Cancillería aclaró que el contrato de pasaportes cumple la normativa y cuenta con pólizas, tras negativa de aseguradoras privadas

Colombia puso en marcha este 1 de abril el nuevo modelo de producción de pasaportes, basado en un convenio de cooperación internacional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, en un proceso que marca un cambio en la operación del servicio.

Luego de cerca de dos décadas en las que este proceso estuvo a cargo de Thomas Greg & Sons, el Gobierno optó por adoptar un nuevo modelo sustentado en una cooperación internacional, con participación de entidades públicas y extranjeras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de este proceso, la Cancillería emitió un pronunciamiento para aclarar que el contrato que sustenta esta operación cumple con las disposiciones legales y cuenta con las garantías correspondientes.

La implementación del nuevo esquema requirió ajustes de última hora en el contrato interadministrativo CI005.-2026, luego de que distintas aseguradoras privadas se negaran a expedir las pólizas necesarias para respaldar la ejecución del proyecto. Esta situación llevó a que la Imprenta Nacional de Colombia gestionara alternativas con el sector público, lo que permitió estructurar un nuevo esquema de cobertura.

Ajustes al contrato y respaldo con aseguradora pública

Durante la presentación oficial del nuevo modelo de libreta, la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, confirmó las dificultades enfrentadas en el proceso de aseguramiento. “eso es parte de algo más, de todos los contratiempos, que hemos tenido que enfrentar para llevar a cabo este importante proceso”, afirmó, al referirse a la negativa de las aseguradoras privadas.

Ante este escenario, la aseguradora pública La Previsora presentó una propuesta que fue evaluada técnicamente y permitió ajustar las condiciones del contrato. Este análisis derivó en la modificación del acuerdo para garantizar la expedición de pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil contractual en condiciones viables.

La Cancillería explicó que estos cambios no implicaron un desconocimiento de la normativa, sino una adaptación dentro del marco legal vigente. Según detalló la entidad, el contrato fue estructurado respetando los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

En el comunicado oficial emitido en la tarde del 1 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó el marco normativo aplicable a este tipo de contratos: “De acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en contratos interadministrativos. No obstante, y en atención a recomendaciones de los entes de control, el Ministerio decidió incorporar la exigencia de pólizas bajo condiciones similares a las aplicadas en contratos anteriores en materia de pasaportes“.

En relación con las gestiones adelantadas para asegurar el contrato, la Cancillería indicó: “Durante el proceso, la Imprenta Nacional de Colombia adelantó gestiones ante el sector asegurador privado para la expedición de dichas pólizas, las cuales fueron negadas por distintas entidades. Posteriormente, se evaluaron las condiciones ofrecidas por la aseguradora pública La Previsora, lo que permitió ajustar el esquema de cobertura mediante un análisis técnico de riesgos.”

El ministerio también se refirió a los mecanismos de acceso a la información relacionados con este proceso. “(...) Este contrato se encuentra plenamente respaldado y que las pólizas correspondientes pueden ser consultadas por la ciudadanía en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los estándares de publicidad y acceso a la información”.

“La Cancillería reafirma su compromiso con la correcta ejecución del nuevo modelo de pasaportes, garantizando la legalidad de los procesos y la protección de los recursos públicos”, concluyó la Cancillería en su comunicado.

Con la entrada en operación de este esquema, la producción de pasaportes continúa bajo el nuevo modelo interadministrativo, mientras la Cancillería mantiene que el contrato vigente cumple con los requisitos legales y cuenta con los respaldos exigidos para su ejecución.