La polémica por la decisión de la Fiscalía General de la Nación sobre los líderes de la paz urbana en Itagüí reavivó el debate nacional, aunque los cabecillas ya habían salido cuatro veces a eventos antes de la resolución.
De acuerdo con declaraciones de la senadora Isabel Zuleta, las resoluciones judiciales no impidieron ni impedirán la participación de estos representantes en actividades relacionadas con las negociaciones, bajo un protocolo que requiere autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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Cuatro salidas previas antes de la resolución
El 28 de marzo, la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra 23 cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí. La medida generó un intenso debate, especialmente después de que la fiscal Luz Adriana Camargo dejara sin efecto el beneficio para 16 de ellos, limitándolo solo a siete que ya se encontraban en libertad.
La controversia creció tras la presentación de dos acciones de nulidad ante el Consejo de Estado y el anuncio del alcalde Federico Gutiérrez de promover un proyecto para derogar la ley de Paz Total.
No obstante, voceros del espacio sociojurídico aclararon que la participación en eventos de paz no depende de estas resoluciones.
“Las resoluciones no tienen nada que ver con salir. ¿Han podido salir? Claro que sí. Salir no es la libertad. Si va a haber salidas, sí, si en la ruta nos solicita la ciudadanía, que son los voceros los que deben asistir. Lo que debemos hacer como delegación es solicitar al Inpec y es el Inpec el que tomará las medidas para que participen de los eventos que vamos a programar con estos cinco temas”, explicó Zuleta en rueda de prensa.
En el historial reciente, los cabecillas de la paz urbana han salido en cuatro ocasiones, una de ellas durante el denominado “tarimazo”, evento que generó amplia repercusión mediática y política. Cada salida se gestionó mediante un protocolo formal con autorización expresa de las autoridades penitenciarias.
Debate político y cuestionamientos sobre incidencia electoral
La discusión sobre el alcance de la participación de los líderes encarcelados se intensificó con las observaciones de figuras políticas como Roy Barreras, que planteó dudas sobre la posible influencia de los cabecillas en procesos electorales. Frente a esto, Freyner Ramírez, alias Carlos Pesebre, calificó tales planteamientos como “anacrónicos”.
“Desde que estamos en el proceso han transcurrido tres procesos electorales: los municipales, el de consultas internas y las pasadas, y si analizamos en las elecciones municipales ganaron las personas que ganaron con amplio margen. O sea, ¿entonces, las estructuras tuvieron que ver? Lo que quiero decir es que la gente ya no se engaña con nuevos discursos anacrónicos, punitivos”, afirmó Ramírez, según Blu Radio.
Por su parte, la senadora Zuleta negó que las salidas de los cabecillas respondan a propósitos electorales o de hacer política a favor de figuras como Iván Cepeda, subrayando que la participación se limita a actividades propias del proceso de paz.
Nuevas órdenes, extradición y tensiones en el proceso
El alcalde Federico Gutiérrez solicitó que las autoridades de Estados Unidos requieran la extradición de algunos cabecillas vinculados a la mesa de paz urbana, señalando posibles investigaciones por narcotráfico. Frente a estas declaraciones, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, negó cualquier nexo con organizaciones ilícitas o procesos abiertos en ese país.
Muñoz, que cumple una condena de 32 años tras 17 años de reclusión, consideró que el ruido sobre el proceso de paz urbana proviene de sectores adversos al diálogo, recordando que durante las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2008 no se generaron controversias similares.
Sobre su situación, la Fiscalía expidió una nueva orden de captura, hecho que la senadora Zuleta atribuyó a la discrecionalidad de los jueces y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para el proceso de paz.
Participación garantizada bajo protocolos
La participación de los cabecillas en eventos públicos seguirá sujeta a la solicitud formal de los delegados al Inpec, entidad que evalúa caso por caso y determina las condiciones de seguridad y traslado. La senadora Zuleta reiteró que, si la ciudadanía lo solicita y los temas lo requieren, podrán asistir a los eventos programados, siempre bajo estrictas medidas legales y administrativas.
En este contexto, los voceros del proceso de paz urbana enfatizaron que la interlocución no se suspende pese a las fluctuaciones en las decisiones judiciales. Destacaron que la permanencia de los cabecillas en la mesa de diálogo, incluso bajo custodia, resulta fundamental para avanzar en los cinco ejes temáticos acordados.
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