La condena contra Libar Ropero Mandón marca un nuevo capítulo en el caso de abuso sexual infantil en la zona rural de Puerto Asís (Putumayo), donde un juez penal de conocimiento le impuso una pena de 25 años y 5 meses de prisión.
El fallo responde a la responsabilidad comprobada del exdocente en el abuso de 12 estudiantes de preescolar y primaria.
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Las pruebas reunidas por la Fiscalía General de la Nación revelaron que los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018, cuando el sentenciado ejercía como maestro en un colegio de la vereda Nueva Granada.
Según establecieron las autoridades, el hombre se valía de momentos en que se encontraba a solas con sus estudiantes, cuyas edades oscilaban entre los seis y los doce años, para realizar tocamientos de carácter sexual.
El proceso judicial también evidenció que el agresor utilizaba su posición de autoridad para intimidar a las víctimas: las amenazaba con ponerles calificaciones bajas si llegaban a contar lo sucedido.
Esta dinámica de presión y silencio prolongó el sufrimiento de los menores y dificultó la denuncia inmediata de los hechos.
La Fiscalía, a través de una funcionaria del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Putumayo, logró demostrar ante el juez “demostró la responsabilidad del docente en los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas agravadas”.
Libar Ropero Mandón ya se encontraba privado de la libertad al momento de la nueva condena, cumpliendo una pena de 17 años por hechos similares.
Con esta sentencia, la pena total que deberá purgar se incrementa, consolidando la respuesta judicial ante los graves delitos cometidos contra menores en el ámbito escolar.
El docente fue hallado culpable de múltiples delitos sexuales cometidos contra niñas de su escuela rural. Tras un periodo de fuga y posterior entrega, recibió dos condenas sucesivas: una inicial de 17 años y, más recientemente, una de 25 años de cárcel.
Las víctimas y sus familias tuvieron que enfrentar no solo el trauma de los abusos, sino también el desplazamiento y la presión social derivada de las denuncias.
Profesor es judicializado tras ser señalado por abuso sexual contra varios alumnos menores de edad
La judicialización de un docente de primaria en Leticia (Amazonas) ha generado preocupación en la comunidad educativa y entre las autoridades. La Fiscalía General de la Nación anunció que Carlos Alberto López Simonds, profesor de un colegio local, enfrenta cargos por presuntos abusos sexuales cometidos contra varios estudiantes de corta edad.
La investigación oficial se activó luego de que cuatro niñas y un niño, de entre seis y nueve años, narraran ante las autoridades los hechos que, según sus relatos, ocurrieron durante los meses de septiembre y octubre.
Los menores informaron sobre las agresiones después de participar en una jornada escolar orientada a la prevención de delitos sexuales, lo que permitió que expusieran los eventos que habían permanecido ocultos.
De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas describieron que el docente habría aprovechado su posición de autoridad para realizar actos en contra de su formación sexual. Los testimonios de los menores fueron fundamentales para que el ente acusador reuniera los elementos materiales probatorios y procediera a formalizar la acusación contra López Simonds.
Las autoridades actuaron de manera inmediata tras recibir las denuncias. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional ejecutó la captura del docente, quien posteriormente fue presentado ante un juez de control de garantías.
El caso quedó a cargo de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (Uenma) de la Fiscalía, que imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado al docente señalado.
López Simonds, durante la audiencia, no aceptó los cargos que se le imputaron. Como medida preventiva, el juez determinó que deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La denuncia colectiva se originó gracias a una actividad de sensibilización organizada por el propio colegio. Esta jornada, enfocada en la prevención y detección de delitos sexuales, fue el escenario donde los menores se sintieron en confianza para revelar lo sucedido, según detalló la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación reiteró que cuenta con pruebas materiales que respaldan los relatos de los estudiantes y que la investigación continuará con el fin de esclarecer los hechos y proteger los derechos de las niñas y niños afectados.
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