Las recientes denuncias presentadas en Caracol Televisión contra dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol han puesto en el centro del debate la importancia de diferenciar entre acoso sexual y abuso sexual.
Por tal motivo, desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá, a través de su cuenta de Instagram, se explicaron las distinciones entre ambos delitos, y en los que mencionó la relevancia legal y social de nombrar de manera correcta cada conducta, debido a que esto determina la ruta de atención, la autoridad competente y la respuesta del Estado.
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¿Qué es el abuso sexual?
De acuerdo con la información publicada y basada en el Código Penal Colombiano (arts. 205-207), el abuso sexual implica cualquier contacto físico sexual sin consentimiento.
Puede ocurrir mediante el uso de la fuerza, amenazas o aprovechando una situación de vulnerabilidad.
El delito no depende de la identidad del agresor ni del lugar donde ocurre el hecho.
El acceso carnal violento, una de las formas más graves de abuso sexual, se castiga con penas de prisión de 12 a 20 años. Otros actos sexuales violentos sin consentimiento, distintos al acceso carnal, pueden recibir penas de 8 a 16 años. La ley garantiza a las mujeres una vida libre de violencias y establece sanciones claras para estos delitos.
¿Qué es el acoso sexual?
El acoso sexual, según el Código Penal Colombiano (art. 210A), no requiere contacto físico para configurarse como delito. Se trata de comentarios, gestos, persecuciones o insinuaciones de tipo sexual no deseadas que afectan la dignidad y la autonomía de la víctima.
La sanción penal para el acoso sexual es una pena de prisión de 1 a 3 años, aunque puede aumentar si la víctima es menor de edad, tiene discapacidad o si el agresor ocupa una posición de poder, como jefe, docente o superior jerárquico.
La Secretaría de la Mujer adviertió en su publicación que, si existe contacto físico, el hecho deja de ser acoso y pasa a ser considerado abuso sexual.
Importancia de nombrar el delito: ¿Qué hacer ante una situación de abuso o acoso sexual?
La entidad resalta que confundir acoso con abuso sexual retrasa la respuesta estatal y puede proteger a los agresores. Nombrar bien el delito permite activar rutas de atención específicas y asegurar una respuesta adecuada por parte de las autoridades.
“Nombrar bien el delito no es un detalle. Define la ruta, la autoridad competente y la respuesta del Estado”, señala la Secretaría en su comunicación.
Si se vive una situación de abuso sexual, se recomienda llamar de inmediato al 123, evitar bañarse o cambiarse de ropa para preservar pruebas físicas, acudir al hospital más cercano y exigir activar el Código Fucsia, que garantiza atención inmediata y gratuita.
Después, sebe realizarse la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
En casos de acoso sexual, es fundamental conservar pruebas como mensajes, correos, audios, capturas de pantalla o testimonios.
La denuncia puede hacerse ante la Fiscalía, presencialmente o por canales virtuales oficiales. Si el acoso ocurre en el ámbito laboral, también puede acudirse al Ministerio del Trabajo.
Así se puede denunciar: la prueba verificable define la protección legal y los límites de la denuncia pública
La controversia por denuncias públicas no solo afecta a las partes involucradas, sino que puede derivar en procesos judiciales por delitos de injuria y calumnia, una consecuencia que, de acuerdo con lo señalado por Sebastián Rondón, socio fundador de Lafaurie y Rondón Abogados Asociados, tiene antecedentes recientes en el país.
El especialista recordó al medio Asuntos Legales que la Corte Constitucional respalda la exposición de estos hechos por parte de víctimas directas, siempre y cuando las manifestaciones sean auténticas y basadas en hechos que les constan.
El riesgo de una denuncia sin fundamento quedó evidenciado en procesos como el que involucra al director de Rtvc, Hollman Morris, y Lina Castillo, denunciante por acoso sexual y laboral.
El caso, iniciado por Morris como demanda por injuria y calumnia en respuesta a las declaraciones públicas de Castillo, ejemplifica el límite legal: la veracidad y pruebas de las acusaciones son el elemento determinante para la protección jurídica, expuso Rondón a Asuntos Legales.
La exceptio veritatis, figura penal que excluye la calumnia si los hechos denunciados pueden demostrarse, es fundamental en este tipo de procedimientos.
Según Rondón, “Si las manifestaciones deshonrosas o presuntamente deshonrosas que yo realizo sobre otra persona son ciertas, no son sujeto de calumnia; si son falsas, sí lo son. La excepción de verdad”.
Esta condición regula el amparo constitucional que sustenta el derecho de escrache en redes sociales, limitando la exposición pública a situaciones respaldadas por pruebas o experiencias directas de la víctima.
Cada denuncia pública conlleva garantías y restricciones precisas. El marco constitucional protege la libertad de expresión solo si las declaraciones son auténticas y sostenidas en hechos verificables, y expone a la persona denunciante a acciones penales en caso contrario.
Canales y procedimientos para denunciar violencia sexual en Colombia
En el sistema penal colombiano, las víctimas tienen a disposición distintos caminos para interponer sus denuncias según la situación.
Para instancias penales, se puede recurrir a la Fiscalía General de la Nación a través de la Línea 122, a CAIVAS, URI y a la Policía Nacional. En el escenario laboral, la Ley 2365 de 2024 exige que las denuncias sean presentadas ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa, o, de ser necesario, ante los inspectores del Ministerio de Trabajo, garantizando confidencialidad, prohibición de confrontación directa entre las partes y protección contra despidos.
Otros canales especializados como la Línea 155 brindan asistencia las 24 horas a mujeres víctimas de violencia de género, mientras que la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) atiende casos donde hay menores de edad involucrados.
Sumado a todo lo anterior, la Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Personería y cualquier centro médico ofrecen atención integral a las personas afectadas.
En los casos de acoso laboral, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) están obligadas a proporcionar soporte emocional y psicológico a quienes denuncien, según la normatividad vigente.
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