La JEP adelantó procesos de reparación de cuatro hechos de “falsos positivos” en Antioquia: militar pidió perdón de rodillas

El 25 de marzo se llevó a cabo la audiencia de consolidación de verdad y determinación de medidas de reparación de 31 comparecientes de la fuerza pública involucrados en los mal llamados “falsos positivos” registrados en el Oriente antioqueño.

En el proceso participaron exintegrantes de las Fuerzas Militares que tomaron parte en nueve hechos registrados entre 2002 y 2004 en San Luis, Cocorná y Granada, Antioquia, dejando 19 víctimas, cuando hacían parte del Batallón de Artillería número cuatro Coronel Jorge Eduardo Sánchez.

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Entre los hechos abordados se destacó el registrado el 20 de mayo de 2004, en la vereda Santa Bárbara, de San Luis, Antioquia, en donde los uniformados asesinaron a los campesinos Jairo García, Gildardo Salazar y a la campesina Blanca Olivia Gómez, para luego presentarlos como bajas en combate.

El compareciente Ely de Jesús López indicó que llegaron a ese lugar tras indicaciones de un informante. “Esas informaciones no se verificaban. El subteniente Rosero era el encargado de ir a la zona. Lo que decía el guía era palabra de Dios y se ejecutaba al que señalara”, indicó.

Precisamente, Andrés Mauricio Rosero Bravo mencionó que tenían “guías de terreno” que señalaban a los presuntos guerrilleros y colaboradores de los grupos armados, sin importar que, por ejemplo, en el caso de Blanca Olivia Gómez, era una mujer de la tercera edad.

Por este hecho, Yamit Díaz Tovar, Nelson Enrique Úsuga Higuita, Francisco José García Espinosa, Carlos Mario Callejas Monsalve, Ely de Jesús López Giraldo, Mauricio de Jesús Rojas Ortega, Dairo Alonso Calderón Castaño, Willinton Aldemar Marín Arias, Walter Antonio Manco Pérez y Édgar de Jesús Sánchez Restrepo reconocieron su responsabilidad por el asesinato y desaparición forzada de los campesinos mencionados.

“Espero que en algún momento de su vida me pueda perdonar por haberle quitado la vida a su mamá. Mi alma descansaría. Este caso cambió mi vida. No quiero que ninguna otra persona tenga que vivir esto”, le dijo, arrodillado, Édgar Sánchez a Marino Antonio Mazo Gómez.

“Señor Édgar, no se tiene que arrodillar. Si está de rodillas, está ante Dios. Yo lo he perdonado y no le guardo rencor. He orado por usted”, respondió Mazo Gómez antes de abrazar al asesino de su madre.

Durante su intervención, Marino Mazo Gómez relató que su madre era viuda porque otro grupo armado asesinó a su padre. “La historia de mi madre es la de las víctimas. Más de 6.000 víctimas de este fenómeno que manchó la imagen de la fuerza pública”.

El segundo hecho abordado en la audiencia se registró el 3 de junio de 2004, cuando fue asesinado el campesino Germán Darío Hernández Galeano, en la vereda Los Mangos, de Cocorná, Antioquia, tras ser señalado falsamente como integrante de un grupo armado.

Tulio Hernández Galeano, hermano de la víctima, escuchó cómo los exmilitares introdujeron un arma en la escena del crimen para justificar el asesinato de Germán Darío.

“Reconocemos el daño que les causamos, nos duele lo ocurrido. Expresamos nuestro arrepentimiento, le pedimos perdón a toda la familia. Germán era un humilde campesino. Yo a él le vi las manos de campesino”, indicó el compareciente Ubiel de Jesús Ramírez.

El tercer hecho que se abordó se registró el 7 de agosto de 2004, en la vereda El Molino, de Cocorná, Antioquia, donde fueron asesinados los campesinos Javier de Jesús Castaño Giraldo y Jhon Jairo Quintero Vergara, que fueron presentados como bajas en combate.

Además de asesinar a los campesinos, en este hecho una de las compañeras de las víctimas fue violada frente a menores de edad que estaban en el sitio, que durante años pensaron que había sido una estructura paramilitar la que asesinó a sus seres queridos.

“Sí, en otras operaciones nos hicimos pasar como integrantes de autodefensas”, respondió uno de los comparecientes, que también confesó que una de las víctimas estuvo retenida y amarrada a un árbol de guayaba.

Por último, los exuniformados narraron lo registrado el 25 de agosto de 2003, en Cocorná, Antioquia, donde cuatro integrantes del Ejército asesinaron y desaparecieron forzadamente a tres personas que siguen sin ser identificadas, comenzando un proceso con el que se busca esclarecer la verdad del hecho.