La fiscal general Luz Adriana Camargo revocó la suspensión de 16 órdenes de captura asociadas al proceso de paz total en el Valle de Aburrá, mediante la resolución 0079. La decisión limita el alcance de los beneficios concedidos en el contexto del programa de paz urbana en Medellín y reconfigura la situación legal de quienes ya cumplían condena, al tiempo que expone las tensiones estructurales en la política de diálogo con organizaciones criminales.
Camargo puntualizó que siete órdenes de captura se mantienen activas para líderes que no están bajo detención y que la resolución fue comunicada a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec el día anterior, tal como declaró en Caracol Radio.
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La fiscal general informó que la medida afecta únicamente a detenidos que ya purgan condenas en centros penitenciarios. El procedimiento, amparado en la resolución 0079, excluye a quienes están procesados en libertad, entre los cuales figuran líderes criminales cuyo estatus jurídico permanece sin modificación. El anuncio deja en evidencia el diseño diferencial del proceso y la compleja situación de seguridad en la región.
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El candidato a la presidencia Roy Barreras consideró, que la revocatoria constituye “una buena noticia” ya que, en sus términos, “resultaba absurdo suspender orden de captura de los que ya están presos y además condenados”.
Barreras subrayó que persisten siete órdenes vigentes para personas en libertad, haciendo hincapié en el caso de alias el Montañero, lo que plantea una problemática mayor respecto al alcance y los límites actuales del proceso de paz.
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Barreras argumentó que el proceso de paz urbana en Medellín presenta falencias conceptuales y legales de fondo. Recordó que, tras la exposición pública conocida como el “tarimazo de Medellín”, emergió una “sensación de burla a la justicia, a los operadores policiales que los capturaron y a las víctimas”.
El aspirante presidencial sostuvo: “No se puede dar vocería política a los delincuentes comunes y ese es el error fundamental”. Según él, la ausencia de un marco jurídico específico ha erosionado la confianza y la legitimidad del proceso.
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Paloma Valencia le exigió a la fiscal Camargo reactivar la orden de captura contra alias Calarcá
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia Laserna solicitó el 7 de abril a la fiscal general Luz Adriana Camargo que reactive sin demoras la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, jefe de una facción de las disidencias de las Farc.
Valencia fundamentó su exigencia en que, según la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, la suspensión de capturas no puede considerarse automática, sino que requiere una evaluación concreta de la autoridad judicial ante la posibilidad de nuevos delitos.
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De igual manera, la senadora vinculó este reclamo a un contexto de creciente preocupación por el papel de Calarcá como gestor de paz dentro de la política nacional de “paz total”.
De acuerdo con la denuncia de Valencia, desde 2024 la orden de captura contra el líder armado permanece suspendida, situación que la senadora consideró insostenible ante los indicios de actividades criminales recientes. En su carta oficial, Valencia citó de manera textual la posición de la Corte Constitucional: “La suspensión de las órdenes de captura requiere necesariamente de la intervención de la autoridad judicial competente”.
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En la misma comunicación, la legisladora argumentó que alias Calarcá habría aprovechado el cese de la persecución penal para robustecer su aparato armado.
Valencia afirmó: “Utilizó la suspensión para infiltrar entidades como el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, ampliar la capacidad militar y financiera de su organización y transportarse libremente por el territorio nacional, incluso en vehículos de la Unidad Nacional de Protección”.
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La senadora aportó datos que, según ella, muestran un marcado incremento en secuestros, extorsión y terrorismo desde que se suspendieron las órdenes de captura contra líderes de grupos armados. Para Valencia, estos números reflejan un debilitamiento del control del Estado y el impacto negativo de la actual política de beneficios judiciales,
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