
En medio de la controversia por el tránsito de los estudiantes con discapacidad desde las Aulas de Apoyo Pedagógico hacia aulas regulares, impulsado por la Secretaría de Educación Distrital, el concejal Andrés Onzaga convocó una Subcomisión de Vigilancia y Control en el Concejo de Bogotá para garantizar la protección de los derechos de esta población y dar voz a las inquietudes de las familias.
En entrevista con Infobae Colombia, el concejal expuso hallazgos, preocupaciones y propuestas frente a la transición forzada que hoy afecta a cerca de 1.600 familias y a más de 23.000 estudiantes con discapacidad en el sistema distrital.
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Infobae Colombia: ¿Por qué la Secretaría de Educación no ha dado la importancia requerida a los padres de familia, especialmente ante la no asistencia a la Subcomisión de Vigilancia y Control?
Concejal Onzaga: Lo que estamos evidenciando no es un hecho aislado. Es un patrón preocupante de desconexión institucional con la realidad de las familias. La no asistencia de la secretaria de Educación a la Subcomisión de Vigilancia y Control es una señal clara de falta de voluntad para escuchar, dialogar y, sobre todo, corregir. Cientos de madres, cuidadores y estudiantes han alertado sobre fallas en este proceso y sus voces no han sido tenidas en cuenta. Cuando una entidad decide no asistir, le da la espalda a la ciudadanía. La educación inclusiva no se decreta, se construye con las familias, los docentes y la realidad del aula.
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Infobae Colombia: ¿Cuáles han sido los principales hallazgos y preocupaciones identificados por la Subcomisión tras visitar las instituciones?
Concejal Onzaga: Los hallazgos son profundamente preocupantes: aulas regulares sin condiciones reales de inclusión, sobrecupo, falta de apoyos, infraestructura inadecuada, docentes sin formación suficiente en educación inclusiva, ausencia de profesionales como terapeutas e intérpretes, y desarticulación total en los procesos de transición. Incluso hemos visto retrocesos en el aprendizaje de estudiantes. Esto demuestra que hoy no hay garantías para una transición responsable.
Infobae Colombia: ¿Cómo evalúa la preparación de las aulas regulares y los docentes para recibir a estudiantes con discapacidad? ¿Es posible una transición sin afectar la formación especial de estos niños y jóvenes?
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Concejal Onzaga: Hoy, con las condiciones actuales, no es posible hablar de una transición exitosa y responsable. La inclusión real exige ajustes razonables, apoyos permanentes, reducción de barreras y formación de docentes. Si no se garantizan estas condiciones, la inclusión se queda en el papel y se vuelve exclusión en la práctica. Se puede avanzar hacia modelos más inclusivos, pero no de forma improvisada ni acelerada, porque hacerlo mal puede generar retrocesos irreparables.

Infobae Colombia: ¿Cómo lograr que la Secretaría de Educación incluya a las familias y la comunidad educativa en la toma de decisiones sobre la formación de estos niños?
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Concejal Onzaga: La clave es la participación real. Se deben generar mesas vinculantes con familias, cuidadores, docentes y expertos. No basta con socializaciones informativas, se necesita una construcción colectiva de la política educativa. Hoy solo se informa a las familias, pero no se construye con ellas.
Infobae Colombia: ¿Qué respuesta da frente al temor manifestado por estudiantes y padres sobre posibles “inclusiones fallidas” y el riesgo de deserción escolar?
Concejal Onzaga: Es un temor legítimo y sustentado en hechos. Ya hemos visto casos donde la falta de condiciones ha generado frustración, rezago académico y hasta riesgo de deserción. Repetir errores del pasado sería irresponsable. La inclusión puede convertirse en abandono cuando no se hace correctamente.
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Infobae Colombia: ¿Qué procesos de seguimiento y evaluación se prevén para medir el impacto del tránsito de Aulas de Apoyo a aulas regulares?
Concejal Onzaga: Desde la subcomisión planteamos seguimiento individual a cada estudiante, caracterización actualizada, indicadores claros de permanencia y aprendizaje, informes periódicos públicos y participación de las familias en la evaluación del proceso. Además, una comisión de verificación para que los compromisos sean medibles y verificables junto a padres, expertos y docentes.
Infobae Colombia: ¿Qué modificaciones propone en el marco normativo, como el Decreto 1421 de 2017, para fortalecer la educación inclusiva en Bogotá?
Concejal Onzaga: El problema no es la norma, sino la forma de implementarla. Proponemos fortalecer la financiación para la inclusión, establecer estándares mínimos antes de cualquier transición, garantizar equipos interdisciplinarios permanentes, mecanismos de control y sanción, grupos reducidos y apoyos pertinentes. La inclusión no puede ser excusa para desmontar apoyos, sino para fortalecerlos.
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A partir de esta situación, el concejal Onzaga y la Subcomisión de Vigilancia y Control presentaron una serie de recomendaciones para que la Administración distrital, la Secretaría de Educación y el sector educativo las consideren:
- El no cierre de las Aulas de Apoyo Pedagógico.
- Apertura de matrículas en las AAP. 3
- Visitas y caracterización de las AAP.
- Autonomía de decisión para transitar entre aulas.
- Revisión integral del Decreto 1421.
- Clarificar que la norma no ordena el cierre de las AAP.
- Decisiones basadas en criterios pedagógicos y necesidades reales.
- Fortalecimiento del rol especializado de las AAP.
- Transición progresiva, acompañada y valorada técnicamente, con participación familiar.
Para el cabildante el futuro de la educación inclusiva en Bogotá depende de un diálogo real y de la garantía de apoyos y condiciones materiales que permitan el desarrollo de los niños y jóvenes con discapacidad, sin retrocesos ni exclusiones.
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