El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre la controversia del colegio-universidad construido en El Tarra, que permanece sin operar por falta de servicios públicos, y atribuyó la responsabilidad a la administración municipal.
“El alcalde del Tarra incumplió su compromiso de entregar los servicios públicos al colegio/universidad entregado por mi gobierno para la construcción de la Paz en la región”, afirmó el mandatario en su cuenta oficial.
En el mismo mensaje, el jefe de Estado agregó que “el pacto por el Catatumbo implica movilización y activación de la ciudadanía para que se garanticen sus derechos fundamentales”, en referencia a la situación que ha impedido la apertura de la infraestructura educativa inaugurada en diciembre de 2025.
El proyecto fue presentado como una de las apuestas centrales del Gobierno en la región del Catatumbo, históricamente afectada por el conflicto armado, economías ilegales y presencia de grupos armados.
La obra, impulsada a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie), buscaba funcionar como un complejo modular que integrara educación básica, media y superior mientras se consolida la futura Universidad del Catatumbo.
La infraestructura fue construida en un tiempo reducido y contó con una inversión superior a los 8.300 millones de pesos. El complejo incluye 11 aulas modulares, laboratorios, biblioteca y una planta para procesos agroindustriales.
Según la planeación oficial, tenía capacidad para atender a 391 estudiantes de colegio y a 220 jóvenes en programas técnicos, tecnológicos y profesionales, en articulación con el Instituto Superior de Educación Rural (Iser) de Pamplona.
Sin embargo, al inicio del calendario académico en enero de 2026, las instalaciones no pudieron entrar en funcionamiento. La razón: el complejo no cuenta con conexión a redes de acueducto, alcantarillado ni energía eléctrica, lo que lo mantiene cerrado varios meses después de su inauguración.
La situación derivó en un cruce de responsabilidades entre entidades nacionales, autoridades locales y el contratista encargado de la obra. Desde el Gobierno Nacional y el Ffie se ha sostenido que el alcance del contrato cubría exclusivamente la infraestructura interna, incluyendo aulas, cableado y redes internas. Según esta versión, la conexión a servicios públicos externos correspondía a la Alcaldía de El Tarra.
Por su parte, la administración municipal ha sido señalada por inconsistencias en la planeación. En marzo de 2025, la Empresa de Servicios Públicos de El Tarra (Espta) emitió un concepto en el que indicaba disponibilidad de agua y alcantarillado en el predio. No obstante, en mayo del mismo año, la empresa cambió su posición y notificó que el acueducto no tenía capacidad ni cobertura en la zona. A pesar de ello, en julio de 2025 se otorgó la licencia de construcción.
Desde la Alcaldía se ha argumentado que el contratista no asistió a mesas técnicas de coordinación, mientras que la firma Proexi Ingeniería, encargada del proyecto, sostiene que ejecutó lo pactado contractualmente. La empresa afirma que el lote fue entregado con viabilidad de servicios en los documentos oficiales y que la construcción de redes externas no hacía parte del contrato ni del presupuesto asignado.
El impacto en la comunidad ha sido directo. Más de 200 jóvenes con matrículas en programas de educación superior no han podido iniciar clases, mientras cerca de 400 estudiantes de básica y media permanecen sin acceso a las instalaciones. La obra, concebida como una alternativa educativa para evitar la migración hacia ciudades como Cúcuta o Bucaramanga, continúa cerrada.
A nivel local, veedores ciudadanos han advertido que la falta de operación del complejo limita las oportunidades educativas en una región con alta vulnerabilidad social. También han señalado preocupaciones sobre el precedente que deja el proyecto, especialmente ante la planeación de la futura Universidad del Catatumbo, que se proyecta en un terreno contiguo.
Mientras persiste la controversia, el cruce de responsabilidades no ha derivado en una solución concreta para habilitar los servicios públicos. La infraestructura, pese a su capacidad y a la inversión ejecutada, continúa sin uso.
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