Senadora del Centro Democrático cuestionó a la JEP por sus resultados tras el reclamo contra el recorte presupuestal: “Hay cifras cuantiosísimas”

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó el funcionamiento y los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio de la controversia por el recorte de recursos que se discute para 2027. La congresista sostuvo que el tribunal debe mostrar mayores avances frente al dinero destinado a su operación.

Posada se refirió al debate luego de que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtiera que la disminución presupuestal podría afectar la atención a las víctimas, las sedes del tribunal, los traslados a los territorios y los mecanismos de protección para testigos.

La discusión se abrió tras el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella a una propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, que plantea trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La Jurisdicción ha señalado que el ajuste total en discusión podría alcanzar los $ 185.000 millones.

Posada cuestionó el costo de las decisiones de la JEP

Durante una entrevista con Semana, la senadora afirmó que la JEP debe rendir resultados acordes con los recursos que recibe del Estado. Según expuso, el tribunal ha emitido 21 sentencias, una cifra que consideró insuficiente frente a la magnitud del presupuesto asignado.

“Cada sentencia no puede estar costando 180 mil millones de pesos”, afirmó Posada, que sostuvo que el sistema transicional debe responder a las expectativas de justicia, verdad y reparación de las víctimas del conflicto armado.

La congresista señaló que no desconoce la relevancia de los Acuerdos de Paz, aunque cuestionó la forma en que fueron aprobados y la estructura que derivó de ellos. A su juicio, la Jurisdicción debe demostrar que puede cumplir con las funciones para las cuales fue creada.

“Hay cifras cuantiosísimas que se le cargan a los colombianos para un tribunal que ha hecho absolutamente todo, menos ejercer justicia”, sostuvo la senadora en el medio citado.

Posada también cuestionó que la JEP haya concentrado su trabajo en ocho macrocasos. Para la parlamentaria, esa cantidad de procesos no refleja una respuesta suficiente ante la demanda de justicia de las víctimas ni frente a los recursos públicos comprometidos para la entidad.

El debate incluye cifras sobre el presupuesto de 2027

La senadora aseguró que la JEP recibirá cerca de $3,8 billones y afirmó que el costo total de la Jurisdicción podría llegar a $4,5 billones. En ese contexto, reclamó resultados que permitan justificar la inversión estatal.

“Los resultados en materia de justicia es lo mínimo que se le debe a los colombianos que pagan ese aparato tan costoso”, dijo Posada. También afirmó que las 21 sentencias emitidas no han producido, según su interpretación, resultados suficientes en materia de verdad, justicia y reparación.

Sus declaraciones se conocieron mientras la JEP insiste en que el ajuste presupuestal pondría en riesgo actividades que no se limitan a la remuneración de los magistrados. Ramelli sostiene que la reducción tendría consecuencias en las víctimas que participan en las audiencias, en los esquemas de seguridad y en el trabajo territorial de la entidad.

El presidente de la JEP acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) con el objetivo de exponer la situación presupuestal del tribunal y buscar respaldo frente a las consecuencias que, según la entidad, tendría el recorte.

Ramelli defendió la independencia judicial de la Jurisdicción

Alejandro Ramelli rechazó que la discusión presupuestal derive en una subordinación de la JEP frente al Poder Ejecutivo. El magistrado afirmó que el tribunal está dispuesto a ofrecer explicaciones públicas sobre su trabajo, pero descartó que deba rendir cuentas ante otras ramas del poder público por sus decisiones judiciales.

“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”, afirmó Ramelli. También señaló que exigir una rendición de cuentas de esa naturaleza vulneraría la separación de poderes y la independencia judicial.

El presidente de la Jurisdicción precisó que la entidad mantiene abiertos sus canales de diálogo con la ciudadanía, las víctimas y la comunidad internacional. Sin embargo, diferenció ese intercambio de la posibilidad de que otra rama del Estado pretenda intervenir en la actividad judicial.

Frente al posible recorte, Ramelli sostuvo que una reducción de $185.000 millones dejaría a la JEP sin capacidad para cumplir varias de sus funciones. “Bajarle $185 mil millones, si eso no es una desfinanciación, no sé qué será”, expresó.

El debate continuará en las comisiones económicas del Congreso, donde se definirá el alcance del ajuste presupuestal para 2027 y el destino de los recursos que podrían ser trasladados al Consejo Superior de la Judicatura.