Las autoridades colombianas lograron el traslado a su territorio de uno de los exjefes paramilitares más buscados, luego de un extenso proceso de cooperación internacional. Víctor Julio Almanza Mape, conocido como “Ramoncito”, fue extraditado desde Venezuela tras pasar años en prisión fuera del país.
El proceso culminó tras la captura de Almanza Mape en Venezuela, donde permaneció privado de la libertad desde 2016. El exjefe paramilitar figuraba en el cartel de los más buscados y acumulaba 16 órdenes de captura vigentes. La recompensa ofrecida por información que permitiera su captura alcanzó los $200 millones.
Cargos y antecedentes de alias Ramoncito
La justicia colombiana lo requiere para el cumplimiento de una condena de 370 meses de prisión, dictada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Villavicencio. Las investigaciones lo ubican como mando medio en el Bloque Guaviare de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y posteriormente vinculado a estructuras bajo el mando de Pedro Oliveiro Guerrero, conocido como “Cuchillo”.
Entre los delitos que se le atribuyen destacan homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura.
¿Por qué estaba siendo buscado Víctor Julio Almanza Mape?
Alias Ramoncito fue señalado como responsable de ordenar ejecuciones de ciudadanos acusados sin pruebas de colaborar con la guerrilla, incluyendo el uso de métodos violentos como tortura y degollamiento. Las víctimas eran inhumadas en fosas comunes, y los hechos eran coordinados con otros cabecillas y bandas urbanas para asegurar la ejecución de los delitos.
La extradición se produce tras años de evasión de la justicia colombiana. Almanza Mape fue capturado en el estado Trujillo, Venezuela, el 10 de julio de 2016 y permaneció en el Centro Penitenciario Rodeo II hasta la finalización del proceso.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia encabezó las gestiones con su par venezolana para concretar la extradición. Este procedimiento se enmarca en los mecanismos de cooperación policial internacional, con el objetivo de poner a disposición de las autoridades judiciales nacionales a quienes son responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Fuentes policiales aseguraron que la extradición de Almanza Mape reafirma el compromiso institucional para “evitar que delitos de esta naturaleza queden en la impunidad”.
De esta forma, las autoridades colombianas buscan que el exjefe paramilitar rinda cuentas ante la justicia por los hechos investigados y cumpla la condena impuesta por los tribunales del país.
Fiscal calificó como “delirante” el supuesto pacto con la Dirección de Inteligencia para no extraditar a ‘Papá Pitufo’
En medio de un creciente escándalo sobre la supuesta existencia de un acuerdo institucional para evitar la extradición de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo desestimó categóricamente las versiones que apuntan a un pacto entre la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia Nacional para eludir la repatriación del llamado “zar del contrabando”.
Camargo calificó de “delirante” tal hipótesis y señaló que la responsabilidad de tramitar la extradición de Marín Buitrago no recae en el organismo a su cargo, sino en el Ministerio de Relaciones Exteriores, según declaró a Caracol Radio. La controversia se intensificó tras la difusión de audios por parte de Noticias Caracol, medio que reveló supuestas negociaciones entre funcionarios del Estado y el entorno de Marín.
En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro reforzó públicamente la gravedad de la situación. En un extenso comunicado divulgado el 6 de abril, Petro afirmó: “El que no esté el señor Marín en Colombia, encarcelado, es un acto de corrupción oficial y gubernamental”.
Según el jefe de Estado, existen pruebas de intentos por parte de funcionarios de inteligencia y agentes de la Fiscalía para obtener beneficios económicos de la red criminal dirigida por Marín, quien permanece en libertad en Portugal. Petro sostuvo que el acusado habría conseguido infiltrarse en instituciones estatales a lo largo de casi cuatro décadas, una problemática que, según su versión, involucra a gobiernos anteriores.
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