El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) presentó un documento con una serie de propuestas orientadas a “la superación definitiva del narcotráfico” en Colombia.
En el comunicado el grupo insurgente sostiene que el narcotráfico ha sido utilizado por los gobiernos colombiano y estadounidense para desvirtuar la naturaleza política de su lucha.
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Según el ELN, “el narcotráfico se ha convertido en la herramienta preferida para tratar de desvirtuar el carácter político del ELN y las verdaderas razones de su lucha”. Además, señala que esta caracterización errónea ha impedido “construir una propuesta realmente alternativa para superación del narcotráfico”.
Una caracterización del fenómeno
El comunicado del ELN describe el narcotráfico como una de las actividades económicas más rentables del mundo, controlada por Estados Unidos y sus agencias transnacionales: DEA, CIA y FBI.
Según el grupo, estos organismos actúan como un “juez supremo para emitir juicios morales sobre el narcotráfico, que les permite condenar, certificar o absolver personas o países de acuerdo a sus intereses económicos, políticos o militares”.
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El documento advierte que el fenómeno no es exclusivo de Colombia. “Ya no es solo Colombia el único país donde el narcotráfico ha impregnado las esferas sociales, económicas, políticas y militares; por tanto, las estructuras mismas del poder del Estado”, señalan, citando como ejemplos recientes a México y Ecuador.
En el caso colombiano, el ELN asegura que el narcotráfico se consolidó como “la principal actividad económica” por decisión política del Estado, fusionando “los principales grupos económicos empresariales nacionales con el capital transnacional” y financiando grupos paramilitares.
Esto, según el comunicado, ha generado una “narco República” que ha perdurado durante décadas, con políticas represivas que han fracasado en erradicar el fenómeno.
La posición del ELN frente al narcotráfico
El ELN enfatiza que no mantiene ninguna relación con carteles de drogas ni participa en ninguna fase de la cadena de producción y comercialización de estupefacientes.
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“El ELN no tiene ninguna relación con Carteles del narcotráfico, ni con fase alguna de la cadena del narcotráfico: no tenemos cultivos, laboratorios, cocinas, pistas, rutas; no comercializamos cocaína en el país ni el exterior”, afirma el comunicado.
La organización aclara que la única actividad relacionada con el negocio ilícito es el cobro de un impuesto a compradores en territorios bajo su control, como parte de un esquema de financiamiento de sus estructuras, similar a la forma en que los Estados cobran impuestos a sus ciudadanos.
Propuesta para la superación definitiva
El ELN plantea que la solución al narcotráfico debe ser estructural y contar con un enfoque internacional: “Se precisa un pacto de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores de narcóticos”.
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En ese sentido, la insurgencia destaca su comunicación con la Comisión Global de Políticas de Drogas (Cgpd), compuesta por ex-presidentes y ex-primeros ministros de reconocimiento internacional, con quienes ha identificado puntos en común para superar el problema.
Entre las medidas planteadas se destacan:
- Transformar el régimen mundial de prohibición de drogas.
- Reemplazar las políticas de drogas orientadas por la ideología y conveniencia política.
- Terminar con la criminalización de los consumidores y campesinos.
- Respetar los Derechos Humanos de quienes usan drogas y brindarles servicios de salud y tratamiento.
- Dar garantías similares a personas involucradas en los niveles inferiores del mercado ilegal, incluyendo campesinos y pequeños vendedores.
Además, el ELN propone considerar la legalización de las sustancias psicoactivas, argumentando que ello “acabará con las ganancias extraordinarias del narcotráfico y su razón de ser”.
También se aboga por planes alternativos de producción para campesinos que cultivan drogas, financiados por el Estado, de manera que puedan subsistir sin recurrir a actividades ilícitas.
Otras recomendaciones incluyen la sustitución concertada de cultivos ilícitos con productos regionales, la erradicación manual, y la atención social en educación, salud y electrificación.
En cuanto a los consumidores, se sugiere un enfoque de prevención a través de educación y acompañamiento, no represión: “Los narcodependientes deben ser tratados como enfermos por parte del Estado y no perseguidos como delincuentes”.
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