
El presidente Gustavo Petro se encuentra en el centro de la polémica luego de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que mostró un encuentro de su hija Sofía y su nieta Mailé y habló sobre feminismo y la protección de los derechos de las mujeres.
Las palabras del mandatario, que abordaban el acoso sexual contra periodistas en Caracol Televisión, generaron críticas inmediatas por parte de la periodista Paula Bolívar, que cuestionó la coherencia entre la defensa del feminismo y la permanencia de funcionarios señalados por acoso dentro del propio Gobierno.
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En su publicación, el mandatario afirmó: “(...). Hablamos que hay que deconstruir al hombre y no destruir al hombre. Y que debe darse una gran lucha femenina por las periodistas acosadas sexualmente en Caracol TV, que expresa lo que sucede en muchas empresas de Colombia, el acoso sexual sobre la mujer trabajadora por parte de los directivos o de los mismos dueños de la empresas".
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Sin embargo, la reacción de Bolívar fue ácida, ya que a través de su cuenta en la red social X, la periodista escribió: “Presidente, empiece por sacar a los acosadores sexuales y laborales de su gobierno. Aproveché para preguntarle a su hija qué opina de ellos. La defensa de la dignidad de la mujer no puede ser selectiva”.
La crítica pone el foco en la permanencia de funcionarios con señalamientos de acoso, como Hollman Morris, director de Rtvc, que recibió múltiples denuncias de comportamiento indebido, pero continúa en su cargo pese a las exigencias de diferentes sectores.
La periodista es conocida por su investigación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); ella destapó el desvío de millones de pesos destinados a carrotanques para La Guajira, revelando una red que involucraba desde congresistas hasta ministros del Gobierno de Petro.
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Dada la investigación y el seguimiento que Bolívar ha realizado sobre la gestión de Petro, su crítica apunta al manejo de los casos de presunto acoso y violencia de género dentro del Gobierno. Según ella, el Ejecutivo tiende a destacar solo ciertos casos considerados relevantes, mientras que otros no reciben la misma atención ni respuesta.
Polémicas por acoso sexual en el Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta crecientes cuestionamientos por la forma en que maneja las denuncias de acoso sexual, violencia laboral y de género dentro de su administración. Durante los últimos años surgieron múltiples señalamientos contra funcionarios y personas cercanas al Ejecutivo, lo que provocó dudas sobre la coherencia entre los discursos públicos del mandatario y las decisiones administrativas concretas.
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Uno de los casos más visibles involucra a Hollman Morris, director de Rtvc, acusado por varias trabajadoras de comportamientos inapropiados tanto en lo laboral como en lo sexual.

Otro caso destacado es el de Acxan Duque, exviceministro de Igualdad, que renunció a su cargo tras una denuncia de acoso sexual. El alto funcionario presentó su versión de los hechos mediante un comunicado, pero la acción administrativa evidencia que en ciertos casos sí se toman medidas cuando hay denuncias formales.
Investigaciones periodísticas identificaron que varios funcionarios enfrentaron denuncias de maltrato o violencia contra mujeres, y que siete de doce casos reportados entre 2023 y 2025 permanecen sin medidas visibles de sanción o remoción. Esto reforzó la percepción de que el gobierno carece de una política consistente para abordar conductas inapropiadas dentro de sus filas.
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De hecho, el caricaturista y contratista Julio César “Matador” González también es mencionado en reportajes como parte de estas denuncias, aunque algunos señalamientos se refieren a actividades externas al gobierno. Sin embargo, la permanencia de personas señaladas en cargos públicos ha generado preocupación sobre la selectividad en la respuesta oficial frente a estos casos.

Organizaciones como Casa de la Mujer señalaron que todas las denuncias deben ser consideradas, incluso cuando no existen sanciones penales, por lo que cuestionan la defensa pública de funcionarios acusados sin procesos judiciales o disciplinarios claros.
Por su parte, sectores del Pacto Histórico defienden la presunción de inocencia, lo que provocó tensiones internas en el partido y debates sobre prioridades y coherencia en la gestión gubernamental.
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