La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir una actuación disciplinaria contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encargados del proceso contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, luego de la decisión que le otorgó la libertad por vencimiento de términos dentro del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con el comunicado oficial, la corporación inició las averiguaciones con el fin de establecer si la actuación de los funcionarios judiciales constituye una falta disciplinaria, teniendo en cuenta su calidad y jerarquía dentro del ente acusador.
“La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó de oficio disponer actuación disciplinaria (…) con la cual se busca establecer si ello constituye o no falta disciplinaria”, indicó la entidad.
Apertura de indagación disciplinaria
En el pronunciamiento, la comisión explicó que la decisión se fundamenta en los hechos relacionados con la libertad de Bonilla, decretada al parecer por una demora en la presentación del escrito de acusación por parte de los funcionarios judiciales.
“La cual fue decretada al parecer, por demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la investigación”, señala el documento.
La corporación precisó que, debido a la relevancia del caso y al nivel de los funcionarios involucrados, será la propia comisión la encargada de adelantar directamente las investigaciones correspondientes. “Dada la calidad y jerarquía de los fiscales, corresponde a esta Corporación adelantar directamente las averiguaciones correspondientes”, agrega el comunicado.
Sobre la libertad de Ricardo Bonilla
El martes 7 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, decisión adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández al resolver una solicitud presentada por la defensa del exfuncionario.
Aunque recuperó la libertad, Bonilla seguirá enfrentando el proceso judicial y deberá comparecer a juicio por los hechos que le fueron imputados en diciembre pasado. En ese momento, la Fiscalía le atribuyó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
La decisión del tribunal fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, así como por las víctimas reconocidas en el proceso, entre ellas la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
El ente acusador sostuvo que, al tratarse de delitos contra la administración pública, el plazo para presentar el escrito de acusación debía duplicarse, pasando de 120 a 240 días. Según ese argumento, la Fiscalía tenía plazo hasta el 16 de abril para radicar el documento.
Además, la entidad aseguró que el escrito de acusación fue presentado en la mañana del mismo 7 de abril, antes de que el tribunal tomara la decisión en horas de la tarde. Según la Fiscalía, al haberse radicado el documento antes del fallo, no procedía el vencimiento de términos, sin embargo, estos argumentos no fueron acogidos por la magistrada al momento de resolver la solicitud.
El proceso contra Ricardo Bonilla se enmarca en la investigación por un presunto entramado de corrupción que también involucra a otros exfuncionarios del Gobierno nacional. Bonilla, junto con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, figura entre los exintegrantes del gabinete de mayor nivel procesados dentro de este caso.
Según la Fiscalía, ambos habrían hecho parte de una organización que buscaba asegurar apoyos en el Congreso mediante la asignación de contratos y la entrega de pagos irregulares. Las investigaciones indican que se habrían comprometido contratos por más de $612.000 millones, incluyendo proyectos del Invías y de la Ungrd, dirigidos a congresistas de diferentes comisiones legislativas.
El caso se sustenta, entre otros elementos, en las declaraciones de los exdirectivos de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quienes han aportado información dentro del proceso.
Tras la imputación, Luis Fernando Velasco fue recluido en la Escuela de Carabineros de Cali, mientras que Ricardo Bonilla permanecía en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá, hasta que se produjo la decisión judicial que le concedió la libertad por vencimiento de términos.
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