
El avión Hércules FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se accidentó en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo, sur de Colombia) el 23 de marzo de 2026, y que dejó 69 muertos y 57 heridos, no tenía seguro.
De acuerdo con un informe revelado por Caracol Radio W, la entidad aérea había advertido en enero de 2026 un déficit de $258.224 millones para la contratación de seguros, lo que hizo imposible cubrir toda la flota. En el caso de la aeronave siniestrada en Putumayo, los archivos internos señalan que “no se encuentra dentro de las aeronaves aseguradas de la FAC”.
Así mismo, el documento citado por el medio de comunicación indica que “el amparo de seguros (…) contempla una cantidad limitada de aeronaves” y alerta que “la Fuerza no cuenta con los recursos necesarios para contratar la totalidad de los seguros”.
El accidente ocurrió pocos segundos después del despegue del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, cuando la aeronave cayó a tierra y se incendió.
Entre las 126 personas a bordo, viajaban 11 miembros de la Fuerza Aeroespacial, 113 militares del Ejército y dos policías, conforme lo detallaron las Fuerzas Militares en el balance oficial entregado tras la tragedia.
Respuesta del Ministerio de Defensa
Ante la polémica por la falta de seguro en el avión militar que se accidentó en Putumayo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya había manifestado que la aeronave no contaba con seguro.
El titular de la cartera, en declaraciones a Semana, sostuvo que, si se produce estos accidentes, los aviones no tendrán reparación alguna.

“Ya tendremos que mirar cómo nosotros recuperamos más capacidades y es una pérdida muy lamentable, pues las máquinas se pierden, se destruyen y pues uno va y hace el esfuerzo y busca otra aeronave”, había declarado el funcionario al citado medio de comunicación.
También, el ministro recalcó que este modelo de aeronave participa en la mayoría de las operaciones de seguridad nacionales, tanto militares como de apoyo policial, y se utiliza incluso para reforzar la presencia en eventos masivos.
“Cuando ocurre, por ejemplo, un disturbio, se requiere reforzar la seguridad con policía para un carnaval o unas fiestas de los colombianos, se emplea esa aeronave. Es una aeronave que es necesaria para el contexto que tenemos como nación”, añadió.
A raíz del accidente, la casa fabricante del Hércules manifestó al Ministerio de Defensa su disposición para colaborar en la investigación técnica destinada a esclarecer las causas del siniestro. En paralelo, el ministro informó que tres aviones adicionales permanecen inactivos por falta de repuestos, y que dos de ellos fueron retirados de servicio posteriormente a los hechos.

Debate en el Congreso
Esto se conoce luego de que en la Comisión Sexta del Senado se realizara un debate de control político para conocer detalles del siniestro aéreo en Puerto Leguizamo, ocurrido a finales de marzo de 2026.
Inicialmente, el senador Esteban Quintero (Centro Democrático), cuestionó la gestión estatal, argumentando que la tragedia reflejaba una falla sistémica. “El Estado colombiano falló, y no solo por el accidente, sino por la crisis del mantenimiento de las aeronaves, por la infraestructura aeroportuaria deficiente y por la deficiencia en las herramientas que se le dan a los controladores aéreos”, expresó.
El senador Carlos Guevara, integrante del Partido Mira, solicitó que la Comisión reciba un informe técnico detallado sobre la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), centrando su preocupación en la certificación de la entidad y la calidad del mantenimiento realizado en la aeronave.
Según los datos oficiales presentados ante el Senado, el Hércules accidentado había recibido mantenimiento de acuerdo con los protocolos vigentes, pero Guevara exigió aclaraciones sobre la acreditación de la empresa y las instancias encargadas de su supervisión, indicando la necesidad de garantizar transparencia y rigurosidad en los controles de seguridad aeronáutica.
Ante las acusaciones sobre presuntas deficiencias en el mantenimiento de aeronaves militares, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, defendió la actuación institucional y negó que el avión hubiera operado con fallas previas.
“Este es un accidente que no esperábamos. Nadie espera eso. Esto es una verdadera tragedia (...) nunca hemos mandado a un equipo de soldados en una operación militar en una aeronave que tenga alguna falla. Eso inmediatamente se suspende”, sostuvo.
Frente al mantenimiento de las aeronaves militares, el ministro de Defensa Pedro Sánchez parte de la flota militar enfrenta desafíos debido a restricciones internacionales.
“Las empresas que hacen mantenimiento están en listas que no permiten hacer transacciones con países como Colombia y eso nos ha generado una afectación importante”, sostuvo el jefe de cartera ante el legislativo.
Sánchez Suárez diferenció la operación de la aviación militar respecto de la aviación civil. Indicó ante el Congreso que el entorno en el que se desarrollan las misiones de la fuerza pública es hostil: muchas requieren vuelos nocturnos, el uso de visores especiales y trayectos sobre áreas remotas, sin condiciones estándar como en la aviación comercial. Esta realidad, afirmó, obliga a mantener protocolos de seguridad adaptados a contextos de riesgo permanente.
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