Emiten alerta por presuntos espacios de entrenamiento de menores reclutados por grupos armados en Córdoba

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la posible operación de al menos dos lugares destinados al entrenamiento de menores de edad vinculados por estructuras armadas ilegales en el departamento de Córdoba. La información, recopilada directamente en terreno, fue dada a conocer por la defensora Iris Marín Ortiz durante una visita a la región.

“Tenemos información de al menos dos centros de reclutamiento, de entrenamiento para menores de edad aquí en el departamento de Córdoba”, señaló la funcionaria a medios locales, al referirse a los hallazgos obtenidos por la entidad en contacto con comunidades locales.

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De acuerdo con la Defensoría, estos hechos no están reflejados en los registros oficiales. La entidad explicó que los mecanismos de verificación requieren datos específicos que, en muchos casos, las familias no pueden suministrar debido a temores por posibles represalias o por las condiciones de control que enfrentan en sus territorios.

Esa situación ha derivado en un subregistro que, según la institución, impide dimensionar con precisión el alcance del reclutamiento infantil en esa zona del país. La funcionaria indicó que la información disponible proviene principalmente de testimonios y seguimiento en campo, lo que ha permitido advertir la existencia de estas prácticas pese a la ausencia de denuncias formales.

La Defensoría también identificó que en Córdoba el fenómeno presenta características distintas frente a otras regiones. En lugar de recurrir de manera predominante a la fuerza, algunos grupos armados estarían utilizando estrategias de convencimiento dirigidas tanto a menores como a sus entornos familiares.

Según lo expuesto por Marín, este tipo de aproximaciones disminuye la probabilidad de que los casos sean reportados y favorece una percepción de normalidad en determinadas comunidades. Esta dinámica, añadió, dificulta la intervención institucional y la implementación de medidas de protección.

En el contexto nacional, las cifras oficiales muestran una problemática persistente. El consolidado de 2025 de la Defensoría del Pueblo registró 257 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Para el primer bimestre de 2026, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, se reportaron 15 nuevos casos.

No obstante, la entidad ha reiterado que estas cifras no reflejan la magnitud real del fenómeno. Informes territoriales han advertido que los datos podrían ser superiores debido a las limitaciones para denunciar. En algunas regiones, organizaciones locales han alertado sobre un número mayor de situaciones no registradas oficialmente.

El impacto del reclutamiento no se distribuye de manera homogénea. De acuerdo con el informe más reciente, el 47% de las víctimas corresponde a poblaciones indígenas, mientras que un 8% pertenece a comunidades afrocolombianas. En cuanto a la distribución por género, el 62% de los casos involucra a niños y adolescentes, frente a un 38% de niñas y adolescentes.

En términos geográficos, los departamentos con mayor número de casos reportados durante 2025 fueron Cauca —con más de 90 incidentes—, seguido por Antioquia, Chocó, Huila, Nariño y Norte de Santander.

A este panorama se suma la transformación de las estrategias utilizadas por los grupos armados. Un informe reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz documentó que el 44% de los menores reclutados en 2025 fueron contactados o persuadidos a través de plataformas digitales como TikTok y Facebook.

El reporte señaló que estas organizaciones han incorporado herramientas digitales para ampliar su alcance, lo que ha permitido llegar a entornos urbanos. Las prácticas incluyen promesas económicas, ofrecimiento de regalos y estrategias de manipulación emocional, en lugar de recurrir exclusivamente a la coerción directa.

La misma fuente indicó que el reclutamiento de menores es actualmente la forma de victimización contra civiles con mayor crecimiento en el país. De mantenerse esta tendencia, se proyecta un escenario en el que podría registrarse un caso cada 12 horas.

Frente a la situación en Córdoba, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de reforzar la presencia institucional en los territorios y avanzar en acciones preventivas. La entidad advirtió que, sin intervenciones sostenidas, el fenómeno podría seguir expandiéndose bajo dinámicas que dificultan su identificación y control.