contratados para un concierto privado dentro del establecimiento carcelario.
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El gasto total del festejo habría alcanzado los $500 millones, con pagos de cien millones y cincuenta millones de pesos a Velásquez y Posada respectivamente.

Autoridades penitenciarias confirmaron la realización de este evento sin autorización dentro del marco de funcionamiento normal. La invitación de artistas, sumada al acceso a equipos técnicos, bebidas alcohólicas y menús exclusivos, encendió las alarmas sobre el nivel de permisividad e irregularidad en los controles internos de la cárcel. La información corroborada por el Inpec implicó la apertura de investigaciones para determinar responsables y establecer si hubo connivencia de funcionarios en la organización del festejo.
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Claudia Carrasquilla, desde su cargo de concejal, aseguró en la conversación con el medio de comunicación que la magnitud del evento y la cifra gastada representan “irregularidades en el control y la permisividad dentro de un penal considerado de máxima seguridad”.
La funcionaria sostuvo que recibió la información directamente de fuentes internas, detallando que cada artista habría recibido honorarios considerablemente altos para actuar en este recinto restringido.
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El caso documentado en la cárcel de Itagüí es considerado un incidente de alto impacto por las consecuencias sobre el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, ya que expone fallas en la administración penitenciaria y fuerza al gobierno a frenar las negociaciones en curso hasta nuevo aviso.
La suspensión de la interlocución entre el Gobierno y los voceros de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí pone en primer plano la necesidad de controles más estrictos en los centros penitenciarios y destaca el impacto que situaciones como la denunciada pueden tener sobre iniciativas estatales orientadas a la desmovilización y reintegración social.
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