El Gobierno nacional anunció que, si las medidas actuales para contener la inflación no logran su objetivo, impulsará una nueva ley de financiamiento que reviviría sobretasas al sector financiero junto con un incremento de impuestos a los licores.
Esta estrategia busca responder al desacuerdo con la reciente decisión del Banco de la República de ajustar la tasa de interés al 11,25% desde el primero de abril.
El Ejecutivo sostuvo que endurecer la política monetaria frena el crecimiento económico y solo favorece a los tenedores de deuda pública y al sistema financiero, una posición reiterada en sus declaraciones más recientes, según detalló el presidente Gustavo Petro.
La iniciativa legislativa contemplaría medidas que el Gobierno ya había propuesto en su decreto de emergencia económica de diciembre de 2025, el cual se encuentra suspendido.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la aplicación de una sobretasa del 15% en el impuesto de renta para el sector financiero, lo que llevaría la tarifa total al 50%. Según la información publicada por La República, este ajuste fiscal no solo busca modificar la carga tributaria de este sector, sino redistribuir los beneficios de la actual política económica.
Si la ley es aprobada, se incrementaría de forma significativa la carga impositiva sobre bebidas alcohólicas: el tributo pasaría del 5% al 19% para licores, vinos, aperitivos y bebidas afines.
Además, la normativa incluiría un componente específico de $750 por grado de alcohol y un ad valorem del 30% sobre el precio de venta de estos productos.
Los cambios también afectarían a contribuyentes con grandes patrimonios, ya que se propone una tarifa progresiva de entre 0,5% y 5% para patrimonios líquidos superiores a $2.094 millones.
Así mismo, el ejecutivo estudiaría eliminar la exención de IVA para importaciones de bajo monto —conocidas como “de minimis”— que hoy aplican para compras de hasta USD 200, previendo reducir el umbral a USD 50. Esta medida busca ampliar la base gravable del impuesto al valor agregado en el comercio internacional de bienes, según lo detallado por La República.
Del mismo modo, en el sector extractivo, la ley incluiría un impuesto del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, además de una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos para el ejercicio 2025, destinada al fondo empresarial de la Superservicios.
Otra disposición relevante es la creación de un aporte en especie correspondiente al 12% de la energía vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista.
El presidente Gustavo Petro reiteró su rechazo a la decisión del Banco de la República de fijar la tasa de interés en 11,25%. Según Petro, “el endurecimiento monetario termina favoreciendo a bancos, fondos y aseguradoras, mientras los pobres asumen el costo a través de menores recursos para gasto social, vivienda y actividad productiva”, de acuerdo con sus declaraciones.
El gobierno defiende que el aumento del 23,7% decretado no acelera la inflación, y cuestiona una política que, a su juicio, desalienta la inversión y restringe el crecimiento económico en beneficio exclusivo del sector financiero.
La propuesta legislativa y sus detalles reflejan el giro que la administración busca imprimir al debate económico, planteando reformas tributarias de amplio alcance y un marcado enfoque distributivo, en el marco de sus diferencias de fondo con la política monetaria actual.
Presidente Petro propone nueva ley de financiamiento en respuesta a crisis fiscal
El presidente Gustavo Petro anunció la urgencia de presentar una nueva ley de financiamiento debido a la crisis fiscal, advirtiendo que, si el Congreso la rechaza, recurrirá a decretar otra emergencia económica.
Esta iniciativa se plantea en un contexto adverso: quedan menos de dos meses de legislatura, el ambiente político está marcado por la campaña presidencial y ya fracasaron dos intentos previos de reforma tributaria durante este gobierno.
El Partido Conservador, entre otros sectores, expresó su rechazo a la propuesta, calificándola como una medida orientada a aumentar impuestos con motivaciones electorales.
El representante Óscar Darío Pérez del Centro Democrático afirmó que “no le veo ninguna posibilidad de triunfo en el Congreso. Al menos en el actual Congreso (...). Ya el congreso ha tomado partido en esas materias, negando dos veces”.
Entre los puntos controversiales, se menciona la imposición de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y el posible descenso del umbral para ser contribuyente, además de gravámenes al consumo de licores, cigarrillos y cervezas.
Por su parte, la representante María del Mar Pizarro, del Pacto, sostuvo que la discusión es relevante dada la presión económica y la falta de equidad en la distribución de la carga tributaria, aunque reconoció el complejo panorama para aprobar la ley. El calendario legislativo actual y la atención puesta en la campaña electoral limitan las posibilidades de avanzar con una reforma de este tipo.
Hasta el momento, solo una reforma tributaria del actual gobierno logró convertirse en ley; las siguientes fueron rechazadas, lo que incrementó el déficit fiscal y llevó al uso de decretos de emergencia económica, varios de los cuales la Corte Constitucional suspendió.
El presidente acompañó su anuncio con críticas al Banco de la República por el aumento de tasas de interés, que, según él, encareció el servicio de la deuda y restringió recursos sociales. El exministro José Antonio Ocampo y José Ignacio López, presidente de Anif, señalaron que el gobierno sobreestimó ingresos y expandió el gasto sin eficiencia, afectando negativamente al recaudo tributario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que la ley de financiamiento se presentará el 20 de julio, reconociendo un faltante fiscal agravado por la negativa a las reformas anteriores y la suspensión de la emergencia económica. La situación parece preparar el debate para el próximo Congreso o justificar una nueva declaración de emergencia económica.
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