Gobierno colombiano planea suspender órdenes de captura a cabecillas de Los Costeños en medio del proceso de paz urbana

El Gobierno nacional evalúa la suspensión temporal de órdenes de captura contra jefes de la estructura criminal Los Costeños, acción que integraría la hoja de ruta del proceso de paz urbana en el departamento del Atlántico.

Esta medida busca facilitar el sometimiento a la justicia y el diálogo formal con la organización, que tiene presencia en Barranquilla y municipios cercanos. La propuesta se desarrolla en la política de Paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro y responde a la necesidad de encontrar salidas negociadas a la crisis de seguridad en la región.

La suspensión de órdenes de captura aplicaría exclusivamente a los representantes designados para participar en las conversaciones oficiales, siempre bajo autorización judicial, y no equivaldría a una amnistía ni a un perdón judicial. El Ejecutivo planea solicitar este beneficio solo para el desarrollo de los diálogos, limitando su alcance al tiempo en que se mantenga abierta la mesa de negociación.

La hoja de ruta, de 54 páginas, detalla los acercamientos realizados y las solicitudes de las organizaciones involucradas. Entre ellas figura el reconocimiento de voceros o gestores de paz, condición que requiere resolución presidencial.

Traslado de internos y garantías jurídicas, en el centro del debate

Otra de las medidas bajo análisis es el traslado de integrantes de Los Costeños recluidos en otros centros penitenciarios del país hacia cárceles de Barranquilla. El Gobierno plantea que estos traslados solo se aplicarían a personas privadas de la libertad en establecimientos de mediana seguridad y bajo condiciones estrictas. Según la hoja de ruta, se exigirían entrevistas individuales para verificar la voluntad de acogerse al proceso, informes mensuales de cumplimiento y compromisos concretos para medir resultados.

Este punto resultó especialmente polémico a comienzos de año, cuando la propuesta fue suspendida ante el rechazo de autoridades locales y regionales, preocupadas por el posible fortalecimiento del control criminal desde los centros de reclusión en la ciudad.

Ahora, la opción vuelve a estar sobre la mesa, aunque la estrategia del Gobierno contempla límites legales claros. “No existen beneficios penales inmediatos ni procedimientos especiales hasta tanto no se cuente con una eventual ley especial de sometimiento”, señala el documento.

Los equipos jurídicos de los cabecillas solicitaron garantías adicionales, como la expedición de resoluciones que respalden la seguridad jurídica de los participantes y el apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para salvaguardar la vida de voceros y abogados involucrados.

Herramientas judiciales y acompañamiento internacional

La hoja de ruta presentada por el Ejecutivo también contempla la posibilidad de que el Gobierno proponga a la Fiscalía General de la Nación el uso de mecanismos como preacuerdos, aceptaciones de cargos, principios de oportunidad o solicitudes de preclusión, siempre dentro del marco legal vigente. Estas herramientas, según el documento, se aplicarían de manera individual, con análisis caso por caso y aprobación de jueces de la República.

Para fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso, el Gobierno prevé el acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

La hoja de ruta responde, en parte, a las exigencias de las bandas, que solicitaron reconocimiento en el proceso y condiciones penitenciarias especiales. El informe precisa que “el otorgamiento de algún tipo de reconocimiento o designación para los señores Digno Palomino (Los Pepes) y Jorge Díaz (Los Costeños)… inicialmente como voceros o gestores de paz” es una de las demandas centrales.

Controversias, acusaciones de incumplimiento y escepticismo local

El avance del proceso de paz urbana en Barranquilla generó controversias y divisiones. La tregua entre bandas criminales, anunciada durante los acercamientos y finalizada el 20 de enero, no produjo resultados sostenidos en la reducción de la violencia. Autoridades locales y regionales manifestaron inquietudes respecto a la efectividad de las medidas y el posible impacto negativo sobre la seguridad urbana.

Además, los abogados de los principales cabecillas cuestionaron el cumplimiento de los acuerdos y la veracidad de la interlocución actual. Darío Rendón, representante legal de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo jefe de Los Costeños, aseguró a Semana que “las conversaciones se cancelaron desde el momento en que ellos (Gobierno) incumplieron con los traslados que ya se habían negociado en medio de estas conversaciones”.

De igual forma, Cristian Morelli, abogado de Digno José Palomino Rodríguez, líder de Los Pepes, afirmó: “Hasta el día de hoy podemos decir que nos encontramos en un estado nulo de conversaciones y acercamientos con el Gobierno nacional por medio del alto comisionado para la paz y su delegado en el Atlántico. Esto en el entendido de que han existido una serie de incumplimientos a los acuerdos o diálogos exploratorios que venían surtiéndose por medio de nuestros clientes y nosotros como abogados”.

En tanto, los equipos jurídicos de las bandas insisten en la necesidad de garantías de seguridad y trato igualitario frente a otros procesos similares en Colombia.

“La hoja de ruta presentada por el Gobierno, para nosotros como defensa, significa un peldaño para alcanzar esa meta de lograr un ambiente sano y de paz en el territorio del Atlántico”, afirmó a la revista, un representante de la defensa.

Añadió que “esperamos que en esta ocasión sí haya cumplimiento de lo que se prometió y que en últimas son las condiciones para propiciar un diálogo constructivo que materialice el derecho fundamental a la paz que tiene la ciudadanía”.

Mientras el debate sobre la paz urbana continúa, la preocupación por la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana sigue latente. Los homicidios selectivos, ataques armados y hechos de sicariato no cesan, en sectores donde las autoridades reconocen la presencia de organizaciones delincuenciales.