El gobernador de Antioquia expresó su molestia frente a la labor de la Fiscalía General de la Nación, que no verificó la situación jurídica de los beneficiados con la decisión del presidente Gustavo Petro, pese a que se tomaron medidas al respecto - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la reciente actuación de la Fiscalía General de la Nación tras la revocación parcial de la suspensión de órdenes de captura a las cabecillas y los voceros de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, e insistió en que la entidad judicial habría actuado con poca rigurosidad al no identificar la condición de condenados de varios de los implicados en estos procesos.
Rendón, que calificó este hecho como una vulneración de la separación de poderes, reaccionó así a las declaraciones de la fiscal Luz Adriana Camargo, que en diálogo con Caracol Radio confirmó que revocó la suspensión de 16 de esas órdenes, de un total de 23, tras comprobar que los beneficiarios seguían delinquiendo mientras actuaban como gestores de paz, por designación del Gobierno de Gustavo Petro.
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“Hoy la fiscal afirmó que expidió esa resolución a ciegas, desconociendo que se trataba de delincuentes condenados, cabecillas de más de 1.200 combos criminales”, expresó Rendón desde Fredonia, que insistió en que la información estaba al alcance de cualquier ciudadano y cuestionó los controles internos de la Fiscalía. “¿Dónde está el rigor? ¿O acaso el gobierno Petro les metió gato por liebre y lo logró?”, preguntó.
La fiscal Camargo, cabe precisar, reconoció la dimensión del error administrativo. “Tal vez si en el listado largo que se remite en la solicitud, se hubiese puesto los alias de esas personas, nosotros sin necesidad de que nos dijeran, hubiésemos sabido que esas personas eran de aquellas privadas de la libertad”, afirmó la titular del organismo, que agregó que no imaginaron que se pediría la suspensión sobre condenados.
La controversia aumentó cuando, en menos de 24 horas tras el pronunciamiento del gobernador, la Fiscalía admitió la irregularidad y revirtió parte de las decisiones. “Dejar en libertad criminales condenados vulnera la Constitución, la ley, la separación de poderes y representa un irrespeto a los jueces”, señaló el gobernador Rendón, que aseguró que la acción de nulidad presentada ante el Consejo de Estado seguirá en firme.
A su vez, confirmó que aún hay siete individuos beneficiados que permanecen en libertad, entre ellos Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, que, según denunció, mantiene vínculos con estructuras criminales y opera fuera del país sin restricciones migratorias. Para el mandatario regional, la continuidad de estos beneficios demuestra que “la impunidad solo fortalece a los criminales” en su territorio.
En ese sentido, llamó a las instituciones a concentrar sus fuerzas en combatir y desarticular a las organizaciones responsables de múltiples delitos en la región. Todo esto, en medio de otra decisión controversial: la de mantener la suspensión de los procesos judiciales contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) de las disidencias de las Farc.
La Fiscalía mantuvo la suspensión sobre alias Calarcá, aunque pidió definición al Gobierno
A pesar de los hallazgos en contra del disidente, la Fiscalía General ha decidido mantener por ahora suspendida la orden de captura. Dispositivos electrónicos incautados comprobaron la vinculación de Calarcá con el asesinato de un líder social, durante el cese al fuego, y con infiltraciones en instituciones estatales; caso que motivó a Camargo a pedir al Gobierno que defina la continuidad de los diálogos con la estructura.
Y advirtió que si no hay respuesta, el ente podría actuar de forma unilateral para reactivar la captura. De forma simultánea, la Fiscalía imputó nuevos cargos contra Díaz Mendoza, relacionados con los hechos recientemente investigados, y pidió al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, revisar el estatus de gestores de paz de otros cabecillas, pues no puede derivar en impunidad por delitos cometidos en las negociaciones.
Entretanto, el gobernador responsabilizó tanto a las autoridades judiciales como al Gobierno en materia de seguridad. “Antioquia es un muro de contención frente a cualquier intento de imponer modelos que amenazan nuestra libertad y nuestras instituciones”, concluyó Rendón, uno de los principales críticos de las mesas de negociación que adelanta el Gobierno con los grupos que buscarían acogerse a la paz urbana.
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