Una nueva crisis sacudió al sistema penitenciario de Colombia luego de que Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, presentara pruebas de una fiesta de alto costo realizada en la cárcel de Itagüí con la participación del cantante Nelson Velásquez.
La celebración incluyó la entrada de equipos técnicos, licores y menús especiales, con un gasto total estimado de $500 millones. La denuncia apunta a irregularidades en el control y la permisividad dentro de un penal considerado de máxima seguridad.
Según detalló Carrasquilla al medio Blu Radio, la fiesta se desarrolló el miércoles anterior, comenzando a las nueve de la mañana con el ingreso no solo de Velásquez, sino de Luis Alfonso Posada, ambos contratados para ofrecer un concierto privado. De acuerdo con la información recibida desde fuentes internas de la cárcel, al cantante Velásquez se le pagaron cien millones de pesos, mientras que a Posada le correspondieron cincuenta millones.
En el operativo de celebración, funcionarios permitieron la entrada de todo el equipo técnico necesario, alimentos de alto nivel y bebidas alcohólicas, elementos inusuales y prohibidos en contextos carcelarios, incluso, “mujeres, prepago”. Carrasquilla sostuvo que este nivel de permisividad solo es posible bajo la anuencia de personal interno.
“Se permitió la entrada de todo el menú, el menaje que se necesita para ofrecer los diferentes menús que allí tenían, al igual que el licor que se ingresó también al establecimiento penitenciario. Y todo eso es lo que suma los $500 millones”, aseguró la concejal al medio radial.
En la jornada participaron entre ochenta y cien personas, según fuentes internas citadas por la funcionaria. Esta cifra resulta relevante ya que, explicó Carrasquilla, los miércoles bajo acuerdos vigentes con el Gobierno Nacional, se permite el ingreso de hasta tres visitantes por persona privada de la libertad, lo que posibilitó el acceso masivo de invitados. No existen registros oficiales de todas las personas que ingresaron, cuestión que, según la concejal, resulta particularmente grave.
El teniente Ciprián, bajo sospecha y un director apartado
La acusación más delicada de Carrasquilla recae sobre la cadena de mando del penal. Según relató, el encargado de autorizar el ingreso de los músicos y demás invitados fue un teniente de apellido Ciprián.
“Ese teniente Ciprián estuvo involucrado en la salida de las nueve personas en el tarimazo el 21 de junio y casualmente estaba nuevamente encargado de la vigilancia y custodia, que son los que permiten el ingreso o salida de personas en el penal. Y él es el que autoriza el ingreso de Nelson Velásquez y las demás personas sin el registro, porque no están registrados”, declaró durante la entrevista en Blu Radio.
Para la concejal, la reciente decisión de separar del cargo al mayor Pérez, que llevaba dos meses al frente de la cárcel de máxima seguridad, resulta injusta: “Sacaron al que no era, porque él no estaba en esto de Itagüí”, afirmó, al tiempo que cuestionó por qué el teniente Ciprián, involucrado en episodios previos de irregularidades y señalado en denuncias anónimas por recepción de dinero, permanece en funciones.
Carranquilla confirmó que ya realizó los trámites formales requeridos para que la autoridad penitenciaria y la Fiscalía respondan sobre la falta de registros. Detalló que la Fiscalía investiga el papel del teniente en hechos similares bajo la anterior directora del penal y la posible recepción de sobornos.
Fuentes al interior del penal le transmitieron imágenes, fotografías e incluso grabaciones sonoras del evento, confirmando la presencia de música en vivo y el ambiente festivo. “Ellos ante la indignación de todas las irregularidades que pasan en la cárcel de máxima seguridad, pues de forma permanente me están enviando información porque no están de acuerdo con todo lo que allí pasa”, expresó.
Claudia Carrasquilla describió a Blu Radio cómo músicos, invitados y recursos lujosos entraron a una cárcel supuestamente de máxima vigilancia, bajo la protección de acuerdos gubernamentales que, aseguró, están siendo tergiversados para mantener lujos y privilegios. La consecuencia inmediata de su denuncia es una investigación interna y nueva presión pública sobre la supervisión carcelaria en Medellín.
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