Qué pasará con el dinero que ya recaudó el Gobierno Petro por el impuesto al patrimonio si la Corte tumba la emergencia económica

La Corte Constitucional se reunirá el jueves 9 de abril de 2026 para decidir sobre la validez del Decreto 1390, emitido por el Gobierno en diciembre de 2025, que declaró el estado de emergencia económica con el objetivo de recaudar dinero y contrarrestar las consecuencias de la ola invernal en ocho departamentos. Desde finales de enero, el decreto se encuentra suspendido de manera provisional debido a una votación mayoritaria de los magistrados, que expresaron dudas sobre la legalidad de la medida.

La decisión del alto tribunal determinará si el Gobierno actuó dentro de los límites de la Constitución al utilizar facultades excepcionales, o si, por el contrario, se excedió en sus atribuciones. El fallo tendrá efectos directos sobre la política fiscal, en particular sobre un paquete de medidas que buscaba recaudar cerca de $11 billones, incluyendo el incremento del IVA para licores del 5% al 19%.

Desconocimiento de la gravedad de la situación fiscal de Colombia

Por supuesto, el Gobierno defendió el decreto y argumentó que la anulación desconocería la gravedad de la situación fiscal y social del país. Según su postura, la emergencia respondía a un déficit de riesgo que compromete la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones, sobre todo, en el pago de la deuda pública y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Por el momento, solo dos magistrados, ambos nominados por el presidente, respaldaron la constitucionalidad de la emergencia. La mayoría de la Corte ya manifestó reparos al decreto, lo que sugiere que podría ser declarado inconstitucional. De confirmarse esta tendencia, el Ejecutivo se vería obligado a replantear su estrategia para enfrentar el déficit fiscal.

Incertidumbre en el sector empresarial

Mientras hay una decisión, la incertidumbre persiste en el sector empresarial, debido a que ya empezaron a pagar el impuesto al patrimonio, gravamen que alcanza a aquellas personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $10.475.000, con un primer pago fijado para el 1 de abril y un segundo a comienzos de mayo.

Al respecto, el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez advirtió que la mayoría de las empresas presentaron el pago del tributo con salvedades jurídicas. Dijo que “muchos estamos esperando que efectivamente la Corte decida tumbar la emergencia económica”.

De acuerdo con el exfuncionario, el 1 de abril marcó el vencimiento para que numerosas compañías efectuaran el pago de este impuesto, pese a que la Corte todavía no se había pronunciado. Quiñonez indicó que “muchas empresas tuvieron que pagar el impuesto al patrimonio a regañadientes porque la Corte no se pronunció antes”. Resaltó que el procedimiento seguido por los contribuyentes refleja una situación de incertidumbre jurídica, ya que el pago se hizo bajo protesta.

Futuras reclamaciones de devolución

Según el análisis del experto, las empresas optaron por consignar de manera formal ante la Dian, lo que podría abrir la puerta a futuras reclamaciones de devolución. “La mayoría de empresas que han presentado el impuesto al patrimonio lo hicieron con reparos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente están generando una situación de salvedad mediante la cual, aunque lo pagan, no están de acuerdo y dejan, casi que consolidada, una situación jurídica”, explicó.

En caso de que la Corte Constitucional decida derogar la emergencia económica o el impuesto al patrimonio en su conjunto, el Estado podría verse obligado a devolver los recursos ya recaudados.

Por eso, alertó que, de suceder esto, “el próximo gobierno se vería enfrentado a la devolución de lo que ya se recaudó por impuesto al patrimonio, por las salvedades que están poniendo las personas ahorita en este impuesto al patrimonio”. El escenario representaría un desafío para las finanzas públicas, al afectar la caja del próximo periodo gubernamental.

Asimismo, el proceso, que involucra a cientos de empresas y millones en recaudación, sigue en suspenso hasta que la Corte Constitucional emita su fallo definitivo.

A la espera de lo que pase

“Vamos a ver qué pasa, qué determina la Corte y además qué sucede con todas estas empresas que en su mayoría han presentado el impuesto al patrimonio con su pago, con reparos para generar salvedades frente a situaciones jurídicas consolidadas que posteriormente signifiquen una devolución de recursos”, concluyó el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria Christian Quiñonez.