La existencia de un documento inédito sobre las advertencias de Miguel Uribe Turbay demuestra que el fallecido precandidato presidencial solicitó en repetidas ocasiones el refuerzo de su esquema de seguridad por amenazas concretas y riesgos altos.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) no realizó modificaciones sustanciales en la protección, lo que deja en entredicho la actuación del Estado colombiano.
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La entidad, adscrita al Ministerio del Interior, habría incurrido en presuntas irregularidades al desestimar informes y solicitudes reiteradas de Uribe Turbay sobre su vulnerabilidad, manteniendo sin cambios un esquema de seguridad catalogado como insuficiente.
La negativa institucional, la omisión de precedentes jurídicos y la transferencia de responsabilidad a otros organismos aparecen como elementos clave en la controversia, tal como muestran documentos y testimonios que reveló Semana.
El expediente detalla cómo Uribe Turbay, desde febrero de 2025 hasta semanas antes del atentado, reclamó mayor resguardo para él y su familia debido a amenazas de grupos como las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el M-19.
El político expuso a la Policía Nacional, en una reunión el 30 de abril de 2024, en el norte de Bogotá, los riesgos de ser senador de oposición, su condición de hijo de la periodista Diana Turbay y su exposición por haberse lanzado como precandidato presidencial del Centro Democrático. En cada comunicación, insistió en la gravedad del contexto y en que, al salir de la capital, no contaba con protección suficiente.
Desde su proclamación como precandidato, el 6 de febrero de 2024, Uribe Turbay pidió cobertura extensiva y permanente; enfatizó la necesidad de un esquema robusto también para su familia, su residencia y un aumento en el personal asignado durante desplazamientos fuera de Bogotá.
El entonces senador subrayó que quienes hoy ocupan el Gobierno gozaron en el pasado de medidas excepcionales de protección al ser opositores, y reclamó igualdad de condiciones. A pesar de sus argumentos, la UNP no implementó cambios fundamentales.
Según puntualiza el expediente, el hostigamiento procedía tanto de grupos criminales como de sectores oficiales. Por lo que, Uribe Turbay alertó que, al impulsar una contraofensiva diplomática frente a la “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro, su perfil exigía una respuesta estatal eficaz.
La solicitud oficial de Uribe Turbay quedó resumida en cuatro puntos: expansión del esquema de seguridad para su núcleo familiar, refuerzo de medidas en la vivienda, designación de escoltas para viajes y coordinación estatal efectiva del protocolo de protección.
El medio citado corroboró que la falta de modificaciones, ratificada en la resolución DRGP 011827 del 14 de noviembre de 2024—firmada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez—, resultó decisiva en la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia, en Bogotá.
Respuestas de la UNP y argumentos institucionales sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay
La respuesta formal de la Unidad Nacional de Protección a las reiteradas solicitudes del falecido Miguel Uribe Turbay fue mantener el mismo esquema: dos vehículos y tres guardaespaldas, con cobertura al núcleo familiar. En la resolución quedó consignado que el esquema también protegía a la esposa del exaspirante presidencial, sus tres hijastras y su hijo menor.
Esta decisión ignoró la situación particular del protegido y el historial de amenazas que enfrentaba. La respuesta institucional se limitó a reiterar que las medidas asignadas cumplían el protocolo correspondiente al nivel de “riesgo extraordinario”.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, defendió la suficiencia del protocolo y sostuvo que la evaluación del riesgo era responsabilidad de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro).
“La Policía es la que evalúa el nivel de riesgo y recomienda las medidas de protección”, declaró, trasladando así la competencia principal al cuerpo policial.
Rodríguez también insistió en que el esquema otorgado respondía al nivel de riesgo determinado por la Policía: “Con riesgo extraordinario se les da vehículo blindado y demás; es más o menos eso. Él no tuvo el riesgo máximo, eso lo determina la Policía”.
En su argumento, añadió que, aunque Uribe Turbay tenía una familia de siete integrantes, no se justificaba una ampliación mayor y señaló errores en el manejo personal del esquema: “Cometió errores gravísimos, mortales, en el tema del manejo de su esquema de protección; nunca debió dividirlo. Le dio la mitad del esquema a su esposa”.
El funcionario recalcó que la categoría de candidato presidencial no aplicaba formalmente a Uribe Turbay, ya que no había cumplido el proceso oficial de inscripción. “El señor no era candidato, porque las candidaturas se entienden desde el momento en que la persona se inscribe en la Registraduría, con un aval de un partido”, dijo en entrevista con Semana. Rodríguez resumió que cada esquema debe funcionar de manera integral y no separar recursos por el tamaño del grupo familiar.
Sobre decisiones judiciales en favor de opositores,el director de la UNP reconoció desconocer detalles de las sentencias y precedentes citados. “Yo lo único que hice fue firmar la resolución”, concluyó, reafirmando que, según su criterio, el esquema fue correcto y adecuado.
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