En medio de protestas y llamado a paro nacional, el director del Igac aclaró que está pasando con los avalúos catastrales: “El municipio determina la tarifa”

La reciente actualización de los avalúos catastrales en Colombia ha provocado protestas por el aumento del impuesto predial, situación que llevó a Gustavo Adolfo Marulanda Morales, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), a explicar el alcance y la legalidad de los incrementos en una entrevista con Blu Radio.

Según detalló el medio radial, habitantes de diferentes regiones reportaron alzas que superan ampliamente los límites legales, generando bloqueos y reclamos en distintas localidades.

Marulanda reconoció que existen municipios donde no se había actualizado el avalúo catastral por más de 30 años, lo que provocó una brecha considerable entre el valor fiscal de los predios y su valor comercial.

“Teníamos predios con una relación del 4 al 3% entre el avalúo catastral y el comercial”, señaló el funcionario.

El director del Igac enfatizó que, aunque la actualización era necesaria, la ley protege a los contribuyentes: “El techo de crecimiento del impuesto predial no puede ser superior al 50% respecto de lo pagado el año anterior para el 98% de los predios”.

El directivo explicó que la responsabilidad del cálculo y cobro del impuesto predial corresponde a cada municipio, mientras que el Igac define los avalúos.

“El municipio determina la tarifa, los descuentos y liquida el impuesto”, aclaró Marulanda. Indicó además que las administraciones locales deben verificar que el incremento no sobrepase los topes establecidos en la normativa vigente.

Frente a testimonios de ciudadanos que denunciaron cobros hasta seis o siete veces superiores, Marulanda aseguró que “eso no puede pasar” y anunció que se comunicará directamente con las alcaldías implicadas para revisar los procedimientos.

“El alcalde y la secretaria de Hacienda tienen que garantizar que el cobro no exceda los límites previstos. Vamos a instruirlos sobre las normas que ha emitido el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda”, indicó.

En cuanto a los pasos a seguir para quienes recibieron cobros superiores a lo permitido, Marulanda recomendó revisar el recibo y, si el monto supera el límite legal, pedir la revisión de la liquidación ante la administración municipal.

“Si un predio de menos de 100 hectáreas pagó 300 mil pesos el año pasado, el máximo este año debe ser 450 mil pesos”, precisó el director del Igac. Aseguró que las normas actuales “siguen protegiendo el bolsillo de los contribuyentes”.

El medio citado consultó además sobre si los ciudadanos pueden abstenerse de pagar mientras se resuelve su caso. Marulanda insistió en que, aunque el tributo depende del municipio, el Igac está dispuesto a revisar el avalúo si existe una inconsistencia.

“Si el avalúo catastral baja, en la mayoría de los casos el impuesto bien liquidado no se reducirá más allá de los topes legales”, explicó el funcionario.

El director del Igac detalló que, además de los límites al alza del predial, los municipios pueden aplicar descuentos por pronto pago y otros beneficios definidos en sus estatutos tributarios.

En ciudades como Bogotá, esos descuentos pueden llegar al 15%, mientras que en otras localidades alcanzan hasta el treinta por ciento. “Los contribuyentes todavía tienen tiempo para pagar con rebaja, según el calendario tributario de cada municipio”, afirmó Marulanda.

Respecto a la metodología de los avalúos, el funcionario explicó que se realizaron estudios técnicos sobre la capacidad productiva y la vocación de los suelos, siguiendo la Ley 101.

“No improvisamos. Llevamos más de tres años actualizando las zonas homogéneas de tierra para saber cuál es la capacidad productiva de cada área”, sostuvo. Recalcó que el valor del suelo varía según la región y su uso, y que el proceso fue consultado con gremios como Fedepalma y la Federación de Ganaderos.

A raíz de las quejas, el Igac emitirá resoluciones específicas para ajustar valores en algunos municipios donde se detectaron inconsistencias.

“En municipios como Barichara, se identificaron rondas hídricas no demarcadas. Al corregir esa información, el valor del predio disminuye”, explicó Marulanda. Expresó que “en algunos casos los ciudadanos o los alcaldes han demostrado inconsistencias y las hemos ajustado sin inconvenientes”.

El funcionario subrayó que, aunque la actualización de avalúos era necesaria tras décadas de rezago, el proceso se ha realizado conforme a la ley y con mecanismos de protección para los propietarios. Además, anunció una próxima mesa de trabajo con alcaldes y veedurías ciudadanas para revisar casos concretos y resolver dudas sobre el procedimiento.

Marulanda afirmó que el organismo continuará supervisando el proceso y colaborando con los municipios para garantizar que los cobros del impuesto predial se ajusten a la normativa y a la realidad de cada predio.