
La huida de Dago Alberto Martínez de la cárcel La Picota de Bogotá deja abierto un grave interrogante sobre la seguridad en las cárceles en el país, en un caso que afecta directamente a la familia de Ericka Elizabeth Hernández Olivares, enfermera peruana que fue asesinada en Perú.
El incidente quedó al descubierto durante el conteo de internos la mañana del 2 de abril de 2026, cuando se detectó la ausencia de alias Negrito. Las primeras indagaciones señalan que el recluso permanecía en el pabellón 34 y habría roto una de las rejas para evadirse, aunque las circunstancias específicas de la fuga aún son objeto de investigación.
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La madre de la enfermera asesinada, Fanny Olivares, expresó entre lágrimas: “Yo les pido justicia a las autoridades, que es un crimen de mi hija no quede impune. No puede quedar impune. Yo no sé cómo vivo con este dolor”, exigiendo una pronta respuesta tras la fuga del acusado de asesinar a su hija en Ica el año pasado.
Martínez, arrestado en 2025 en Bogotá tras el homicidio con arma de fuego de la joven de 28 años, esperaba ser extraditado a Perú, de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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El asesinato ocurrió después de que la víctima enfrentara a dos mujeres durante un robo, una de las cuales estaría relacionada sentimentalmente con el hombre fugitivo, de acuerdo con la información suministrada por le medio de comunicación.

Detalles del crimen de la enfermera
La joven perdió la vida tras intervenir en defensa de una amiga durante lo que la Policía describe como un intento de robo en una zona marcada por la presencia de trabajadoras sexuales, según informaron varios medios peruanos en su momento.
El hallazgo del cuerpo de Hernández Olivares ocurrió el 22 de septiembre de 2023 en un descampado del exfundo El Arrabal, en el distrito de Subtanjalla. La necropsia confirmó que falleció por un disparo en la cabeza, informó la Policía Nacional.
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Este dato se tornó central en la movilización ciudadana que exigió justicia a las afueras del juzgado de Ica, instando a las autoridades a actuar con firmeza frente a un delito que sacudió a la comunidad.

La investigación alcanzó un punto decisivo al conocerse que las detenidas Braysmary Michelle Lugo Martínez y Eidelyn del Valle Berrío Gonzales, ambas de nacionalidad venezolana y 19 años de edad, enfrentaron seis meses de prisión preventiva bajo cargos de coautoría.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica dictó la medida y ordenó su inmediato traslado a un establecimiento penitenciario local el pasado 27 de septiembre.
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De manera paralela, las autoridades identificaron a una adolescente de 16 años, también venezolana, como presunta tercera coautora. Por disposición judicial, pasará internada cuatro meses en el centro de menores Santa Margarita. De acuerdo con fuentes policiales, la menor habría solicitado la intervención de un hombre, aún prófugo, tras la disputa inicial con la víctima.

Según la reconstrucción presentada en la investigación, el día del crimen, Hernández y una amiga caminaban por la calle Bolívar, una zona recientemente identificada como área de comercio sexual de la ciudad. En un video difundido en redes sociales, quedó registrado el enfrentamiento verbal y físico entre las peruanas y las extranjeras, que culminó en amenazas directas contra la hoy fallecida, de acuerdo a información recopilada por la División de Investigación Criminal (Divincri) del Frente Policial Ica.
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El general Aldo Ulises Muñoz Ygal, jefe del Frente Policial Ica, informó que se identifico al presunto autor material del disparo: un ciudadano venezolano con antecedentes policiales, que mantendría relación sentimental con la adolescente involucrada. El secuestro de la víctima, según testigos, se produjo con una mototaxi y la conexión telefónica entre la menor y el asesino fue clave para la ejecución del crimen, sostuvo la Policía.
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